Veintitrés empresarios de palma africana que hasta 2003 habían invertido en Colombia el equivalente a unos 34 millones de dólares y habían montado una planta refinadora de aceite por otros 15 millones, tienen cerca una sentencia condenatoria.
El abogado Carlos Merlano, de una de esas empresas, Urapalma, aceptó los cargos que la fiscalía formuló contra él y los otros implicados, a cambio de beneficios legales.
El caso sería uno más, si junto a las empresas de palma no estuvieran implicados el ejército, las notarías, entidades estatales y el propio Ministerio de Agricultura.
Concentrado el interés del país en las primeras acciones del presidente electo Juan Manuel Santos, este hecho apenas si se ha sido notado, y sin embargo hace parte de la herencia del mandatario saliente, Álvaro Uribe, que deberá administrar el nuevo gobierno a ser investido en agosto.
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Las investigaciones de la fiscalía parten de la convicción de que jefes de grupos paramilitares de extrema derecha, como Freddy Rendón (alias "El Alemán"), una mujer llamada Sor Teresa Gómez y el empresario antioqueño Rodrigo Zapata, "cohonestaron crímenes para edificar un rentable negocio".
Cuando hace 13 años, unos 5.000 campesinos negros y mestizos huyeron de sus ranchos y sus tierras, lo hicieron como resultado de una campaña de terror conducida por 80 paramilitares que iban de finca en finca notificando: "Necesitamos su tierra, o vende y se va, o no vende y será su viuda la que venderá".
La operación fue comandada por los hermanos y jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño, propietarios de Urapalma, una de las nueve firmas que adelantaron el proyecto agroindustrial para convertir el extenso y fértil territorio comprendido entre los ríos Atrato y Murindó, en un emporio dedicado a la producción de biodiésel refinado del aceite de palma.
En apoyo del proyecto, la ofensiva paramilitar fue más allá de las amenazas. La destrucción de sembrados, la quema de viviendas, el asesinato de los líderes que denunciaron el hecho y pretendieron organizar a la comunidad fueron parte de una acción que también contó con apoyo militar.
Las investigaciones de la fiscalía y de las organizaciones no gubernamentales que llegaron a la región, que serían la base de sentencias de la Corte Constitucional, dan cuenta de la instalación de retenes paramilitares, cercanos a los que mantenía la fuerza pública, en los que cualquier campesino podía ser detenido como sospechoso de colaboración con la guerrilla izquierdista o de pertenencia al Partido Comunista.
De hecho, los paramilitares se organizaron para combatir a la guerrilla alzada en armas en 1964, que se había desplazado a esas regiones.
Bastaba señalar al propietario de un terreno como cómplice de la guerrilla para que se lo clasificara como objetivo militar.
El general Rito Alejo del Río, hoy encarcelado por asesinato, ordenó en 1997 el bombardeo de la región del río Cacarica, en el norte del Chocó, "para combatir la subversión", acción que, unida al hostigamiento de los paramilitares, provocó el desplazamiento de la comunidad negra.
Entre 2001 y 2005, la fiscalía registró 15 desplazamientos masivos, de los cuales 13 se atribuyen a los paramilitares, uno a la guerrilla y uno al ejército.
Anotan la fiscalía y funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) que los contratos y escrituras de esas tierras están viciados de irregularidades como la adulteración de documentos públicos.
Los investigadores de la fiscalía se asombraron cuando encontraron que la firma de un contrato de venta de una propiedad de 5.890 hectáreas en el año 2000 correspondía a un hombre que había muerto ahogado en el río Jiguamiandó en 1995.
El impulso para estos proyectos agroindustriales partió del Ministerio de Agricultura que estimuló con generosos créditos la compra de tierras y las instalaciones para extensos cultivos.
A través de entidades estatales, como la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo del Chocó y el propio Incoder —hoy bajo investigación fiscal—, funcionarios encargados del estudio de los créditos permitieron el flujo de dineros del Estado a empresas de los paramilitares.
Las empresas de Vicente Castaño obtuvieron 2,8 millones de dólares de entidades como el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y el Banco Agrario, y tres de las nueve firmas investigadas recibieron más de 6,8 millones de dólares.
Las denuncias de organizaciones no gubernamentales y consejos comunales, ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pusieron en movimiento a la justicia.
La causa de las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó hoy ocupa a la CIDH, a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, a la católica Diócesis de Quibdó, capital del Chocó, y al Tribunal Administrativo de ese departamento.
En diciembre, ese organismo le dio al gobierno un plazo de un mes para que los invasores palmicultores desalojaran un territorio que está protegido legalmente.
Cuando, en cumplimiento de esa orden, el Ministerio del Interior quiso proceder a la entrega de esas tierras, obtuvo el respaldo de cuatro consejos comunales, entre 24, a favor de una junta que fue denunciada por los demás consejos como instrumento de los palmicultores.
Con elocuente energía, la Corte Constitucional desaprobó la junta que iba a ser instalada por el Ministerio del Interior y ordenó una nueva, que asegure todas las garantías a las comunidades negras.
Hasta ahora, este hecho no se ha visto como parte de los programas del próximo gobierno. Pero tendrá que contemplarlo. Es parte de la herencia que recibirá.
