Como si fueran la nueva Inquisición, las autoridades y los poderes fácticos de México hostigan, censuran e incluso asesinan a las defensoras de los derechos de las mujeres, aseguran académicas y activistas.
En una reedición actualizada de la persecución social, política y religiosa que sufrieron las mal llamadas «brujas» durante la Edad Media, en México las mujeres que defienden los derechos humanos, sexuales y reproductivos son desprestigiadas, amenazadas, perseguidas de manera implacable e incluso asesinadas por el poder y el crimen organizado.
Feministas, académicas e integrantes de organizaciones civiles por los derechos de las mexicanas coinciden en que hoy por hoy la Inquisición que perseguía a las mujeres de la antigüedad por ser sabias y libres, prevalece bajo el disfraz de la Iglesia, en especial la católica, y el sistema patriarcal que reprimen los derechos femeninos.
En su libro «El retorno de las brujas», la filósofa especialista en ciencia y género por la Universidad Nacional Autónoma de México, Norma Blázquez Graf, explica que las mujeres de la Edad Media con conocimientos de anatomía, sexualidad, reproducción y botánica, representaron una «amenaza» para la sociedad, la Iglesia y, sobre todo, para la hegemonía masculina.
Entre los conocimientos femeninos que fueron prohibidos y castigados estaban el control de la natalidad y la práctica del aborto. Diversos autores señalan que desde el principio del cristianismo, los anticonceptivos naturales fueron considerados «pecado». Blázquez Graf advierte que en el siglo XXI las mujeres de conocimiento se han reacomodado al ocupar espacios importantes, logrando cambiar los espacios institucionales, por lo que todavía son vistas como «amenazas» por el patriarcado.
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A decir de la psicoanalista Jean Shinoda Bolen, autora del libro «Las brujas no se quejan», en la actualidad el patriarcado «tiene miedo», y por ello ataca los derechos de la población femenina a fin de eliminar conquistas ganadas desde hace décadas.
«Siempre antes de un cambio profundo, aquellos en el poder se fortalecen o golpean más duro: con represión y violencia. Eso está sucediendo ahora contra las mujeres», explica.
Para Marusia López, coordinadora en México de la organización internacional Asociadas por lo Justo (JASS, en inglés), en el país se está ante una «cacería de brujas», toda vez que la violencia contra las mujeres en todas sus formas es utilizada como mecanismo de control y para infringir miedo en la sociedad.
«La saña, el incremento del feminicidio, el uso de la violencia contra ellas por parte de las fuerzas militares en complicidad con el crimen organizado dan cuenta de ello, y lanza el mensaje de que las mujeres deben estar calladas y quietas», explica la activista. López agrega: «Si analizamos los casos de las defensoras que han sido asesinadas, encontramos que en su mayoría eran mujeres que denunciaron complicidades entre el Estado y los poderes fácticos, y repudiaron la violencia de género y la impunidad».
En los últimos dos años fueron asesinadas en el norteño estado de Chihuahua Marisela Escobedo, Josefina Reyes y Susana Chávez, activistas que acompañaban casos de feminicidio, como se definen los asesinatos de mujeres por razón de su género.
En el sureño estado de Oaxaca fue ultimada Beatriz Cariño, quien denunció la violencia de grupos paramilitares en esa entidad.
Entre las defensoras de derechos humanos que han sufrido amenazas están la directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, Luz Estela Castro, y las abogadas Margarita Martínez, de Chiapas, y Bettina Cruz, de Oaxaca, quienes se oponen a megaproyectos económicos.
En tanto, Norma Andrade, Olga Reyes, Sara Salazar y Marisela Ortiz, todas de Chihuahua, tuvieron que dejar su lugar de residencia para evitar la persecución y proteger sus vidas y las de sus familias.
Marusia López indica que al revisar los datos duros «en 2011 registramos que del total de casos de violencia contra defensores de derechos humanos, 40 por ciento fueron contra mujeres».
El Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres red de agrupaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos afirma que el Estado mexicano impide el ejercicio de los derechos femeninos.
Pone como ejemplo las reformas constitucionales realizadas en 17 de los 31 estados del país para «proteger la vida desde la concepción-fecundación».
Estas legislaciones estaduales fueron aprobadas por el contubernio entre la Iglesia Católica y las dos fuerzas políticas dominantes: el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional.
Esta contrarreforma fue una reacción ante la decisión de los legisladores del Distrito Federal, asiento de la capital mexicana, de aprobar una ley que desde 2007 permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 12 semana de gestación. La entidad está gobernada desde 1997 por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática.
El país cuenta con una ley general que permite el aborto inducido en algunos supuestos terapéuticos, lo que ha quedado anulado de hecho en los estados que pasaron a penalizar el aborto desde la concepción en todos los supuestos.
Tan solo en el central estado de Guanajuato en 2010 fueron encarceladas y posteriormente liberadas 160 mujeres por el supuesto delito de homicidio doloso en grado de parentesco.
El Pacto denuncia que las reformas constitucionales, la forma en que se aplican las leyes, así como las políticas públicas, son un signo evidente de violencia institucional contra las mexicanas.
* Este artículo fue publicado originalmente por la agencia mexicana de noticias de Comunicación e Información AC, Cimac.
