MONTEVIDEO – La candidata de derecha Keiko Fujimori ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, derrotando por un mínimo margen al candidato de izquierda Roberto Sánchez, para convertirse en la novena presidenta del país en una década. Hereda un sistema tan diseñado para la disfunción que, en lugar de llegar a compromisos, podría decidir que la concentración de poder es su único medio de supervivencia. La Constitución que creó esta trampa fue redactada por su padre.
Un sistema construido para fracasar
Keiko, hija del autoritario expresidente Alberto Fujimori, ha logrado finalmente la victoria en su cuarta segunda vuelta consecutiva, tras haber perdido en 2011, 2016 y 2021.
Ganó por un margen de aproximadamente un cuarto de punto porcentual frente a un candidato que es aliado cercano del expresidente encarcelado Pedro Castillo. Ambas partes denunciaron fraude, presentaron reclamaciones y enviaron a sus seguidores a las calles.
A menudo se describe a Perú como una democracia sin partidos. El sistema de partidos se desintegró en la década de los noventa y nunca se reconstruyó.
En su lugar surgió una sucesión de candidaturas improvisadas y vehículos electorales personales que surgen y caen con sus fundadores. En la primera vuelta, celebrada el 12 de abril, la papeleta más extensa de la historia de Perú incluía a 35 candidatos.
Fujimori quedó en primer lugar con solo un 17,19 %. En definitiva, la mayoría de los peruanos no votó por ninguno de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Un presidente elegido en esas circunstancias tiene un mandato tan débil que sus rivales pueden impugnarlo desde el primer día, y así lo hacen.
Los escaños del legislativo Congreso se reparten entre docenas de partidos, ninguno de los cuales es dominante.
Sin embargo, los partidos pueden aliarse para alcanzar el umbral de dos tercios necesario para invocar una cláusula constitucional que permita someter a un presidente a un proceso de destitución y destituirlo por «incapacidad moral permanente», un mecanismo que la Constitución peruana deja deliberadamente vago.
El Congreso elegido en 2021 destituyó a tres presidentes en una sola legislatura.
Incentivos autoritarios
El mecanismo constitucional que propicia la inestabilidad política es la razón por la que la presidencia de Fujimori podría resultar peligrosa.
Al asumir el cargo con un margen mínimo y sin mayoría en el Congreso, se enfrenta a una elección estratégica inmediata.
Puede buscar un compromiso con sus oponentes, pero esto podría indicar que la amenaza de destitución funciona, invitando a que se produzca. O bien puede actuar para concentrar el poder y debilitar las instituciones que limitan al ejecutivo, privando a sus oponentes de las herramientas que podrían utilizar para destituirla.
Todo apunta hacia la segunda opción. La mayoría de los presidentes destituidos recientemente por el Congreso intentaban, en el momento de su destitución, gobernar dentro de las normas, y estas normas se utilizaron como arma en su contra.
Pedro Castillo intentó un enfoque diferente, disolviendo el Congreso de forma preventiva para evitar su destitución. Fue detenido y destituido de inmediato. Una política que ha visto cómo esta dinámica acababa con ocho predecesores podría llegar a la conclusión de que la única forma de sobrevivir es cambiar las reglas del juego.
El y fallecido padre de Keiko gobernó Perú de 1990 a 2000 como presidente electo y desmanteló las instituciones que le limitaban tras un autogolpe de Estado. A los dos años de su primer mandato, alegando las crisis simultáneas de hiperinflación e insurgencia, disolvió el Congreso y suspendió la Constitución. La emergencia era real, pero también era una oportunidad.
Fujimori reescribió la Constitución para afianzar el poder ejecutivo, ganó la reelección en 1995 y luego se hizo con un tercer mandato, manchado por el fraude, antes de verse obligado a abandonar el cargo a los pocos meses.
Su gobierno se convirtió en sinónimo de corrupción a gran escala y atrocidades contra los derechos humanos, incluida la esterilización forzada de más de 272 000 mujeres, en su mayoría indígenas. Tras ser derrocado en 2000, fue condenado por homicidio y secuestro, y encarcelado.
La Constitución que Alberto Fujimori redactó para afianzar su poder sigue vigente. La cláusula de incapacidad moral que conservó la Constitución de 1993 —útil para Fujimori cuando controlaba el Congreso— se ha convertido en el principal arma que las mayorías parlamentarias han utilizado para destituir a un presidente tras otro.
El cambio constitucional más significativo de los últimos tiempos, el restablecimiento de un Congreso bicameral, podría acabar aumentando el poder del Congreso. Este es el sistema con el que Keiko tiene que lidiar ahora.
Los costes de la disfunción
La disfunción de Perú se ha sostenido durante mucho tiempo gracias a una ficción reconfortante: que, aunque la política sea caótica, la economía funciona por sí sola. Los fundamentos macroeconómicos se han mantenido relativamente estables.
La inflación en 2025 se situó en torno a 1,5 %, y la economía creció 3,4 % en 2024. Sin embargo, el crecimiento económico se ha reducido aproximadamente a la mitad a lo largo de una década de agitación.
La pobreza, que en 2024 se situó en 27,6 %, sigue por encima de los niveles previos a la pandemia. La tasa de homicidios es de 10,7 por cada 100 000 habitantes, a lo que se suma una epidemia de extorsión.
Las libertades se están deteriorando y quienes protestan son quienes pagan el precio más alto.
En 2025, los intentos de reformar el sistema de pensiones desencadenaron protestas lideradas por la Generación Z que rápidamente se convirtieron en una expresión de un descontento más amplio frente a la corrupción, la inseguridad y la disfunción política.
Las fuerzas de seguridad respondieron con violencia.
En diciembre de 2024, el Civicus Monitor, que realiza un seguimiento de las condiciones del espacio cívico a nivel mundial, rebajó la calificación de Perú a «reprimido», su segunda peor calificación, citando años de violencia estatal creciente y el acoso sistemático a defensores de los derechos humanos y periodistas, a quienes las figuras políticas tildan habitualmente de terroristas y traidores.
En marzo de 2025, el Congreso aprobó una ley que otorgaba a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional amplios poderes para controlar, censurar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil que recibieran financiación extranjera, amenazando con multas de hasta 720 000 dólares estadounidenses y tipificando como delito cualquier uso de fondos extranjeros para apoyar acciones legales contra el Estado peruano.
Se trata, en la práctica, de una ley contra la rendición de cuentas.
Peligro a la vista
Keiko Fujimori llevó a cabo una campaña centrada en la ley y el orden bajo el lema «Vuelve Fujimori, vuelve el orden», presentando la lucha contra el crimen organizado como una continuación de la guerra de su padre contra la insurgencia en la década de los noventa y prometiendo despliegues masivos de fuerzas policiales y militares.
Su partido defendió una ley de amnistía de 2025 que protege a las fuerzas de seguridad y a los grupos armados civiles de ser procesados por desapariciones, asesinatos y torturas durante ese conflicto, en desafío directo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Keiko se ha mostrado evasiva respecto a las atrocidades de su padre y ha redefinido los derechos humanos como una cuestión de acceso a los servicios básicos, en lugar de como una cuestión de rendición de cuentas por los abusos del pasado.
Su trayectoria no ofrece motivos para el optimismo en lo que respecta al espacio cívico o a las normas democráticas.
El padre de Keiko justificó el incumplimiento de las normas que le limitaban alegando la insurgencia y el colapso económico. Keiko no se enfrenta a ninguna insurgencia ni a la hiperinflación, por lo que, si decide concentrar el poder, tendrá que encontrar su propia justificación, tal vez en una ola de delincuencia, una emergencia de seguridad o una conspiración de sus enemigos.
El manual de estrategias fujimorista podría volver con toda su fuerza.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización. Ella también ejerce como rofesora de Política Comparativa en la uruguaya Universidad ORT.
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