SAN SALVADOR – Los sistemas públicos de salud en América Central ya son de por sí precarios y la atención en salud mental permanece aún más rezagada.
Históricamente marcada por estigmas socioculturales, ha sido orillada por los Estados, que le destinan escasos recursos y la mantienen al margen de las prioridades sanitarias, mientras muchas personas también evitan buscar ayuda especializada por esa mala fama.
Esa precariedad en los sistemas de salud públicos empuja a muchas personas a buscar psicólogos o psiquiatras privados, a pesar del elevado costo: unos 50 dólares por sesión, en promedio.
“Si no hubiera sido por unos amigos de mi mamá, no hubiera podido ver a un psiquiatra, yo no tenía dinero para pagarlo”, contó a IPS un joven que se identificó solo como Eduardo, un comunicólogo salvadoreño que en 2021 empezó un tratamiento especializado debido a una pronunciada ansiedad, que derivó en ideas suicidas.
Según narró, esos amigos familiares supieron de su situación médica y decidieron apoyarlo con el costo del tratamiento, que implicaba una sesión semanal y la compra de varios medicamentos.
“Si no hubiera sido por unos amigos de mi mamá, no hubiera podido ver a un psiquiatra, yo no tenía dinero para pagarlo”: Eduardo.
“Cada sesión costaba 80 dólares”, afirmó Eduardo, de 36 años. Sus ideas suicidas lo llevaron a atentar contra su vida en dos ocasiones, en diferentes momentos.
Eduardo señaló que, si bien sabía que en el sistema público podría haber obtenido acceso a un psiquiatra o psicólogo, podía llevarle meses poder ver finalmente a uno, dado lo saturado del sistema de salud público en El Salvador.
Radiografía regional
América Central es una región de siete naciones, 53 millones de personas y de muchas carencias económicas más aún sociales. Un 30 % de los habitantes vive en pobreza, unos 16 millones, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El istmo enfrenta los mismos problemas de cobertura médica psicológica que, en general, suceden en el resto de América Latina, en donde una de cada cuatro personas experimentará un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, según un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
Los servicios en esa área médica son escasos en toda la región, y su asequibilidad sigue siendo un reto, refiere el informe.
Esta escasez, añade, se refleja en la baja disponibilidad de especialistas: en promedio, América Latina tiene 3,4 psiquiatras por cada 100 000 personas, muy por debajo de la media de más de 18 en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de países ricos occidentales.
“Es una deuda grande que tiene el Estado, frente a la necesidad de cubrir la salud mental”, señaló a IPS Elsa Medrano, presidenta de la Asociación Hondureña del Teléfono de la Esperanza.
Desde 2006, esa organización no gubernamental brinda apoyo emocional gratuito y confidencial a personas en crisis, a través de la línea telefónica 150. Su labor se centra en acompañar a quienes atraviesan situaciones como ansiedad, depresión, soledad o pensamientos suicidas, ofreciendo contención inmediata y orientación básica.
El servicio es atendido por voluntarios capacitados en atender esas situaciones, y funciona como un primer punto de ayuda. Pero en casos de crisis, como suicidio, la institución ofrece ayuda personal en sus tres sedes: San Pedro Sula, La Ceiba y en Tegucigalpa, la capital de Honduras.
Medrano detalló que la salud emocional no se diferencia mucho de las necesidades y deficiencias en la salud física, y si hay una deuda pendiente o una mora en ese campo, que es algo más tangible, más observable, “mucho más grave es a nivel de la salud mental”.
Según estadísticas de su organización, en 2025, los tres centros que operan la línea 150 atendieron unas 3100 llamadas, lo que da una idea de la demanda de apoyo emocional. La mayor proporción correspondió a crisis diversas (36 %), vinculadas a traumas, enfermedades, violencia o problemas económicos y laborales.
Le siguieron las crisis relacionales (29 %), como rupturas de pareja o conflictos familiares. Un 26 % de las llamadas estuvo vinculado con suicidio, mientras que el restante 9 % fue de carácter informativo u otros motivos.
La carga del estigma
El estigma asociado a los trastornos mentales sigue siendo una barrera clave para acceder a atención.
Medrano comentó que si bien la estigmatización de la salud mental ha ido disminuyendo, ese sigue siendo un tema tabú, poco hablado.
Muchas personas evitan buscar ayuda por miedo a ser juzgadas, discriminadas o etiquetadas, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento.
Esa percepción social no solo invisibiliza el problema, sino que también profundiza el aislamiento y agrava los padecimientos, al impedir que quienes lo necesitan acudan a servicios de apoyo psicológico o psiquiátrico.
“Algo positivo es que hoy día hay más conciencia sobre la importancia de la salud mental, emocional, y cada vez percibimos que se va superando más”, recalcó.
El estigma asociado a la salud mental en Centroamérica tiene raíces históricas profundas. A finales del siglo XIX, las personas con trastornos mentales no eran tratadas como pacientes, sino como sujetos a controlar o aislar.
En 1894, en El Salvador se creó la llamada “Casa de las Locas” para mujeres, mientras que los hombres eran recluidos en bartolinas (calabozos) municipales, reflejando un enfoque punitivo y discriminatorio más que sanitario.
Ese mismo patrón se institucionalizó en el siglo XX con la creación de instituciones como el “Asilo de Dementes”, antecedente del actual Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez, en El Salvador, o el Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora, fundado en Guatemala en 1880.
Aunque estos espacios marcaron el inicio de la atención psiquiátrica formal, nacieron bajo una lógica de encierro y aislamiento. Ese legado histórico ayuda a explicar por qué hoy persiste el estigma, dificultando que muchas personas busquen ayuda.
Predomina la depresión
Otra investigación del Pnud afirma que, en El Salvador, tres de cada 10 adultos presentan algún trastorno, y entre la población adulta mayor predomina la depresión, que afecta a una de cada cuatro.
Factores como el duelo, enfermedades crónicas, pérdida de movilidad, aislamiento social y falta de apoyo comunitario agravan la situación. La necesidad de seguir trabajando y la dependencia económica, en ausencia de pensiones y acceso adecuado a servicios, terminan deteriorando aún más su bienestar mental, destaca el reporte.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los trastornos de salud mental representan una carga significativa pero a menudo invisibilizada, con efectos que van más allá del ámbito sanitario.
Esas condiciones pueden afectar el desarrollo a lo largo del ciclo de vida, incidiendo en el rendimiento educativo, las relaciones sociales y la inserción laboral. Además, están estrechamente vinculadas a factores socioeconómicos: la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a servicios pueden aumentar el riesgo de padecimientos mentales.
Un reporte, que analiza diversos estudios sobre el tema en América Central, establece que en la región uno de los principales avances ha sido el reconocimiento formal de la salud mental como un derecho humano en leyes y políticas.
Sin embargo, “su implementación sigue siendo limitada, en parte por la falta de actualización de marcos legales y por una baja asignación de recursos, lo que reduce la capacidad de los sistemas de salud para responder adecuadamente”.
Otro desafío clave es la centralización de los servicios en las capitales, lo que limita el acceso para quienes viven en zonas rurales. Pese a algunos esfuerzos de descentralización, la concentración de recursos en las principales ciudades profundiza las desigualdades en el acceso a la atención en salud mental.
Los contextos políticos en Centroamérica
En Centroamérica, los contextos políticos o sociales recientes también inciden en la salud mental de la población.
La represión política en Nicaragua, iniciada por el gobierno en 2018 para frenar un levantamiento civil, ha generado entornos de incertidumbre, miedo y tensión constante.
A eso se suman las altas tasas de homicidios en Honduras, debido a la violencia pandilleril, que mantiene en zozobra a la población.
En 2011 Honduras alcanzó una tasa de alrededor de 83–85 homicidios por cada 100 000 habitantes, por lo cual el país fue considerado el más violento del mundo fuera de contextos de guerra.
Esas condiciones políticas y sociales pueden profundizar angustias preexistentes o detonar nuevas afectaciones emocionales, que en algunos casos derivan en trastornos de ansiedad, depresión u otros desequilibrios mentales, especialmente entre personas directamente expuestas a estas dinámicas.
Carmen es una periodista nicaragüense que fue forzada por el gobierno de su país a irse al exilio, al final de aquel levantamiento social contra el gobernante Daniel Ortega. En la entrevista con IPS, desde México, pidió no mencionar su apellido para proteger a su familia que quedó en Nicaragua.
Hace ocho años, mientras realizaba coberturas sobre violencia estatal en su país, Carmen comenzó a desarrollar cuadros de pánico intensos, caracterizados por insomnio, angustia extrema y una sensación constante de peligro o muerte inminente.
También le pueden interesar:
Los latinoamericanos fuertes por fuera y luchando con sus mentes por dentro
La ONU adopta declaración política en favor de la salud mental
Inicialmente, no lograba identificar lo que le ocurría, y los exámenes médicos no mostraban causas físicas, lo que retrasó la comprensión de su condición.
Con el tiempo y ante la recurrencia de los episodios, buscó atención profesional y fue diagnosticada con ansiedad severa. Su tratamiento incluyó tanto terapia psicológica como intervención psiquiátrica con ansiolíticos y antidepresivos.
Sin embargo, su situación se agravó debido al contexto externo: la presión política.
“En contextos como los nuestros en Centroamérica, con tanta tensión económica, política, de la violencia social, de la falta de oportunidades, de todo lo que estresa al ser humano en este sistema, tiene una consecuencia en nuestros cuerpos”, subrayó Carmen, de 62 años.
La periodista afirmó que, en su país, una consulta psiquiátrica ronda los 40 dólares, en un contexto donde el salario mínimo es de aproximadamente 150 dólares mensuales.
El costo de su tratamiento fue posible con la ayuda de su familia.
“Para la mayor parte de la gente ir al psicólogo en mi país es bastante costoso”, señaló.
Esto convierte la atención psiquiátrica en un servicio prácticamente inaccesible para la mayoría, incluso si existen servicios psicológicos públicos que no cubren la complejidad de estos casos.
Tanto el salvadoreño Eduardo como Carmen han logrado superar los momentos más críticos de su salud mental gracias al acompañamiento psiquiátrico.
ED: EG
