“Esa ley debería estar vigente desde el fin de la esclavitud, que echó a la calle a los esclavos sin darles condiciones de trabajar y producir, convirtiéndolos en semiesclavos”, evaluó el agricultor brasileño Idevan Correa.
La alabada norma solo se aprobó en Brasil en 2009. Obliga a que al menos 30 por ciento de los fondos que las municipalidades reciben del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación se destine a la compra de alimentos producidos por la agricultura familiar local.
La fórmula es uno de esos hallazgos que después parecen obvios, naturales.
Además de asegurar un mercado importante a los pequeños productores, “mejoró la calidad de la alimentación”, atestiguó a IPS la madre de dos estudiantes, Jaqueline Lameira, quien ejerce de representante de las familias en el Consejo de Alimentación Escolar de Itaboraí, que controla la oferta y calidad de las comidas.
Itaboraí, un municipio del suroriental estado de Río de Janeiro, de 230.000 habitantes, cerca de 11 por ciento rurales, ya superó el mínimo legal.
Más de 40 por ciento de los desayunos y almuerzos que se suministran en las escuelas municipales consumen alimentos de la pequeña agricultura, aseguró Inaiá Figueiredo, responsable técnica de Nutrición de la Secretaria de Agricultura, Abastecimiento y Pesca de la alcaldía.
Era solo siete por ciento, cuando asumió la actual administración municipal, en 2012, recordó a IPS.
La alimentación ofrecida se diversificó, con el incremento de productos hortícolas, incluyendo verduras locales típicas, muy nutritivas pero poco consumidas, y la inclusión mínima de tres vegetales en cada comida, apuntó.
“Para postre hay frutas, nunca golosinas, y en los jugos no entra azúcar, sino miel de producción local”, acotó.
“Los niños comen de todo, les gusta repetir los platos, hay uno que solo viene a la escuela para comer”, aseguró a IPS entre risas Penha Maria Flausina, “merendeira” (cocinera) de la Escuela João Baptista Caffaro, en un barrio pobre de Itaboraí.
Mientras, muestra en la despensa el maíz, la ocra o el quimbobó (Abelmoschus esculentus), las calabazas o las frutas recién recibidas.
Todo eso resulta de un largo proceso iniciado en 1986 con la primera Conferencia Nacional de Alimentación y Nutrición, repetida en 2004, 2007, 2011 y ahora, a lo largo de esta primera semana de noviembre, en Brasilia, con 2.000 participantes.
En 1993 se creó el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA), con representantes de la sociedad civil y del gobierno. En 2006, el bicameral Congreso legislativo aprobó la Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Tres años después se aprobó con esa ley como marco, la norma que vincula el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) a la agricultura familiar, tras enfrentar enconadas resistencias en el parlamento, destacó a IPS el economista Francisco Menezes.
“El enorme mercado de la alimentación escolar, hoy constituido por 45 millones de alumnos, era dominado por empresas, algunas contratadas por la municipalidad para todas sus escuelas”, observó Menezes, quien como presidente del CONSEA entre 2004 y 2007, tuvo papel clave en la elaboración y votación de esas leyes.
Con proveedores monopólicos es usual “más precio y menos calidad”, destacó.
La discusión del proyecto de ley llevó tres años y fue obstaculizada por parlamentarios interesados en ese mercado o financiados por las empresas proveedoras, que al final “siguieron fuertes”, manteniendo 70 por ciento de las ventas, aunque como participación máxima.
Haciendo camino
En este extenso país de 206 millones de habitantes, la efectividad de la ley es irregular. “Hay municipios que la cumplen, otros no, y hay algunos en el sur de Brasil que alcanzaron cien por ciento proveniente de la agricultura familiar”, según Menezes. También ocurren fraudes, admitió.
Los consejos municipales “fuertes” inhiben irregularidades, pero también están sujetos a presiones, por eso “todo depende de una agricultura familiar organizada en asociaciones y cooperativas, de manera que si un productor falla, otros asociados garantizan la provisión”, comentó el experto.
De todos modos la ley es vital, porque “convierte el programa en política de Estado, dificultando retrocesos”, concluyó.
Correa, el campesino al que le hubiera gustado tener esa ley desde la abolición de la esclavitud, que en Brasil ocurrió en 1888, la considera “inteligente” incluso al fijar en 30 por ciento la parte de la agricultura familiar, como mínimo.
“Es un primer paso experimental, los pequeños no podrían producir mucho más de un momento a otro, eso debe aumentar poco a poco”, arguyó a IPS este presidente de la Asociación de Productores Rurales del IV Distrito de Itaboraí y heredero de una finca de 100 hectáreas que su padre recibió de la reforma agraria en la década de 1950.
También está de acuerdo con el límite anual de 20.000 reales (5.200 dólares) para la venta de cada productor al municipio, aunque eso le perjudicó este año, en que podría haber superado su cuota, con la venta de maíz, frijoles, papa y frutas.
“Mejor así, más agricultores pueden vender, si aumenta mucho la cuota le tocará a pocos”, razonó.
“En el comienzo de la gestión actual, en 2012, solo nueve o 10 productores participaban del programa de alimentación escolar, ahora son 54”, informó a IPS la agrónoma Ana Paula de Farias, asesora técnica de la Secretaria de Agricultura, Abastecimiento y Pesca de la alcaldía de Itaboraí.
En el municipio hay cerca de 300 propiedades rurales, pero la mayor parte se dedica a la ganadería. El problema para ampliar los proveedores es que muchos no poseen la documentación exigida, explicó.[related_articles]
Además, fue necesaria una asistencia técnica para una producción orgánica o de fuerte reducción del uso de agroquímicos y una adaptación a las especificidades de la alimentación infantil, como la uniformización de guayabas en tamaños pequeños, para ofrecer una fruta a cada niño, sin necesidad de dividirlas en pedazos.
“La lección más importante de ese aprendizaje fue sembrar sin químicos agrícolas”, reconoció Correa. “Uno va aprendiendo y adecuándose al programa, antes se sembraba mucho para ganar más, sin condiciones de competir con las grandes empresas, ahora se busca más calidad, con más cuidado porque se trata de alimentar niños locales”, acotó.
La venta a las escuelas mejoró mucho su vida, aunque tenga un tope. Ello porque el programa le paga “precios de supermercado”, al por menor, sin costos de transporte porque la alcaldía ofrece sus camiones, mientras en el gran mercado hortícola hay que someterse a los intermediarios que pagan menos y cobran costos, comparó.
Modelo exportable
Esta experiencia brasileña de aliar agricultura familiar y alimentación escolar ya es exportada a varios países africanos y latinoamericanos, como Mali, Mozambique, Senegal y Bolivia.
Es además uno de los modelos del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, una iniciativa que surgió en 2009 con apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
De hecho, esta legislación brasileña será analizada durante el VI Foro de Frentes Parlamentarios contra el Hambre, que se realizará en Lima entre los días 15 y 17 de este mes, con presencia de legisladores de la región e invitados de África y Asia.
El Programa de Adquisición de Alimentos, basado en otra ley de 2003 y destinado a la red de instituciones asistenciales, también se disemina en el exterior, como ejemplo de políticas públicas exitosas de doble beneficio, ampliar la seguridad alimentaria y a la vez fortalecer la agricultura familiar.
La seguridad alimentaria es importante también para desarrollar “una visión intersectorial”, involucrando varios ministerios, como los de Agricultura, Salud y Educación, que suelen actuar aisladamente, comentó Menezes.
Editado por Estrella Gutiérrez
