Las mujeres indígenas nunca ocuparon un escaño en el Congreso nacional de México. Dos de ellas, una por el oficialismo y otra por la oposición de izquierda, pretenden cambiar esa historia en las elecciones legislativas de julio.
Que este grupo social no haya accedido a un curul legislativo nacional es un hecho vinculado a su condición de marginalidad. Cifras oficiales indican que 34,5 por ciento de las indígenas son analfabetas frente a 19,6 por ciento de los hombres.
Además, de cada 10 personas que sólo hablan una lengua vernácula y no la oficial española, seis son mujeres en este país que tiene unos 104 millones de habitantes, más de 51 por ciento mujeres, y donde subsisten 62 pueblos originarios con sus respectivos idiomas.
En algunas zonas rurales remotas, sobre todo de los sureños estados de Oaxaca y Chiapas, persisten tradiciones como vender en matrimonio a jóvenes indígenas o relegarlas en una cárcel comunitaria tan sólo por pretender asistir a una asamblea regida por los llamados usos y costumbres.
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"Nuestro paso es de sufrimiento y obstáculos, hay comunidades donde aún creen que si una mujer se mete en política habrá un terremoto y algunas familias consideran que no debemos estudiar, que eso es de hombres", dijo a IPS la zapoteca Rogelia González.
González va a competir por un escaño legislativo por Oaxaca, un estado donde 47,9 por ciento de la población pertenece a alguna etnia.
"En varias comunidades indígenas nos somete el machismo, que es ancestral y hay que denunciarlo sin miedo", señaló González, quien se describe como "muy afortunada por ser candidata, aunque tenga poca oportunidad de ganar".
Un estudio del gubernamental Instituto Nacional de las Mujeres, realizado con base en una encuesta de hogares en 2003, indica que 75 por ciento de las mujeres indígenas piensan que una buena esposa debe obedecer a su pareja y 84 por ciento creen que el hombre es responsable de los gastos familiares.
Un tercio de las indígenas consultadas opinaron que el marido tiene derecho a golpearlas si no cumplen con sus obligaciones, 42,6 por ciento recordaron que le pegaban cuando eran niñas y 46,6 consideraron que si los hijos se portan mal, sus padres tienen todo el derecho de golpearlos.
ABREN RENDIJAS Y DESPUÉS LAS CIERRAN
Las cúpulas del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) y del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenece González, dieron en febrero la impresión de alentar cambios en la tradicional marginación de las indígenas al inscribir a dos precandidatas a diputaciones nacionales. Pero en este mes de abril, la situación dio un vuelco.
México elegirá el 5 de julio a 500 diputados federales, seis gobernadores estaduales, 565 presidentes municipales (alcaldes) y 434 legisladores estaduales.
"Me borraron de la lista de candidatos, pero sé que aún tengo oportunidad, así que espero que el PAN reflexione, si no tomaré medidas que no quiero adelantar", declaró a IPS Cecilia López, tzeltal de Chiapas, estado donde 28,5 por ciento de la población es aborigen.
Esta mujer de 34 años transitó a pulso de la pobreza extrema a obtener un título universitario de psicóloga y ahora es coordinadora de proyectos sociales del gobierno en zonas rurales de Chiapas. Se inscribió como precandidata a diputada nacional por el PAN, luego de que la gente reunida en asambleas comunitarias de la región resolvió que ella debía representarla.
"La misma esposa del presidente (Margarita Zavala) dijo que me apoyaba, decía que era mi comadre, además mis hermanos de los Altos de Chiapas (zona de alta presencia indígena) decidieron que participe", apuntó.
A mediados de este mes, la dirigencia del PAN eliminó a López de la lista de candidatos y la sustituyó por un empresario que no es indígena ni ha trabajado en la zona que dice representar.
López busca que el PAN revierta esa decisión y la postule, pero tiene que ser antes del 2 de mayo, cuando vence el plazo para inscribir las listas de candidatos. "Todavía tengo oportunidad", expresó.
Para González la situación fue otra, pero con resultados muy similares.
Esta indígena de 48 años, maestra bilingüe y militante del izquierdista PRD, pretende un escaño por su natal Oaxaca, estado de 570 municipios, 418 de los cuales se rigen por usos y costumbres. Tras animarla a competir, la dirigencia del partido ubicó a González en el puesto 11 entre 15 candidatos a una lista plurinominal. En esta modalidad, la proporción de votos totales otorga bancas adicionales que salen de las candidaturas nominales.
Ubicar un candidato o candidata en el puesto 11 de una lista plurinominal es casi como dejarlo fuera de competencia. "Yo lo reconozco, nunca son electos más de cinco de la lista, y en casos extremos hasta siete y eso cuando el partido arrasa", señaló González a IPS.
"Las mujeres indígenas no hemos llegado al parlamento y en julio parece que no será la excepción. Yo creo que esto es porque las decisiones de las candidaturas siempre las toman los hombres, porque pesa más la opinión de un gobernador, y porque somos indígenas y nos discriminan", expresó González, quien milita en la izquierda desde los años 80.
VIVIR CON DOBLE DISCRIMINACIÓN
González y López describieron a su niñez y juventud como muy difíciles, pues en sus comunidades persistía la tradición de que las mujeres no requieren estudiar y deben casarse muy jóvenes.
Ambas coincidieron en que tales creencias han ido cediendo en algunas zonas gracias al trabajo de entidades del gobierno y la sociedad civil así como al liderazgo de mujeres y hombres indígenas.
López es originaria de Oxchuc, un municipio de unos 40.000 habitantes que viven dispersos en 10 pequeños pueblos. La gran mayoría son familias tzeltales dedicadas a la agricultura. Según los censos, unas 285.000 personas pertenecen a esa etnia, de una población indígena total de unos 12 millones.
Oxchuc es vecino de las zonas de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), guerrilla indigenista que se levantó en armas en enero de 1994.
Tras enfrentarse con militares por dos semanas, el EZLN aceptó entablar diálogos de paz con el gobierno, adquirió un corte pacifista y hoy es un actor marginal en la política mexicana.
En el caso de González, su lugar de origen es Juchitán de Zaragoza, una de las ciudades más pobladas de Oaxaca, con unos 90.000 habitantes y ubicada a pocos kilómetros de las costas del Pacífico. Allí, el comercio es una de las actividades económicas principales.
González, que reparte su tiempo entre el activismo político, la subdirección de un centro preescolar bilingüe y el comando de una red de centros de atención a mujeres víctimas de violencia, es de la etnia zapoteca, a la que pertenecen unas 452.000 personas.
"Los hombres por machismo no hemos respetado nada a las mujeres, pero hay cambios, se están dando, como las candidaturas a diputadas, y eso es bueno", declaró a IPS el tzeltal Valdemar Morales, ingeniero civil que apoya la candidatura de López por el PAN.
En marzo, la zapoteca Eufrosina Cruz presentó en la capital mexicana una asociación civil para combatir la persistencia de lo que llama "abusos y costumbres" indígenas en muchas comunidades, sobre todo en Oaxaca.
Las leyes que amparan las normativas consuetudinarias advierten que no pueden vulnerar derechos constitucionales, lo que no siempre se cumple.
Dos años atrás, Cruz de 29 años no pudo postularse para alcaldesa en atención a los usos y costumbres de su comunidad, que cierra esa posibilidad a las mujeres. Ella lo denunció y puso el tema en debate, lo que llevó a legisladores de ese estado a dictar normativas más precisas contra la discriminación de la población femenina.
En el actual debate para los comicios de julio, prácticamente nadie se refiere al hecho que las mujeres indígenas mantengan escasas oportunidades de llegar a ser diputadas nacionales. Además, no parece sorprender que jamás hayan accedido al parlamento.
"Gradualmente, tanto la legislación como la sociedad en general, han ido dando cabida a los derechos de la mujer y procurando su inserción en la vida nacional", declaró a IPS Martha Díaz, secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas del Cámara de Diputados.
"Es un proceso necesariamente inacabado y en algunos casos, como el de las mujeres indígenas, muy lento y poco perceptible", admitió.
Díaz, del gobernante PAN, hizo votos para que pronto mujeres indígenas tengan un espacio en el Poder Legislativo. Desde su punto de vista se requieren políticas que les den oportunidades de educación, y mayor trabajo del Estado en las comunidades.
LAS INDÍGENAS NECESITAN SU PROPIA CUOTA
Para promover la equidad de género, la normativa electoral vigente obliga a los partidos políticos a que en sus listas para cargos elegibles al menos 40 por ciento sean mujeres. Pero no obliga a nada en cuanto a mujeres indígenas o negras y tampoco menciona a las minorías sexuales.
La ley no ha sido muy efectiva porque en ocasiones los partidos hacen trampas, como colocar a mujeres como suplentes de los candidatos titulares, señaló a IPS Emilienne De León, directora de la organización no gubernamental Semillas, que entre sus actividades a favor de la mujer impulsa el liderazgo indígena.
De León cree que es necesario que se dicten leyes que obliguen a los partidos políticos a postular a todo tipo de cargos a un porcentaje de mujeres indígenas, negras o de minorías sexuales. "Ese tipo de normas son necesarias para alentar la equidad y representatividad", opinó.
En la Cámara de Diputados, donde los escaños se renuevan cada tres años, la representación femenina fue de 24 por ciento en promedio en los últimos seis años. En el Senado, elegido cada seis años, es de 21 por ciento. En ninguna de las dos ramas legislativas hubo mujeres indígenas.
En cuanto a presidencias municipales (alcaldías) y diputaciones estaduales (parlamentos regionales), sí hay algunos casos muy aislados de mujeres indígenas que ocuparon esas posiciones.
Los hombres aborígenes tampoco tienen fácil el acceder a cargos elegibles, y el número de los que han logrado llegar al parlamento bicameral es escaso. Pero las indígenas soportan barreras dentro y fuera de su comunidad que les cierran la participación política.
