Para que Argentina tenga una justicia con perspectiva de género, más importante que superar el desequilibrio hombre-mujer a medida que se escala en el Poder Judicial, es garantizar la auténtica inclusión de ese enfoque en las sentencias, las dicten juezas o jueces, coinciden especialistas.
Según Gherardi, tanto en Argentina como en los demás países de América Latina, la proporción de mujeres en el Poder Judicial "no es representativa de la cantidad que egresa de las carreras de derecho", donde desde hace 20 años y en forma sostenida son mujeres la mayoría de quienes obtienen el título de abogacía.
No obstante, son pocas las que llegan a las instancias superiores de este poder del Estado. De acuerdo al Informe sobre Género y Derechos Humanos 2005-2008 de ELA, lanzado el lunes 7, entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus homólogas en las 23 provincias, hay apenas 20 por ciento de juezas.
Ese promedio oculta conquistas recientes como la incorporación de dos magistradas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y retrasos en siete provincias —30 por ciento del total— donde no hay ninguna mujer en los máximos tribunales respectivos.
[related_articles]
Los datos del estudio muestran que existe una "evidente segregación vertical" que mantiene a las juezas en instancias inferiores o en fueros tradicionalmente asociados a su género como el civil, el administrativo o el laboral. En cambio, son excepción en el fuero federal y en el penal, añade.
"Parecería existir un techo de cristal en el ámbito jurídico", alerta el trabajo. "A pesar de que las mujeres conforman la mayoría de abogados, esa alta proporción no se refleja en el Poder Judicial". Al contrario, "la participación de las mujeres cae a medida que aumenta la jerarquía de los tribunales".
Sin embargo, la investigación también previene sobre lo vana que puede resultar la meta de la equidad cuantitativa.
Las autoras analizan la paridad alcanzada en el Congreso legislativo gracias a la ley de cupo, un caso con pocos antecedentes en el mundo por la alta proporción de asientos que logró cosechar, y plantean dudas acerca de la representación de los intereses de las mujeres a partir de ese mayor número.
"Por razones de democracia, las mujeres tienen derecho a ocupar un mayor número de bancas en el Congreso, pero eso no significa que sean ellas las que van a sancionar las leyes que necesitan las mujeres", diferenció Gherardi.
A pesar de reivindicar el derecho de participación equitativa de las mujeres en todos los poderes, el estudio advierte que "los números no dicen nada acerca del verdadero grado de inclusión en la vida pública ni del nivel de influencia e impacto que han logrado ejercer en sus respectivos puestos".
Frente a esta experiencia, Gherardi señaló que para el Poder Judicial, si lo que se quiere es "incidir en la manera de administrar justicia, hay que aportar elementos de juicio con mirada de género a jueces y juezas".
"Para promover la defensa de los derechos de las mujeres no tengo que buscar como aliadas mujeres, sino jueces y juezas capacitados", añadió.
La Comisión de Género de la Defensoría General de la Nación está realizando una tarea con ese objetivo. Todos los magistrados, defensores públicos, funcionarios y empleados de esa institución encargada de proteger los intereses de las personas deben asistir a un curso de capacitación en la perspectiva de género, que la comisión brinda mensualmente.
LA EQUIDAD NO ES SÓLO NÚMEROS
"Que haya una mujer en la magistratura no garantiza la perspectiva de género", explicó a IPS Julieta Di Corleto, que trabaja en la comisión que imparte los cursos. "Hay que formar a hombres y mujeres en esta mirada para cuando les toca intervenir en asuntos de violencia, por ejemplo".
Para Di Corleto, si hay una mujer imputada de matar al marido, es importante que el hecho se analice en el contexto de la violencia machista. "Se debe hacer lo posible por no revictimizar a la mujer, por quitar del medio los prejuicios, y eso lo deben hacer tanto hombres como mujeres", señaló.
Al respecto, el estudio de ELA señala que la cuestión de la representación femenina no debe limitarse a considerar la mayor inclusión de las mujeres como una exigencia básica de justicia o democracia, sino que también deben atribuirse ciertas responsabilidades en los cargos públicos.
No obstante, advierte que, a diferencia de otros poderes, en la justicia se requiere formación excluyente. Si bien la mayoría de egresados de derecho son efectivamente mujeres, su participación en el Poder Judicial "no es uniforme".
Para romper esta barrera invisible, los movimientos de mujeres se esperanzaron con la creación del Consejo de la Magistratura, una institución que tiene poco más de una década en Argentina y que surgió como parte de la reforma constitucional de 1994 para hacer más transparente la designación de jueces.
Pero un estudio de Paola Bergallo, profesora de derecho de la Universidad de San Andrés, mostró que el nuevo sistema de selección podría haber generado una falsa expectativa respecto de la equidad de género.
El Consejo es un sistema de selección de jueces y magistrados que combina el mérito con la designación política. Un consejo de representantes de los tres poderes y del cuerpo de abogados convoca a concurso para cubrir cargos y los candidatos pasan por exámenes y audiencias.
Los consejeros proponen finalmente una terna de aspirantes al presidente de la República, que los nombrará con acuerdo del Senado. "Estos mecanismos pueden desincentivar a las aspirantes e impactar en el género de los nombramientos resultantes", sostuvo Bergallo a IPS.
"Muchos asumen que estos mecanismos de selección, que combinan procedimientos meritocráticos con una etapa política, pueden facilitar el aumento de la participación de mujeres en la judicatura, pero no siempre es así", dijo Bergallo, autora de la investigación "¿Un techo de cristal en el Poder Judicial?".
"Esta presunción supone que las mujeres tienen más facilidad para acumular antecedentes profesionales que favores políticos. Sin embargo, la evidencia empírica no es concluyente a favor de esta hipótesis", advirtió.
Bergallo señaló que el nuevo procedimiento puede estar "moldeado para privilegiar méritos de varones". Y, además, "la gran exigencia de acumulación de méritos puede terminar desincentivando a las candidatas", dijo en referencia a los posgrados, cargos docentes y publicaciones que se sopesan en la selección.
"El mecanismo meritocrático y la supuesta neutralidad de género, combinada con la falta de compromiso del Poder Ejecutivo y del Senado en fomentar la nominación de mujeres, contribuye a ahondar la segregación en su acceso a la magistratura y a las instancias más importantes de toma de decisión en el Poder Judicial", concluyó.
En cambio, observó, si en lugar de este sistema de selección, con aparente neutralidad de género, se adopta un procedimiento político pero con voluntad de avanzar en la incorporación de mujeres, el resultado podría ser mejor.
"Los órganos políticos pueden tener un compromiso serio con acciones afirmativas para fomentar la presencia de mujeres en el Poder Judicial y promover más designaciones de mujeres que el procedimiento pseudo-meritocrático", advirtió.
Esto se vio, dijo, en Estados Unidos durante los gobiernos de Jimmy Carter (1977-1981) y Bill Clinton (1993-2001).
"En esas dos presidencias hubo voluntad y el número de designaciones de mujeres no tuvo precedentes", dijo. En cambio en Argentina, puede ocurrir que ante una terna de aspirantes que pasaron las pruebas de mérito donde hay dos mujeres y un varón, el presidente, o la presidenta, elijan al varón, especuló.
"En definitiva, no creo que pueda asegurarse que la presencia de un número importante de mujeres en lugares de decisión en el Poder Judicial dependa del mecanismo de selección de jueces, sino de los compromisos institucionales con la promoción de la igualdad real de oportunidades entre los sexos", resumió.
