NACIONES UNIDAS – Veinticinco años después de que aviones secuestrados segaron la vida de casi 3000 personas en Estados Unidos, el mundo sigue pagando las consecuencias de una respuesta que ha llevado el derecho internacional “más allá de su punto de ruptura”, declararon 30 expertos de las Naciones Unidas.
En un extenso comunicado, una treintena de relatores de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU rindieron tributo “a los miles víctimas que perdieron la vida, sus familias y las comunidades cuyas vidas cambiaron para siempre por aquellos actos horribles de violencia”.
En la mañana del 11 de septiembre de 2001 (11S), cuatro aviones comerciales que viajaban desde el noreste de Estados Unidos a Los Ángeles y San Francisco (suroeste) fueron secuestrados en pleno vuelo por 19 terroristas de la red Al Qaeda.
Dos aviones se estrellaron contra las torres del World Trade Center de Nueva York, el tercero contra el Pentágono en Washington, y un cuarto se estrelló en un campo de Pensilvania (noreste) después de que los pasajeros no lograsen arrebatar el control del aparato en manos de la célula terrorista.
Fueron los atentados terroristas más mortíferos de la historia, dejando 2996 muertos y alrededor de 25 000 heridos.
Entre las respuestas y consecuencias, se inició una “guerra contra el terrorismo” que incluyó la invasión de Afganistán, cuyo gobierno había apoyado a Al Qaeda, y numerosos gobiernos aprobaron leyes antiterroristas o endurecieron las ya existentes, particularmente de cara al terrorismo de tendencia islamista.
Los expertos de la ONU extendieron su reconocimiento a “los millones de otras víctimas de atentados terroristas en todo el mundo, de respuestas antiterroristas excesivas y de conflictos librados en nombre de la lucha contra el terrorismo”.
La declaración enumera los abusos cometidos en nombre de la seguridad en el marco de la “guerra contra el terrorismo”, tales como “guerras de agresión, ocupaciones ilegales, innumerables crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y alegaciones plausibles de genocidio”.
Asimismo, “Asesinatos disfrazados de ‘asesinatos selectivos’; tortura disfrazada de ‘interrogatorio’; secuestros transfronterizos, entregas extraordinarias y represión transnacional; detención secreta y desapariciones forzadas; juicios militares injustos, y tribunales especiales, incluido Guantánamo”, enumera el documento.
Los expertos advierten de que muchas de estas prácticas “se han vuelto casi rutinarias en algunos países”, con el abuso politizado de leyes antiterroristas y de “extremismo” cada vez más amplias, detenciones arbitrarias, denegación de juicios justos y la conversión en permanentes de leyes de emergencia temporales.
“Las violaciones estatales no solo no pueden derrotar al terrorismo, sino que pueden engendrarlo”, advierten los relatores.
Las tecnologías emergentes, señala el texto, actúan como “facilitadores clave” de esas violaciones: drones, vigilancia masiva, software espía, sistemas biométricos e inteligencia artificial.
También hablan los relatores de extenso impacto sobre la sociedad civil, pues “las medidas antiterroristas han servido para atacar, acosar, intimidar, amenazar y silenciar” a defensores de derechos humanos, periodistas, disidentes, académicos, artistas, oenegés, minorías, pueblos indígenas, campesinos y migrantes.
“El espacio cívico se ha erosionado mediante restricciones injustificadas de la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y el derecho a participar en los asuntos públicos”, denuncia la declaración.
La sobrerregulación de las organizaciones sin ánimo de lucro, a través de leyes de financiación, nuevos delitos, las sanciones bancarias y el exceso de cumplimiento, “ha impedido la acción humanitaria imparcial en zonas de conflicto, la asistencia a civiles, y socavado derechos económicos, sociales y culturales”.
Incluso el Consejo de Seguridad de la ONU, dicen los expertos, “ha sido parte del problema” al exigir a todos los Estados “medidas altamente intrusivas, sin definir el terrorismo, garantizar salvaguardias ni aplicar eficazmente el derecho internacional”.
Además, “las medidas antiterroristas han violado los derechos de grupos vulnerables”, observa el texto, y menciona a los niños, a las mujeres, y a los grupos perfilados por su religión, raza o etnia.
La declaración también señala el fracaso a la hora de rendir cuentas por las violaciones cometidas en nombre de la lucha antiterrorista.
“La impunidad ha alimentado contraproducentemente el terrorismo y la inseguridad”, afirma la declaración, que recuerda cómo la agresión de 2003 en Iraq contribuyó a la expansión del Estado Islámico (Isis o Daesh).
Incluso presenta la paradoja de que “se han gastado billones de dólares en respuestas altamente securitizadas, pero el terrorismo está más extendido, en más lugares, que antes del 11S”.
La declaración concluye con una serie de peticiones a los Estados, comenzando por revisar las leyes y prácticas antiterroristas para cumplir con el derecho internacional, y establecer mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas.
También se pide proteger y asistir tanto a las víctimas del terrorismo como a las de las medidas antiterroristas ilegales.
La treintena de expertos de la ONU que firman la declaración está encabezada por Ben Saul, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
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