Un tratado internacional contra la piratería negociado por México y otros países podría detener la penetración del servicio de Internet, violentar derechos a la privacidad y a la libre expresión, así como debilitar el sistema multilateral en materia de propiedad intelectual, advierten activistas.
Cinco meses después, esas naciones sostuvieron una reunión preliminar sobre el asunto y ahora se preparan para sostener un encuentro en México a fines de este mes. Luego, los negociadores del ACTA se volverían a encontrar en abril en Nueva Zelanda.
El borrador del tratado contiene seis capítulos sobre temas que incluyen respeto a los derechos de propiedad intelectual, cooperación internacional y estructura institucional. El primero de éstos abarca las secciones de observancia civil y penal, acciones fronterizas e Internet.
Lo alusivo a la "cibercarretera" es lo que preocupa a organizaciones civiles dedicadas a la promoción de un mayor acceso a Internet.
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El documento en negociación plantea que los proveedores de Internet tienen que vigilar proactivamente los derechos de autor de los materiales distribuidos por los usuarios.
Además, esas compañías deberán interrumpir el acceso a Internet a los acusados de piratería, a riesgo de sanciones. Esto significa que, por ejemplo, una familia entera podría quedarse sin la red si uno de sus miembros es sindicado de piratería, sin derecho a un juicio o un abogado.
Este tipo de acuerdo implicaría la adopción del modelo estadounidense de "aviso y requisa", que implica que los proveedores de Internet retiren los materiales bajo sospecha, sin evidencia o juicio de por medio.
Se aplicaría el sistema de los tres avisos. Si un cibernauta es acusado de infringir la propiedad intelectual en esa cantidad de ocasiones, será desconectado del servicio. Multas y tiempo en prisión completan el panorama.
"Si descargo una aplicación que me permite intercambiar archivos, la pregunta es: si se llegan a perseguir ¿quién y cómo va a monitorear la actividad que realizo en Internet? Se estarían vulnerando los derechos, porque para que un tercero se dé cuenta, significa que monitorea mi actividad", señaló a IPS Agustín Ríos, vicepresidente del Comité Jurídico de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).
Esta organización aglutina a las empresas vinculadas con la llamada autopista de la información.
En México, hay unos 27,6 millones de usuarios de Internet. En países como Francia y Suecia existen leyes similares a lo que se sugiere en el ACTA.
La constitución mexicana avala el derecho al acceso a la información y a la privacidad, por lo cual un tratado éste podría entrar en contradicción con esas garantías.
Hasta ahora, las tratativas han sido secretas, lo que ha enfurecido a organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos, Europa y México.
Los borradores se filtraron en varias páginas de Internet en noviembre, por lo cual trascendió lo que esas naciones negocian.
En marzo pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución mediante la cual instó a revelar todos los documentos relacionados con ACTA. Pero el gobierno estadounidense rechazó esa petición con el pretexto de asuntos de seguridad nacional.
En México, el estatal Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Secretaría (ministerio) de Economía y la Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR) están a cargo de los entendimientos.
En junio de 2008 se efectuó en la ciudad suiza de Ginebra la primera ronda de negociaciones con la participación de delegados de Australia, Canadá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Japón, Marruecos, México, Nueva Zelanda y la UE.
La segunda ronda se celebró en julio de ese mismo año en Washington con la presencia de los mismos actores, más Singapur y Suiza.
Luego se volvieron a encontrar en octubre de ese año en Tokio y en diciembre en París. La reunión anual de 2009 tuvo lugar en noviembre en Seúl.
El tema de ACTA ha sido debatido profusamente en blog y redes sociales como Facebook y Twitter.
"Las reformas propuestas con la firma de este tratado trastornarían la naturaleza de Internet para convertir a la red en una especie de televisión por cable, donde los proveedores seleccionarían el contenido transmitido por su red y el usuario pagaría por cada contenido extra (pay per view)", escribió Antonio Martínez, editor de la bitácora electrónica criticapura.com y promotor de una Red libre.
"Es crucial manifestar nuestro desacuerdo a la falta de transparencia en este tratado y hacer saber nuestras preocupaciones por las violaciones a derechos civiles fundamentales y de acceso a la información que ACTA propone de acuerdo a la poca información que se tiene", resaltó la página electrónica openacta.org, construida para comunicar y debatir sobre el acuerdo.
"No tiene sentido negociar este acuerdo, porque primeramente ya existen tratados internacionales que abordan esta problemática, que es cooperación internacional para combatir la falsificación y la piratería, y también existen disposiciones sobre derechos de autor. No estamos en un momento adecuado para firmar este tratado", resaltó Ríos.
México está en la mira de Washington por la falsificación y distribución de películas, música y programas de computadoras.
En este país, seis de cada 10 discos compactos musicales (CD) son copias ilegales y tres de cada cuatro videojuegos son falsos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a las 30 naciones más ricas del planeta.
En agosto, el IMPI envió al Congreso legislativo un reporte sobre el avance de la piratería. En 2007 las autoridades incautaron 2,6 millones de mercancías por valor de unos 800.000 dólares y, en el primer semestre de 2009, la PGR decomisó más de 53 millones de artículos piratas.
Los cuatro sectores más perjudicados son los programas de computadoras, música, cine y libros.
En su agenda para el primer semestre de 2010, el Senado planea aprobar reformas a las leyes de Aduanas y de Derechos de Autor. Los cambios propuestos incluyen la creación de un Padrón Único de Marcas de Importación para reducir la cifra de productos piratas que pasan por las aduanas mexicanas.
Por ley, únicamente el presidente de la República puede firmar tratados internacionales, con la aprobación del Senado. Por esa razón, la Cámara Alta solicitó al gobierno todos los textos vinculados con el ACTA.
La AMIPCI pedirá al Senado a que cite al director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Jorge Amigo, para que explique los entretelones de las negociaciones del tratado propuesto.
Debido a lo que consideran limitaciones para proteger la propiedad intelectual, y el funcionamiento de esos organismos, el grupo de países pretende crear un marco legal paralelo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y sus tratados. Y de esa forma se saltarían las tradicionales duras posturas de países como Brasil, China, India o Rusia.
En diciembre de 1996, los miembros de la OMPI suscribieron los tratados sobre Derechos de Autor e Interpretación o Ejecución y Fonogramas, que cobraron rigor en 2002. El primero abarca los programas de computación y bases de datos, y protege los derechos de distribución, de alquiler y de comunicación al público de esos materiales.
En tanto, el segundo engloba los derechos de propiedad intelectual de los intérpretes, como actores, cantantes y músicos, y los productores de fonogramas.
Estos instrumentos legales vinculantes coexisten con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, contenido en uno de los anexos del convenio que dio origen a la Organización Mundial del Comercio en 1994, y que versa sobre las propiedades industriales e intelectuales y su nexo con el intercambio mundial.
"Compartir el conocimiento y la información no es nunca piratería y falsificación. No se pueden poner los derechos de la propiedad intelectual antes que los derechos de los ciudadanos. Hay que legislar Internet para abrirlo, garantizarlo, ampliarlo, No coartarlo ni limitarlo", señala el sitio openacta.org.
