Los trabajadores egipcios que participaron del levantamiento social de 2011 que derrocó al régimen de Hosni Mubarak aprovecharon los últimos dos años y medio para organizar sindicatos, presionar por reformas y hacer huelgas por mejores condiciones laborales y salarios.
Pero todavía libran una dura batalla contra un Estado que sigue restringiendo sus derechos y promoviendo este país como un paraíso de mano de obra barata atractivo para las grandes corporaciones.
“Nada ha cambiado”, dijo el periodista y militante sindical Adel Zakaria. “El gobierno aún no está dispuesto a reconocer los derechos de los trabajadores… y hace la vista gorda a violaciones laborales con el pretexto de atraer inversiones”.
El régimen autoritario de Mubarak (1981-2011) mantuvo bajo estricto control a la fuerza laboral monopolizando la organización sindical, impidiendo acciones colectivas y obligando a los trabajadores a apoyar al partido de gobierno.
El Estado ignoró de manera flagrante sus compromisos internacionales, negando derechos básicos y reprimiendo.
[pullquote]3[/pullquote]Según el economista Amr Adly, las políticas económicas neoliberales y el impopular programa de privatizaciones del gobierno eran del agrado del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, pero causaron desempleo y ampliaron la brecha entre ricos y pobres.
“La economía creció rápidamente, pero la riqueza se concentró arriba, sin repartir nada” a los más pobres, dijo a IPS. “La mayoría quedó excluida del crecimiento económico”.
En 2011, antes del derrocamiento de Mubarak, casi una cuarta parte de la población vivía en la pobreza y millones de personas se empleaban en una enorme economía paralela donde la seguridad laboral era inexistente.
Casi dos millones de egipcios recibían un salario mínimo mensual de 35 libras egipcias, unos cinco dólares según el tipo de cambio actual. En realidad, sobrevivían gracias a otros beneficios y bonificaciones, que sus empleadores muchas veces retenían como forma de presión.
En los últimos años del gobierno de Mubarak se multiplicaron las huelgas en reclamo de beneficios atrasados y aumentos salariales.
“Las protestas laborales fueron parte del descontento social y económico que llevó a la revolución”, dijo Adly.
Los sucesores de Mubarak, tanto los militares como la Hermandad Musulmana, mantuvieron las mismas políticas económicas y se limitaron a contener el malestar de los trabajadores, en lugar de atender sus causas.
Un estudio de 2009 de la Organización Internacional del Trabajo concluyó que los salarios en Egipto estaban entre los más bajos de 72 países estudiados.
El sueldo mensual promedio equivale a 542 dólares, similar al de México y Tailandia, y un tercio del de Turquía.
Las condiciones económicas que cambiaron con la revolución, han seguido su deterioro, mermando los salarios. El año pasado la pobreza afectaba a 25,2 por ciento de la población.
La inestabilidad política ahuyentó a los inversores y devastó el sector turístico, otrora la mayor fuente de divisas del país.
Cifras del gobierno muestran que el desempleo pasó de nueve por ciento antes del levantamiento de 2011 a más de 13 por ciento, y que más de una cuarta parte de los jóvenes están sin trabajo.
La inflación llega a 10 por ciento, y el elevado costo de vida agrava la presión sobre los menos favorecidos.
“No se ha intentado vincular la evolución del salario al costo de vida”, dijo Zakaria. “La mayoría de los egipcios están peor ahora que antes de la revolución”.
El levantamiento de 2011 ayudó a crear conciencia sobre los derechos en la masa trabajadora. Durante la caótica transición tras la caída de Mubarak se organizaron miles de sindicatos independientes, desafiando así el control estatal.
Estas organizaciones independientes, que se estima representan a casi tres millones de trabajadores en este país de 85 millones de habitantes, estuvieron a la vanguardia de la última ola de protestas.
Zakaria cree que este movimiento sindical emergente ha empoderado a los trabajadores. El año pasado hubo un récord de 2.000 acciones colectivas para exigir mejores salarios, el pago de beneficios pendientes y el reintegro de empleados despedidos.
Trabajadoras y trabajadores también han exigido al gobierno que elimine las leyes heredadas de la era Mubarak y establezca controles a los salarios.
“No todas (las huelgas) tuvieron éxito. De hecho, muchas fracasaron”, dijo Zakaria a IPS. “Pero desde la revolución, el gobierno y los empleadores han estado más dispuestos a negociar con los trabajadores, en vez de golpearlos para que sean sumisos, si bien todavía siguen apaleando”.
En octubre de 2011, el gobierno cedió a las presiones y revisó el salario mínimo por primera vez en 25 años. Pero fue una victoria parcial, ya que el aumento lo llevó a 700 libras egipcias (102 dólares), menos de la mitad de lo que pedía el movimiento sindical.
[related_articles]El gobierno actual prometió elevar el salario mínimo que perciben seis millones de trabajadores del sector público a 1.200 libras egipcias (174 dólares), pero rechazó los pedidos de extender el beneficio a los 19 millones que se ocupan en el sector privado.
Fatma Ramadan, de la Federación Egipcia de Sindicatos Independientes, sostiene que el gobierno sigue avalando la explotación en el sector privado, pues teme ahuyentar a los inversores si realiza concesiones a los trabajadores.
Según la Agencia Central para la Movilización Pública y Estadísticas, el salario promedio de los trabajadores públicos aumentó 29 por ciento este año y es de 124 dólares por semana. Los sueldos en el sector privados prácticamente han permanecido iguales.
“Los militares y los ‘feloul’ (fieles al antiguo régimen) intervienen para impedir que los trabajadores gocen de sus derechos, como organizarse en sindicatos y realizar huelgas”, dijo Ramadan.
“Ellos arguyen que los paros afectan a la economía», añadió. «Pero los trabajadores no deben abandonar sus derechos para proteger los intereses de los magnates de los negocios”.
