LA HABANA – En los últimos años, Cuba ha incorporado importantes marcos legales que promueven la igualdad. Sin embargo, para una parte significativa de la población Lgbti+, la discriminación por orientación sexual e identidad de género sigue siendo una realidad cotidiana.
La crisis económica agrava aún más este escenario al obstaculizar la implementación de las políticas que debieran garantizar esos derechos.
“Hay mucho interés en no permitir que la situación que estamos viviendo nos haga abandonar el trabajo en función de nuestros derechos y, que lo logrado, se aplique realmente”, dijo a IPS Teresa Fernández, coordinadora de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales (RMLB) de Cuba.
Por ahora, dijo Fernández, no hay una repercusión adicional en su grupo debido al bloqueo petrolero, más allá de la “la misma complicación que han recibido todos los habitantes de nuestro país: la falta de electricidad, problemas con el agua, el costo de la vida”.
Desde el 4 de mayo, el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) desarrolla Las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, que concluirán el 21 de mayo, una actividad anual que ocurre desde 2008 cuyo propósito es contribuir al ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas mediante la Educación Integral de la Sexualidad.
“Debe existir alguna manera de prohibir que se discrimine a las personas en el acceso al trabajo por su expresión de género”: Teresa Fernández.
La propia iniciativa advierte cómo escenario global político, marcado por el bloqueo petrolero de Estados Unidos hacia Cuba desde finales de enero, “impacta inevitablemente en el acceso al desarrollo pleno de la salud sexual y reproductiva”.
“Ese asunto no se agravó con el circo petrolero. La salud pública estaba ya deteriorada desde antes y se agravó con la pandemia (de la covid-19). La asignación de los recursos, siguiendo el principio de justicia distributiva, no ha sido justa para las personas gais, lesbianas, trans”, dijo a IPS el médico Alberto Roque, activista por los derechos sexuales.
Hoy, la escasez de insumos médicos y profesionales de la salud incide no solo en la atención a las personas de la comunidad Lgbti y los tratamientos de afirmación de género, sino en todos los grupos poblacionales de la isla.
Según Fernández, la reproducción asistida es de los principales problemas para las integrantes de la Red que lidera.
“Es angustioso que una vez que has logrado algo por lo que has luchado tanto, la situación en la que nos encontramos no lo permita. Y tú sabes que hay un reloj biológico y hay solo una cantidad de tiempo de fertilidad.”, dijo.
Por su parte, Roque opinó que “no ha habido una estrategia clara, pública, de qué se va a hacer para que estos recursos se garanticen con la mayor equidad y justicia distributiva posible. Si no hay disponibilidad de un producto se puede entender, pero igual genera malestar (en la comunidad Lgbti), porque se le va la vida a estas personas”.
La Constitución cubana de 2019 abrió paso a una reforma legal que consagra la no discriminación por motivos de sexo, género, orientación sexual e identidad de género, entre otros.
Entre las leyes más relevantes para la comunidad Lgbti+ destacan el Código de las Familias (2022) —aprobado por referéndum con casi 67 % de los votos válidos—, así como el Reglamento de Reproducción Asistida (2022), la Ley de Comunicación Social (2023) y la Ley de Salud Pública (2023).
Para Roque, las principales urgencias de la comunidad Lgbti hoy son la educación sexual, el acceso al trabajo y, en general, la ejecución de las políticas aprobadas.
Educación sexual como asignatura pendiente
“La crisis económica que hemos tenido siempre ha sido la excusa perfecta para que desde 1972, la primera vez que se escribió un programa nacional de educación sexual, no se hablara de este tema hasta el 2021”, dijo Roque.
Pese a que la Resolución 16 del Ministerio de Educación, aprobada en febrero de 2021, establecía un Programa de Educación Integral en Sexualidad con Enfoque de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos para el sistema nacional de enseñanza, su aplicación generalizada ha quedado postergada para “cuando estén las condiciones creadas”.
Las autoridades educativas argumentaron ese mismo año que la “tensa situación económica y epidemiológica” imposibilitaba garantizar la producción de libros de texto, planes, programas y orientaciones metodológicas necesarios para la generalización del programa, así como la preparación adecuada de los docentes.
“La preparación de los profesores tiene que ser importante, porque lo poco que se enseña de educación sexual en las escuelas, no es integral ni participativo, es conservador, extremadamente dogmático y todavía biologicista”, afirmó Roque.
Por su parte, Fernández dijo que la implementación de la educación sexual en la enseñanza depende de gestiones que desbordan el ámbito de las organizaciones civiles y, en cambio, corresponde al Cenesex articular con los ministerios competentes.
Mientras tanto, la RMLB promueve información por sus propios medios. Han elaborado, por ejemplo, un tríptico sobre el acoso homofóbico en las escuelas, a través de un proyecto denominado Com_una Hereje, en la ciudad de Santa Clara, a 278 kilómetros al este de La Habana.
“Se trata por lo menos de acercarse, de plantear las realidades, de acompañar en lo posible”, explicó Fernández
Roque va más allá al diagnosticar un problema estructural: las leyes de avanzada no se ejecutan porque las políticas específicas —traducidas en resoluciones, reglamentos y programas— siguen siendo “letra muerta”.
A su juicio, el programa de educación sexual integral, más que un programa, debería ser una ley. “La ley lo convertiría en un instrumento jurídico vinculante que implica cumplimiento”, dijo.
Protección contra la discriminación de género
A pesar del amplio marco legal aprobado en los últimos años, la discriminación por orientación sexual e identidad de género sigue siendo una realidad cotidiana en Cuba.
Fernández explicó que “la cuestión es lo solapado, lo difícil que es demostrar que te discriminan por ser mujer lesbiana”.
“Ha habido casos de personas que han ido a buscar un trabajo y, como su expresión de género no es la famosa criollita cubana (de caderas anchas y cinturas estrechas, como las dibujaba el caricaturista cubano Luis Felipe Wilson), dicen que la plaza está ocupada”, detalló.
Frente a esta realidad, el gobierno cubano instituyó en junio de 2023 la Dirección Nacional de Defensoría, adscrita al Ministerio de Justicia.
Concebida como un recurso legal para proteger a personas en situación de vulnerabilidad —con especial énfasis en la infancia, los adultos mayores y las víctimas de violencia o tratos discriminatorios—, su creación fue presentada como un mecanismo de protección ciudadana
Sin embargo, para el activista Roque, “la Defensoría sigue siendo una institución débil. Hay una disparidad entre profesionales disponibles y la cantidad de casos que le llegan”.
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En noviembre de 2025, también se inauguró en Cuba la Oficina Especializada para la Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, una iniciativa de la Organización Nacional de Bufetes que ya tiene 40 sedes a lo largo de la isla.
La abogada Ana Isabel Zamora, perteneciente a una de las oficinas en La Habana, explicó a IPS que el rol de la iniciativa es ofrecer asesoría legal, la representación procesal y el acompañamiento a las víctimas de violencia de género.
Pero en sus primeros meses, su oficina ha atendido apenas unos 20 casos.
Zamora reconoció que “aún no está todo lo visibilizada que quisiéramos. Por miedo, por pena, por estereotipos, las víctimas no logran acudir a estos lugares donde se les puede prestar ayuda”
En el ámbito laboral, el anteproyecto del nuevo Código de Trabajo —aún sin someterse a aprobación— podría suponer un avance significativo.
Fernández señaló que los activistas de la Comunidad Lgtbti+ fueron consultados a través del Cenesex y sus propuestas fueron recogidas.
“Debe existir alguna manera de prohibir que se discrimine a las personas en el acceso al trabajo por su expresión de género”, agregó.
El anteproyecto, en efecto, prohíbe explícitamente la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Sin embargo, Roque advirtió que el riesgo pudiera ser el mismo del vigente Código del Trabajo aprobado en 2013: “la no implementación de reglamentos específicos para transformar la realidad y hacer valer esa ley general en los espacios laborales realmente existentes”.
“Todo lo que estamos hablando aquí es especulativo porque no hay monitoreo de discriminación en Cuba, un gran problema que sigue vigente y llevamos ya años aprobando leyes”, sentenció.
