Las poblaciones próximas a los proyectos extractivos en México presionan cada vez con más fuerza a las empresas transnacionales a cargo de ellos para que financien el desarrollo local.
La intención de los líderes de comunidades y de "ejidos" (propiedades colectivas de predios rurales) es que las empresas mineras, que conmocionan el área donde actúan con su presencia avasalladora sobre la economía y el ambiente, contribuyan a la ejecución de proyectos sociales, ecológicos y educativos.
Uno de esos movimientos de poblaciones estalló en La Sierrita, en el norteño estado de Durango, donde se mantiene bloqueada desde el domingo 8 la mina La Platosa, propiedad de Excellon de México, de la cual se extrae plata, plomo y zinc. En respuesta, la firma filial de la transnacional canadiense Excellon Resources Inc. decidió suspender las actividades.
"Le pedimos a la mina que cumpla el contrato firmado en 2008 y que después se mejore, para que la relación sea verdaderamente equitativa. Lo que da la minera puede servir para desarrollar proyectos. No pedimos nada de regalo", dijo a IPS uno de los comuneros de la zona, Daniel Pacheco.
Excellon pactó con ese ejido, por un acuerdo firmado en 2008, el pago de una renta por el uso de 1.100 hectáreas para la exploración y explotación de minerales, la construcción de una planta de tratamiento de agua, la contratación de personal local y concesiones para el transporte del material y el comedor de los empleados.
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Pero hasta ahora no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones, denuncian activistas y comuneros.
Ese mismo año, la firma desembolsó unos 217.000 dólares para alimentar un fondo social y unos 1.000 dólares mensuales para becas estudiantiles, todo lo cual es considerado escaso por los lugareños en comparación con los 5,6 millones de dólares de ingresos netos registrados por la firma entre enero y marzo de este año por la explotación, según sus propios reportes.
Tras decidir el miércoles 11 suspender las actividades mientras dure el bloqueo, Excellon emitió un comunicado en el que calificó de "ilegal" las medidas emprendidas por los ejidatarios.
También informó en esa misiva que "ha presentado cargos criminales e iniciado demandas (civiles) por daños contra todos los miembros y los grupos que están participando en esta acción ilegal", en alusión a los ejidatarios y a los activistas del no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc) que los asesoran y apoyan.
"La empresa no ha cumplido por falta de voluntad", sostuvo Pacheco, quien presidió la asamblea del ejido, la máxima autoridad local, entre 2009 y este año.
La autoridad, compuesta por 185 ejidatarios que poseen 2.700 hectáreas, realizó un estudio de reordenamiento territorial que identificó 58 proyectos productivos con potencial de concreción, como la extracción de material de construcción y la siembra de hortalizas y vegetales y alfalfa para forraje.
En mayo, los lugareños y empleados de Excellon presentaron una queja contra la empresa bajo las Directrices para Corporaciones Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el bloque en cuyo seno están los países más ricos del mundo y a la cual pertenece México.
Representantes del ejido asistieron el 31 de mayo a la reunión anual de accionistas en la ciudad canadiense de Toronto, para denunciar la situación, luego de lo cual renunció el presidente de la empresa, Jeremy Wyeth.
En 2011 ya habían interpuesto otra denuncia ante la Oficina del Consejo de Responsabilidad Social Corporativa para el Sector Extractivo de Canadá.
"Los ejidos han sufrido un abandono económico. Desgraciadamente, hemos llegado después de que el problema está instalado. En otros, las empresas apenas están entrando. Por eso están en la posición de definir cómo usar las tierras", resaltó la directora de Prodesc, Alejandra Ancheita.
Paraíso minero
Excellon es una de las muchas corporaciones transnacionales beneficiadas con concesiones mineras otorgadas por el gobierno de México, donde hay más de 30.000 ejidos y comunidades, la mayoría con grandes riquezas naturales. Este país, que ya es el mayor productor mundial de plata, se ha convertido en un paraíso para las mineras.
Datos de la Secretaría (ministerio) de Economía dan cuentan de la existencia de 25.693 permisos, que abracan 51 millones de hectáreas. Unos 800 de ellos ya se han transformado en proyectos en fases de prospección, indagación u aprovechamiento, a cargo de casi 300 empresas foráneas.
En su informe sobre minería de 2011, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública del Congreso legislativo mexicano indica que el valor de la producción del sector supera los 14.000 millones de dólares y que el rubro crecería anualmente dos por ciento hasta 2014.
En México no se cobran regalías por el material obtenido, una obsolescencia frente a esquemas progresivos aplicados, por ejemplo, en Bolivia, Ecuador u Honduras. De hecho, la extracción de cualquier metal precioso o mineral les cuesta a las compañías entre 36 centavos de dólar a ocho dólares por hectárea concesionada, según la Ley Federal de Derechos.
En ese marco, el fisco mexicano recaudó unos 41 millones de dólares en 2011 por actividades mineras por concepto de impuestos o derechos de concesión.
También se cuestiona la falta de transparencia en la que actúan los consorcios transnacionales. "Las firmas no exponen lo que va a significar un proyecto de explotación minera y las implicaciones a mediano y largo plazo para el ambiente y la salud. Al ocultar información, los comuneros toman decisiones que no necesariamente son las mejores", dijo Ancheita a IPS.
México, empero, salió bastante bien parado en la Encuesta de Empresas Mineras 2011-2012, realizada por el estadounidense Fraser Institute, en temas como transparencia en procesos legales, incertidumbre sobre reclamos de tierras en litigio, condiciones de desarrollo comunitario y normas y contratos laborales.
Paradójicamente, los ejecutivos empresariales consultados en esa misma medición catalogaron a México de favorable a las inversiones, al igual que Brasil y Perú, en comparación con otras menos amigables como Honduras, Ecuador o Bolivia.
Ese instrumento, elaborado desde 2003 y que consulta a unas 3.000 corporaciones en 79 países y territorios, concluyó que México aplica políticas públicas que contienen ventajas para el sector y lo hacen atractivo para actividades extractivas.
En medio de este contexto, organizaciones no gubernamentales han convocado para el 1 de agosto a celebrar el Día de Acción Continental contra la Industria Extractiva Canadiense a Gran Escala.
