La crisis y las reformas económicas en Cuba ponen en riesgo el acceso al empleo

Trabajadores privados instalan un andamio en el exterior de una vivienda en construcción en La Habana. La crisis económica en Cuba reduce el acceso al empleo. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

LA HABANA – El empleo en Cuba sufre desde hace años una honda brecha salarial entre el sector estatal y el privado, en crecimiento mientras la crisis económica en el país se acelera con el bloqueo petrolero. La nueva reforma que liberaliza la economía promete reducir esa brecha, pero muchos cubanos temen que será al costo de más despidos y mayores tasas de desempleo.

“El desempleo es una realidad: sin electricidad, no se bombea el agua. Sin electricidad, los locales no pueden abrir para elaborar productos de cocina. Entonces han cerrado este año muchos negocios y aumenta el desempleo. Yo perdí mi trabajo en febrero y aún no he podido encontrar nada nuevo”, dijo a IPS la habanera Claydis Ojeda, de 20 años.

Ojeda, quien usualmente ha trabajado como dependienta en cafeterías y pequeños mercados, dijo que hoy la búsqueda de empleos aceptables se ha vuelto complicada, porque hay mucha demanda para entrar en un sector privado que, languidecido por la crisis energética, ha estado haciendo recortes de personal.

Miguel Salvá tenía desde 2025 un restaurante llamado Oishi en el municipio de Regla, uno de los 15 de la capital, que funcionaba con la ayuda de un generador de respaldo que operaba con gasolina cuando se iba la electricidad.

Pero cuando los apagones empezaron a prolongarse durante más de 15 horas diarias a principios de 2026 —actualmente ya superan las 20 horas diarias— y el precio de la gasolina aumentaba exponencialmente, no tuvo más remedio que cerrarlo.

“Era imposible mantenerlo. Me costó días de llanto”, dijo a IPS.

En 2025 Salvá pretendía expandir su negocio, pero en cambio tuvo que alquilar un local más modesto en un barrio de otro municipio con menor frecuencia de apagones, y despedir a la mitad de sus trabajadores.

“El desempleo es una realidad: sin electricidad, no se bombea el agua. Sin electricidad, los locales no pueden abrir para elaborar productos de cocina. Entonces han cerrado este año muchos negocios y aumenta el desempleo. Yo perdí mi trabajo en febrero y aún no he podido encontrar nada nuevo”: Claydis Ojeda.

Ante el golpe que representó el draconiano bloqueo petrolero, decretado el 29 de enero por Estados Unidos, muchas de las respuestas del sector privado en Cuba han sido reducir sus nóminas de trabajadores, dijo a IPS Eric Luis Almeida, presidente de Quota, una consultoría privada de negocios.

Incluso su empresa, si bien no realizó una reestructuración similar, tuvo que actualizar su oferta, porque, “al haber una contracción en la economía, sus clientes redujeron los gastos y dejaron de contratar sus servicios”.

El sector estatal emplea a 68,5 % de los 4,1 millones de personas ocupadas —según la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación (Eno), realizada por la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) al cierre de 2024— y pese al colapso eléctrico necesita desesperadamente completar sus plantillas con trabajadores jóvenes y cualificados.

Pero con el salario medio que ofrece, de unos 11 dólares mensuales, no resulta atractivo para los trabajadores, sobre todo los que se han acostumbrado a las remuneraciones en los empleos privados, formales o informales.

Un vendedor aguarda por la llegada de clientes junto a diversos productos, en la entrada de una vivienda en La Habana. Ante la falta de propuestas atractivas en el mercado laboral formal, muchos cubanos optan por sumergirse en el trabajo informal. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Desempleo e informalidad

La disparidad entre los salarios del sector estatal y el no estatal “es una de las brechas que hay que trabajar desde la política”, dijo a IPS Marisol Alfonso, jefa de la Oficina de Cuba del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), en el marco de un panel realizado el miércoles 8 sobre las esperanzas y aspiraciones de los jóvenes cubanos.

“Las principales reservas en el ámbito del empleo están en las mujeres y en los jóvenes. Por eso debemos tener políticas que estimulen el empleo juvenil y que permita una realización profesional a las mujeres que han tenido que salirse del empleo para realizar labores de cuidado o, incluso, informales”, dijo.

De acuerdo a la Eno de 2024, en Cuba hay apenas 69 333 personas “desocupadas” (desempleadas en edad activa), de las cuales, 47,3 % tienen entre 15 y 34 años. El actual Código del Trabajo faculta el acceso al empleo desde los 17 años, y también lo permite a jóvenes de 15 y 16 años con el consentimiento de sus tutores legales.

Pero las cifras, por otra parte, revelan que existen en la isla 831 063 ocupados informales (20,1 % de los ocupados), sin garantías de seguridad social y otras protecciones laborales. En la región de América Latina y el Caribe, la tasa de informalidad en 2024 fue de 47,6%, según la misma Eno.

Este bajo desempleo y alta informalidad podría indicar también que los cubanos ni siquiera se declaran desempleados ante situaciones de desocupación y, en cambio, se someten al trabajo informal, generalmente más atractivo económicamente que el sector estatal, aunue en el camino pierdan derechos.

“Hoy estamos en un escenario que todavía está por concretarse, porque no todo el mundo va a trabajar en el sector privado. El sector estatal institucional también tiene que fortalecerse y necesitamos, como país, que las personas jóvenes, profesionales y mujeres vuelvan también a ese sector”, expresó Alfonso, de Unfpa.

Sin embargo, actualmente se hace evidente el declive del sector estatal, con una industria deprimida desde hace décadas, empresas deficitarias o con baja rentabilidad, y ahora con el peso extra del bloqueo petrolero y nuevas sanciones impuestas por Washington durante este año a varias de sus empresas.

La industria turística ha caído tanto que, a inicios de mayo, las autoridades cubanas indicaron que más de 300 000 trabajadores del turismo se encontraban laborando en la recolección de basura o tareas agrícolas.

Por su parte, el sector estatal no empresarial —que en Cuba llaman el “presupuestado” y emplea a 29,5 % de los ocupados—, se encuentra en medio de una reforma salarial, demandada desde hace años por ser el sector más expuesto a sufrir los embates de la inflación.

El titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Jesús Otamendiz Hernández, anunció el 3 de julio, en el programa televisivo Mesa Redonda, que el salario mínimo nacional se incrementará de 2100 pesos a 3210 pesos mensuales (de tres dólares a casi cinco dólares mensuales) lo que implica un aumento de todos los salarios del sector estatal no empresarial.

El ministro destacó que anualmente se evaluará y definirá el salario mínimo del país.

“Si estamos subiendo el salario mínimo del país, todas las empresas en Cuba tendrán que asumir también que los trabajadores que estén por debajo de ese salario mínimo pasen al nivel aprobado. Es un salario mínimo que no puede violarse”, enfatizó.

Pero en un mercado donde un litro de  aceite vegetal para cocinar cuesta unos tres dólares, esta reforma salarial no parece ser incentivo suficiente para conservar la fuerza de trabajo.

Un empleado de una compañía estatal labora en la selección de frutas, destinadas al ahora mermado sector turístico en La Habana. La nueva reforma económica atemoriza a muchos trabajadores del sector estatal sobre que puedan perder sus empleos o ser reubicados en sectores menos atractivos. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Temor a los despidos

El paquete de 176 transformaciones económicas y sociales, aprobado el 18 de junio, que impulsa una reforma liberal de la economía cubana, con una apertura hacia el mercado, la privatización, el capital extranjero y una política de desregulación administrativa, suscita temores de que vulnere los derechos laborales.

En la intervención televisiva del 3 de julio, la directora jurídica y de relaciones internacionales del MTSS, Yiseilis Ferrer, explicó que tras la aprobación de la reforma económica, tuvieron que hacerse varios cambios a última hora en el anteproyecto de un nuevo Código de Trabajo que ya estaba redactado.

En septiembre de 2025, comenzó en Cuba un proceso consulta que abarcó más de 40 000 reuniones entre colectivos laborales para discutir el contenido de ese nuevo Código de Trabajo, el cual sustituiría al que está en vigor desde 2013.

La norma se someterá en la próxima sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el unicameral parlamento cubano, que comenzará el 29 de julio y discutirá más detalles de la nueva reforma económica y otros proyectos de ley como uno nuevo de la vivienda, y otro que implicaría la disolución y fusión de varios ministerios en Cuba.

El impacto que podría tener la reforma económica en la norma y en los derechos laborales ya había sido discutido el 26 y 27 de junio en el marco del Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, la organización que agrupa todos los sindicatos en la isla.

Ferrer reveló que las principales preocupaciones de las personas giraron sobre las garantías de los derechos laborales ante la actual crisis económica, y agregó que el nuevo Código fortalecería la protección de los trabajadores y que todos, independientemente de si laboran para el sector privado o el estatal, tendrían las mismas protecciones jurídicas.

Si bien no se conocen aún los últimos cambios en el anteproyecto tras la aprobación del paquete de reformas económicas, este mantenía, en su artículo 11, un principio de estabilidad laboral, en la que el empleador debe basarse en causas legales para el despido.

De hecho, la norma puntualiza las causas específicas de despido, que podrán apelarse ante los órganos sindicales y de justicia, así como los procedimientos para la reubicación laboral e indemnizaciones que debe ofrecer el empleador tras los despidos.

El proyecto de ley cobra especial importancia en un contexto donde el Estado aseguró con la reforma económica buscar la rentabilidad de las empresas estatales y liquidar aquellas deficitarias, o las que no puedan soportar las futuras devaluaciones de la moneda nacional, el peso.


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Ante esa situación, surgen muchas interrogantes entre la población sobre qué sucederá realmente con aquellas empresas disueltas, y en particular, si sus trabajadores tendrán reubicaciones placenteras, si podrán encontrar nuevos empleos atractivos, si, en efecto, como indica el discurso oficial, no quedarán desamparados.

“He visto últimamente cómo varias empresas están reubicando a sus trabajadores hacia otros centros, o los dejan ‘temporalmente’ en sus casas con un pago parcial de sus salarios”, dijo a IPS Carmen, de 59 años, una contadora del estatal sector bancario que pidió mantener su apellido anónimo.

Con las nuevas transformaciones que se avecinan, Carmen teme que los recortes de plantilla la alcancen a ella también.

“Quizás me toque irme mañana, más porque estoy cerca de la edad de jubilación (60 años para las mujeres). A mi edad no sé si pueda adaptarme a un nuevo centro laboral. Probablemente me jubile si eso pasa”, anticipó preocupada.

ED: EG

 

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