LIMA – El miedo de la población ante la ola de criminalidad en Perú está siendo utilizado por el gobierno de Keiko Fujimori para endurecer las medidas represivas y establecer mayores restricciones para el ejercicio de las libertades civiles y derechos humanos.
“No creo que el actual gobierno de Keiko Fujimori esté en proceso de resolver el grave problema de inseguridad ciudadana que vivimos en el país”, declaró a IPS Rocío Silva, activista de derechos humanos y directora del no gubernamental Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Demus.
Encuestas del mes de septiembre indican que siete de cada 10 peruanos viven con temor por los hechos de criminalidad como secuestro, extorsión y asesinatos.
El 2025 ocurrieron 2218 homicidios según el Sistema Informático Nacional de Defunciones, mientras que durante el primer semestre de este año se registraban ya 1431.
Asimismo, el Ministerio Público, institución encargada de la investigación de los delitos, recibió el 2025 cerca de 28 000 denuncias por extorsión, y el primer semestre de este año se acercaban a las 14 000.
La extorsión es un delito extendido que golpea a todos los sectores económicos, en particular a las familias que dependen de sus pequeños negocios, que se ven forzadas a pagar cupos (sumas de dinero) cada día o semanalmente a grupos criminales para poder desarrollar sus actividades. De no hacerlo sufren represalias violentas.
Silva, también exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, recordó que, en el último quinquenio, el Congreso legislativo, dominado por la fujimorista Fuerza Popular y sus aliados conservadores, aprobó ya leyes contra los derechos humanos
Eso le ha aliviado a Keiko Fujimori y su gobierno de extrema derecha el costo político de impulsarlas directamente, desde que el 28 de julio asumió como presidenta la hija y heredera del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), sentenciado y encarcelado por crímenes de lesa humanidad, además de corrupción.
Ella llegó al poder tras vencer en segunda vuelta al izquierdista Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú por una diferencia de menos de 50 000 votos.
Lo hizo con un mensaje de mano dura para lograr un “Perú con orden” porque “sabemos cómo hacerlo”, en un país castigado por la presencia del crimen organizado y por desigualdades estructurales que mantienen en la pobreza a la cuarta parte de su población, estimada en 34 millones de habitantes.
Al llegar al Palacio de Pizarro, sede de la presidencia, demandó facultades legislativas sobre 66 materias a la Cámara de Diputados, que aprobó 20 medidas en solo dos de los ítems requeridos: seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño.
La facultad legislativa es un mecanismo constitucional que faculta al Poder Ejecutivo solicitar permiso al Congreso para dictar leyes en determinadas materias, conocidas como decretos ejecutivos.
La Comisión de Constitución del Senado incorporó siete puntos nuevos que han causado rechazo de las organizaciones sociales por los riesgos que entrañan para el espacio cívico, la expresión del disenso y la movilización social.
El Congreso, que volvió a ser bicameral desde esta legislatura tras 31 años como unicameral, cuenta con 60 senadores y 130 diputados. La gobernante Fuerza Popular cuenta solo con 22 senadores y 41 diputados. Pero puede lograr mayoría sumando al derechista partido Renovación Popular.
Camino allanado para recortar más derechos
Entre las normas aprobadas por el fujimorismo y sus aliados en el periodo 2021-2026 está la Ley 32735 que trasladó al fuero policial y militar los delitos cometidos por efectivos del orden, en lugar de ser procesados en la justicia ordinaria.
También la Ley 32301, que modificó la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que le otorgó nuevas facultades que, en la práctica, suponen acoso y controles para las organizaciones de la sociedad civil. La reforma ha sido muy cuestionada por restringir el derecho de las oenegés a organizarse, expresarse y ejercer la defensa legal contra el Estado.
“Eso ha perjudicado no solo a Demus que es una institución feminista que litiga casos estratégicos. Sino que a todas las oenegés de derechos humanos nos han dicho: ustedes no pueden defender derechos humanos”, cuestionó Silva.
La nueva ley APCI prohíbe usar el dinero de la cooperación internacional para litigar casos contra el Estado peruano en instancias supranacionales, pese a que el artículo 205 de la Constitución Política lo permite cuando no hay respuesta en la justicia interna.
Hechos de violación a los derechos humanos como el impedir el acceso al aborto terapéutico, la esterilización forzada, el secuestro, desaparición y ejecución extrajudicial, entre otros, encontraron una vía de justicia y reparación cuando el fuero interno peruano no respondió.
Silva mencionó también la Ley 32419 que otorga amnistía a efectivos militares y policiales por vulneraciones a los derechos humanos en el periodo del conflicto armado interno (1980-2000) que vivió el país, y que dejó cerca de 70 000 víctimas.
“Con esa ley se está afectando a familiares que están en busca de justicia, como las víctimas de violencia sexual, y propiciando la impunidad”, remarcó.
El informe anual 2025 de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en el mundo, publicado en abril de este año, señaló que en Perú se mantenía la tendencia a reformar o crear leyes para limitar derechos y garantizar el uso desproporcionado de la fuerza contra las manifestaciones y protestas sociales.
Facultades solicitadas no nos beneficiarán
Killa Sotelo es hermana de una víctima de la represión estatal. “Lo que solicita quien se dice presidenta electa, no será en favor de los derechos de la ciudadanía”, afirmó con ironía a IPS.
En diálogo desde su domicilio en la ciudad de Lima, consideró que las facultades legislativas que pide el Ejecutivo dejarán desprotegida a la población, más aún cuando se movilice en defensa de sus derechos.
Ella es hermana de Inti Sotelo, joven de 24 años asesinado durante las movilizaciones del 14 de noviembre de 2020 contra la asunción a la presidencia de la República del legislador Manuel Merino ante la vacancia por el Congreso del entonces mandatario Martín Vizcarra, en una de las más graves crisis políticas que vivió el Perú.
Se demandaba la renuncia de Merino, el fin de la corrupción y el cese de la clase política tradicional. El legislador duró menos de una semana en el cargo y su colega Francisco Sagasti asumió un gobierno de transición y emergencia hasta el 28 de julio del 2021.
“Seguimos en la lucha por justicia para mi hermano, se avanza muy lento. Como familia de una víctima de derechos humanos por responsabilidad del Estado he visto a otras familias que llevan más de 30, 40 años en este caminar”, sostuvo.
Las autoridades confirmaron que Inti Sotelo murió por el impacto de cuatro perdigones, uno de los cuales impactó en su corazón. El año pasado la fiscalía solicitó 35 años de prisión contra 11 policías denunciados como responsables del asesinato.
“No se puede quitar la vida por ejercer el derecho a la protesta. La policía está empoderada con estas leyes que les permiten reprimir de forma abusiva y violenta. Intimidan, golpean, lanzan no solo bombas lacrimógenas de forma indiscriminada, sino también perdigones y balas. Si les dan las facultades que solicitan puede ser todavía peor”, alertó Killa Sotelo.
Ella confía en que los diversos colectivos y movimientos sociales se unifiquen en torno a la defensa del derecho a la vida. “Es importante que como sociedad recuperemos esa línea y desde ese punto nos movamos, no echarnos para atrás, no decir ´es lo mismo de siempre, qué se puede hacer’ porque si perdemos la esperanza, el país caerá más abajo”, dijo.
Los “grupos hostiles”
Entre los siete puntos que sobre seguridad ciudadana añadió la Comisión de Constitución del Senado al dictamen aprobado por Diputados, figura el que incorpora criterios para calificar como “grupos hostiles” a determinadas organizaciones criminales que ataquen a las fuerzas del orden.
Para el dirigente sindical Alex Caballero, esta propuesta tiene como base las leyes aprobadas por el fujimorismo en el anterior quinquenio. “Son leyes para protegerse ellos de los delitos cometidos, pero no de protección de la ciudadanía, así, la extorsión no va a retroceder ni dándole las facultades”, analizó.
Caballero es secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Industrias, Alimentos, Bebidas, Afines y Servicios del Perú, con 35 bases a nivel nacional y cerca de 6000 afiliados.
“Nos preocupa la incorporación de un término genérico como ‘grupos hostiles’ pues podrían incluir a quienes salimos a las calles a protestar por los abusos y reclamar por el respeto a nuestros derechos. Antes hablaban del terrorismo urbano y pretendían combatir a los grupos laborales que salían a movilizarse por sus demandas”, advirtió.
Recordó que con esa calificación se reprimió violentamente las protestas sociales de fines del 2022 e inicios del 2023 tras la destitución y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo (julio 2021-diciembre 2022), maestro rural de izquierdas, por un fallido y confuso intento de golpe.
Esas protestas se saldaron con más de medio centenar de civiles asesinados por las fuerzas del orden bajo el mandato de la presidenta conservadora Dina Boluarte, antes vicepresidenta de Castillo y ratificada por el Congreso como su sucesora.
Consideró que en el actual contexto de mayor autoritarismo del gobierno fujimorista y la aprobación de más leyes que restringirán libertades democráticas, lo que queda es salir a las calles.
“No podemos confiar en la oposición congresal, es más, pueden desmembrarse dentro de poco. Por eso es necesario que tengamos clara la convicción de la defensa de nuestros derechos”, subrayó Caballero.
La presidenta Fujimori anunció un viaje oficial a El Salvador entre el 28 y 31 de octubre de este año para entrevistarte con el mandatario Nayib Bukele y visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), su modelo de cárcel de máxima seguridad, cuestionada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Una encuesta efectuada en septiembre reveló que solo la tercera parte de la población considera que la jefa de Estado está preparada para manejar la inseguridad ciudadana, el problema considerado principal por la ciudadanía.
ED: EG
