GINEBRA – Honduras debe detener de inmediato la ejecución de más de 1000 órdenes de desalojo dictadas contra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, exigieron este viernes 4, en una declaración conjunta, ocho expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos.
Los desalojos se adelantan “en virtud de una nueva ley que protege las tierras agroindustriales frente a las reivindicaciones de tenencias históricas”, deploraron los expertos, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza.
“Una ley redactada sin haber realizado una sola consulta a las comunidades que se verán desplazadas no puede servir de base para desalojar a miles de familias. Estos desalojos son fáciles de ejecutar, pero casi imposibles de revertir”, advirtieron.
Las órdenes de desalojo se han dictado -y comenzaron a ejecutarse- en virtud de la “Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas”, conocida también como decreto número 107-2026.
Los expertos de la ONU señalan que de acuerdo con ese decreto “las tierras que estaban cultivando cooperativas y agricultores/as de subsistencia para producir alimentos se atribuyen, en la práctica, a actividades a gran escala de agroindustria, ganadería, energía y turismo”.
Se dispone que no pueden ser revisadas en el marco de procesos de reforma agraria ni cuestionadas sobre la base de derechos ancestrales sobre la tierra.
La ley fue aprobada en junio, entró en vigor el día 27 de ese mes y el 1 de julio ya se habían dictado más de 1000 órdenes de desalojo contra miles de familias que residían desde hacía largo tiempo en esas tierras, según destacan los expertos.
Tanto la ley como las órdenes de desalojo son reivindicadas por quienes sostienen o alegan derechos de propiedad sobre tierras ocupadas y trabajadas por familias y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, desde las cuales han surgido distintas expresiones de protesta.
Incluso pobladores de la comunidad garífuna -surgida del mestizaje de indígenas y afrodescendientes en tiempos coloniales-, que habitan principalmente en la costa caribeña de Honduras, instalaron un campamento de protesta frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.
Los expertos expresaron que el decreto plantea serias preocupaciones en relación con las obligaciones de Honduras en materia del derecho a la alimentación.
Ello porque “despojar a las comunidades de tierras esenciales para la producción de alimentos puede menoscabar su acceso a recursos productivos y vulnerar la obligación del Estado de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la alimentación”.
Por otra parte, destacaron que el 6 de julio el gobierno llevó a cabo un desalojo contra la comunidad garífuna de San Juan, en Tela (en el norteño departamento de Atlántida), de un territorio ancestral que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció en agosto de 2023 como perteneciente a dicha comunidad.
“Cinco personas defensoras de los derechos humanos garífunas que fueron detenidas durante el desalojo y posteriormente puestas en libertad siguen enfrentándose a procesos penales por usurpación agravada”, resaltó la declaración en Ginebra.
El 6 de agosto, más de 40 familias campesinas fueron desalojadas de la comunidad de El Tulito, en Choluteca (sur del país), en virtud del mismo decreto.
Las comunidades campesinas, según la información recabada por los expertos, habrían sufrido actos de violencia en el marco de disputas por la tierra, y personas que defienden los derechos humanos continúan enfrentando represalias por su labor legítima de promoción y protección de los mismos.
“Honduras -expresa la declaración- debe detener de inmediato nuevos desalojos y consultar a las comunidades afectadas sobre todas las reclamaciones territoriales pendientes antes de proceder a cualquier otro desalojo”.
Los expertos exhortaron al gobierno a investigar rápidamente los actos de violencia ocurridos en San Juan, y a aplicar íntegramente la sentencia de 2023 sobre ese territorio ancestral, así como todas las demás sentencias pendientes relativas a los derechos sobre la tierra en Honduras.
Urgieron a las empresas involucradas a implementar procesos sólidos de diligencia debida en materia de derechos humanos, y a garantizar que las comunidades y las personas defensoras de los derechos humanos no se vean expuestas a riesgos, incluso mediante el uso indebido del derecho penal.
Mencionaron una comunicación al gobierno de Honduras en la que plantearon estas preocupaciones, y requirieron a las autoridades a garantizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente y eficaz sobre el asesinato del 21 de mayo de 20 personas en Rigores, Colón.
Esos crímenes se atribuyen a atacantes que presuntamente vestían uniformes policiales y militares. Ocho víctimas pertenecían a organizaciones campesinas que denunciaron la destrucción y confiscación de sus propiedades por parte de la policía.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se cierran deliberadamente todas las vías legales a través de las cuales una familia campesina, indígena o afrodescendiente de Honduras pueda impugnar el despojo”, afirmaron los expertos.
Las personas expertas que firman la declaración en Ginebra son Shalmali Guttal, presidenta del grupo de trabajo sobre los campesinos; Ben Saul, relator sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, y Morris Tidball-Binz, relator sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Asimismo, los relatores Koldo Casla, sobre el derecho a una vivienda adecuada; Sofía Monsalve Suárez, sobre el derecho a la alimentación; Gina Romero, sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, y Andrea Bolaños Vargas, sobre los defensores de los derechos humanos.
También Robert McCorquodale, relator-presidente del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos.
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