LA HABANA –Los tribunales de Cuba cerraron el año pasado 49 casos de mujeres mayores de 15 años “asesinadas por razones de género”, lo que representa una tasa de 1,19 por cada 100 000 mujeres y una disminución con respecto a los 76 juicios de 2024 y los 60 de 2023, divulgó en agosto el gobierno de la isla.
“Esa estadística no me da triunfos de disminución real del problema, sino un reflejo de la demora de los procesos judiciales. No son las muertes de 2025”, dijo a IPS Arlín Pérez, profesora de Derecho de la Universidad de La Habana con más de 30 años de experiencia en tribunales.
Según Pérez, los casos que se dieron por juzgados en 2025, no tratan de asesinatos de ese año, sino principalmente del 2023 y algunos de 2024.
“Por todas las carencias en Cuba, que incluyen la falta de personal en la policía, la fiscalía y los tribunales, además de los recortes eléctricos o que se trabaja cuatro días a la semana (una medida ahorrativa tras el bloqueo petrolero en enero), un proceso penal como la muerte de una mujer, que pudiera estar técnicamente en seis meses según la Ley del Proceso Penal, está demorando dos o tres años”, explicó.
Es tan irreal la cifra que, si de repente en 2027 mejoraran las condiciones del aparato jurídico y se cubrieran los atrasos de años atrás, ese año mostraría un récord en feminicidios, agregó.
El artículo 345.2 del nuevo Código Penal aprobado en 2022, estipula que la persona que “dé muerte a una mujer como consecuencia de la violencia de género”, incurre en sanciones de 20 a 40 años de privación de libertad, cadena perpetua o muerte, las mismas que se juzgarían si se tratara de otro tipo de asesinato.
“Por todas las carencias en Cuba, que incluye la falta de personal en la policía, la fiscalía y los tribunales, además de los recortes eléctricos o que se trabaja cuatro días a la semana, un proceso penal como la muerte de una mujer, que pudiera estar técnicamente en seis meses según la Ley del Proceso Penal, está demorando dos o tres años”: Arlín Pérez.
Según Pérez, en el corpus legal de Cuba no se utiliza textualmente el término feminicidio o femicidio —aunque dijo que lo preferiría— para referirse a estos casos, como sucede en otros países latinoamericanos, que lo han incorporado como delito en sus códigos penales o leyes específicas.
En esta nación insular caribeña de 9,4 millones de habitantes, la razón para diferenciar los motivos de género de un asesinato no es porque constituya un agravante en la sanción —de por sí, ya tiene las penas máximas—, sino por una cuestión de técnica del derecho y, sobre todo, de estadística.
Falta de estadísticas
El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (Ocig), plataforma vinculada a la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), actualizó el 18 de agosto algunos indicadores de femicidios en la isla.
De esas 49 mujeres asesinadas, cuyos casos fueron juzgados en 2025, 47 % falleció a manos de su expareja, casi 90 % lo hizo en su hogar y 75,5 % no tenía vínculo laboral. En su mayoría, eran blanca y con una edad entre 20 y 44 años (38 casos).
El Ocig, que surgió en 2023 y desde entonces actualiza una vez en el año un grupo de indicadores relacionados con género, registró además 33 casos en zonas urbanas y 16 en áreas rurales, donde la tasa de femicidios alcanzó 1,65 por cada 100 000 mujeres.
Si bien el dato decreciente de femicidios juzgados reportado por el Ocig no es por ahora un termómetro real de la violencia hacia la mujer, Pérez tampoco se atreve a afirmar que la tendencia ha ido aumentando.
Por su parte, el Observatorio de Género de Alas Tensas (Ogat) es otra organización que lleva desde 2019 su propio registro, elaborado a partir de denuncias ciudadanas, sobre todo a través de redes sociales.
El Ogat ha reportado este año 47 mujeres asesinadas hasta el 24 de agosto, así como ha llevado la cuenta, caso a caso, de 350 víctimas de feminicidio desde 2019 hasta el primer semestre de 2026.
“Aunque el Observatorio de Alas Tensas esté políticamente comprometido (contra el gobierno cubano), no quita que coloca en redes muchas veces la existencia de casos reales”, dijo Pérez.
Para la jurista, los datos más fidedignos son los que vienen de los tribunales, pero no son suficientes.
Por ejemplo, el llamado Registro Interoperable —que no es público y al que solo tienen acceso la fiscalía, la policía, la instrucción penal y, próximamente, los tribunales—, ofrece “una información muy clara de lo que sucede en los procesos desde la denuncia oficial”.
De hecho, varios casos de femicidios no han juzgamientos porque el victimario se hubo suicidado justo después, y es un dato que no se procesa, ni se refleja en la estadística de la Ocig, dijo.
Violencia sexual
Otro dato importante divulgado por la Ocig fue que, en 2025, los tribunales cubanos procesaron 173 casos de violencia sexual contra mujeres de 15 años y más, de los cuales, 90 correspondieron al delito de agresión sexual y 83, a otros tipos de violencia sexual.
Las mujeres de 20 a 44 años comprendieron la mayoría de las víctimas (73, 5,33 por cada 100 000 mujeres), pero las adolescentes de 15 a 17 años fueron las más afectadas (49 víctimas, 31,52 por 100 000 mujeres).
“La agresión sexual vino a incluir todos los ataques de mayor lesividad contra la libertad y la indemnidad de las personas”, dijo la jurista.
En el artículo 395 del Código Penal, la agresión sexual se sanciona con privación de libertad de siete a 15 años, a quien, “empleando fuerza, violencia o intimidación tenga acceso carnal con otra persona”, por la vía o los métodos que fueran.
La sanción es de 8 a 20 años si, por ejemplo, el delito es consecuencia de la violencia de género o familiar, o por motivos discriminatorios.
Con menor gravedad, entran otras formas de violencia sexual como el “abuso sexual” —a diferencia del delito anterior, no tiene el componente del “acceso carnal”—, o “el acoso y ultraje sexual”, que incluye formas de acoso de forma directa o a través de cualquier medio de comunicación. En ambos casos, las sanciones son multas o estancias de seis meses a dos años en prisión.
Los 173 casos de violencia sexual juzgados en 2025 son una gran disminución con relación a los 230 casos de 2024 y los 378 de 2024, al punto de que la tasa de hechos de este tipo llevados ante la justicia ha disminuido de 8,62 por cada 100 000 mujeres en 2023 a 4,19 en 2025.
De ese total de 781 casos, 419 (53,6 %) corresponden a agresiones sexuales y 362 (46,4 %) a otros tipos de violencia sexual.
“Esas cifras son muy poco representativas de la realidad. Una sufre mucho acoso cada día para que esos números digan algo. En todo caso, hablan de lo poco que funciona la justicia cubana para estos casos de violencia sexual”, dijo Claris, una estudiante de la Universidad Tecnológica de La Habana que prefirió mantener en anonimato su apellido.
Muchos especialistas y activistas cubanos coinciden en que las estadísticas disponibles apenas ofrecen un acercamiento parcial a una problemática que, según grupos feministas independientes, enfrenta un alto subregistro.
Los aportes Ocig se ven limitados, además, por brindar solo datos de casos juzgados e invisibilizar la violencia sexual hacia niñas menores de 15 años y niños.
“En la violencia sexual sí hay un subregistro siempre muy grande. Primero, por el silencio de la víctima y, segundo, porque los delitos de violencia sexual, por ley, tienen un requisito de perseguibilidad: requieren una denuncia oficial de la víctima o de los padres, si es menor de edad. Eso son delitos, como clásicamente se dice, delitos de soledad”, acotó Pérez.
Pese de los avances legislativos, estudios confirman la persistencia a escala global de desafíos para el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual como puede ser la vergüenza y el miedo a represalias; la revictimización y falta de sensibilización de los operadores judiciales; la carencia de redes de apoyo y las desigualdades socioeconómicas.
Más de 12 % de las mujeres de 15 a 49 años en el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de una pareja o expareja en el último año, de acuerdo con el Panorama de género (2025) de ONU Mujeres.
También le pueden interesar:
Crisis en Cuba aumenta desigualdades y margina a la población negra
Cuba intenta prevenir con educación la violencia de género
Acoso y violencia de género en Cuba requieren concretar políticas existentes
A la hora de denunciar los casos de violencia sexual, también el tiempo que demora en prescribir una acción penal, que en Cuba puede ser entre 3 y 25 años, según la sanción asociada a un delito determinado, aunque los casos de femicidios no deberían prescribir porque el asesinato incluye la pena máxima.
Para acompañar a las víctimas en el proceso, en noviembre de 2025, se inauguró en Cuba la Oficina Especializada para la Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, una iniciativa de la Organización Nacional de Bufetes Colectivo, que ya tiene 40 sedes a lo largo de la isla.
La abogada Ana Isabel Zamora, perteneciente a una de las oficinas en La Habana, explicó a IPS que el rol de la iniciativa es ofrecer asesoría legal, la representación procesal y el acompañamiento a las víctimas de violencia de género.
Pero en sus primeros meses, su oficina ha atendido apenas unos 20 casos.
Zamora reconoció que “aún no está todo lo visibilizada que quisiéramos. Por miedo, por pena, por estereotipos, las víctimas no logran acudir a estos lugares donde se les puede prestar ayuda”.
ED: EG
