Siete de los 20 muertos en la agitación callejera que vive Venezuela desde la segunda semana de febrero, recibieron balazos en la cabeza, una muestra de cómo las armas acompañan la lucha política en este país petrolero.
La Fuerza Armada y las policiales, más unos pocos miles de civiles autorizados, portan legalmente armas de fuego, pero hay diseminadas cientos de miles de armas ilegales, quizás millones, según Amnistía Internacional.
La Constitución de 1999 “prohíbe expresamente el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”, dijo a IPS el activista Marino Alvarado, de la organización humanitaria Provea.
Pero, ¿quién tiene o emplea las armas mientras algunas áreas urbanas muestran, cada atardecer, humo de granadas lacrimógenas mezclado con el de barricadas que arden y el resueno de disparos que hacen desconocidos desde vehículos, principalmente motocicletas?
El primer baleado, el 12 de febrero, fue el carpintero Bassil Dacosta, cuando culminaba una marcha opositora en el centro de Caracas. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, la policía política) estaban presentes en el lugar –ignorando una orden de acuartelamiento, según el presidente Nicolás Maduro—, así como miembros oficialistas denominados genéricamente como «colectivos».[pullquote]3[/pullquote]
La segunda víctima, en el mismo escenario, fue Juan Montoya, líder de uno de esos colectivos e identificado con una credencial de la policía caraqueña.
Siguieron, en los estados centrales de Carabobo y Aragua, una joven modelo que debutaba como manifestante, un vecino que cerraba el portón de su urbanización al acercarse motoristas hostiles, y un sargento de la Guardia Nacional cuando despejaba escombros en una barricada.
Una estudiante murió por perdigones disparados a quemarropa, los heridos por proyectiles con plomo o plástico son decenas.
La represión de las manifestaciones en más de 50 centros urbanos está principalmente a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana, un cuerpo de seguridad interna semejante a la policía de Carabineros de Chile o a la Guardia Civil española, y un componente de la Fuerza Armada junto al ejército, la marina y la aviación.
La Fuerza Armada, sumando sus distintos componentes, cuenta con unos 135.000 efectivos en este país de casi 28 millones de habitantes.
Dentro de la Guardia Nacional ha estado muy activa frente a las protestas la Guardia del Pueblo, creada en 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez (1954-2013) para funciones de vigilancia y seguridad ciudadana.
También actúa la Policía Nacional Bolivariana, creada en 2009, en tanto deben abstenerse por ley los cuerpos policiales regionales y municipales, algunos de ellos bajo jurisdicción de alcaldes opositores.
Pero la novedad, por su despliegue en Caracas y en media docena de ciudades del interior, la constituyen los colectivos, grupos de civiles que se identifican como oficialistas y cuyos integrantes, desplazándose en motocicletas y con armas en la mano, han actuado contra manifestantes, comercios, residencias y vehículos en barrios opositores.
“El patrón de conducta de esos grupos ratifica la tesis de una muy probable coordinación con la Guardia del Pueblo para actuar al margen de la Constitución, con su exhibición y uso de armas de guerra», dijo a IPS la directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, Rocío San Miguel.
Algunos de esos grupos surgieron en la barriada popular 23 de Enero, en el oeste de Caracas, a partir de remanentes de guerrillas urbanas anteriores a la llegada de Chávez al gobierno, en 1999, y ejercen control de pequeñas parcelas de territorio.
«Son bandas parapoliciales, que controlan desde la seguridad hasta el microtráfico de drogas y otros delitos en sus espacios, al margen de la autoridad del Estado, y se escudan para ello en una supuesta lealtad al oficialismo”, dijo a IPS el director de la organización no gubernamental Paz Activa, Luis Cedeño.
Luego del asesinato de Juan Montoya, algunos de sus compañeros del colectivo Leonardo Pirela en la barriada 23 de Enero velaron el ataúd vistiendo ropa de camuflaje y pasamontañas y con armas cortas simuladas en sus bolsos.
Cuando el cortejo pasó frente al “territorio” de La Piedrita, otro colectivo, fue saludado con un minuto de disparos al aire, ostentación de armas largas y cortas y derroche de municiones.
“No tenemos armas en estos momentos. Pero si la democracia venezolana, al igual que en 2002, se ve afectada por un golpe de Estado, vamos a sacar nuestras armas, nuestras capuchas. Tenemos las armas, pero guardadas. Están en manos de otras organizaciones revolucionarias del hemisferio», dijo el activista Alberto Carías.[related_articles]
Carías preside el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), un grupo escindido del Movimiento Revolucionario Tupamaro, que se extendió desde 23 de Enero por todo el país como un partido legal y electoral de izquierda, en apoyo de Chávez y de Maduro.
Los opositores llaman indistintamente “tupamaros” o “colectivos” a los grupos civiles que los enfrentan y desmontan sus barricadas y ese lenguaje se ha extendido por las ciudades donde se multiplicaron las protestas.
Pero la inmensa mayoría de los colectivos son agrupaciones vecinales pacíficas, simpatizantes del oficialismo, que apoyan tareas sociales del gobierno o que desarrollan las suyas, según investigaciones de organizaciones no gubernamentales y de medios de comunicación.
Cuando comenzaron las protestas, el presidente Maduro alertó contra la “demonización de los colectivos”, pero el 5 de marzo les hizo un llamado expreso en medio de un discurso con el que recordaba el aniversario de la muerte de Chávez.
«Llamo a las UBCH (Unidades de Batalla Chávez, células del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela), a los consejos comunales y a los colectivos: candelita (fuego) que se prenda, candelita que se apaga”, dijo el mandatario.
En cuestión de horas, grupos de civiles en motocicletas acudieron a desmontar barricadas que los opositores alimentan con bolsas de basura que incendian, en Caracas y en ciudades del sudoeste.
Este jueves 6, en un tiroteo junto a algunas de esas barricadas en el este caraqueño, murieron un motociclista y un efectivo de la Guardia Nacional, otra muestra de respuesta violenta desde el bando opositor.
Alvarado advirtió que «al convocar a civiles para repeler las protestas, el presidente viola la Constitución, que entrega el control del orden público a policías uniformadas».
Oficiales retirados que integran agrupaciones opositoras alegan que Maduro apela a esos grupos civiles porque merma su respaldo en las fuerzas armadas convencionales, sobre todo en la aviación, la marina y parte del ejército.
Según el diario El Nacional, dos coroneles de la Guardia Nacional fueron arrestados por protestar ante los excesos de la represión.
