Cayeron en saco roto las promesas hechas un año atrás por legisladores de México sobre dictar una norma para acotar el poder de los medios de comunicación electrónicos, terreno donde se destaca el predominio de dos consorcios de televisión. Es que les temen, sostienen activistas sociales.
Según se habían comprometido públicamente los políticos, en marzo estaría lista la nueva ley sobre radio y televisión que sustituiría a la que fue anulada en junio de 2007 por la Suprema Corte de Justicia tras valorarla como contraria a la Constitución y favorable a las firmas televisivas. Los legisladores incumplieron y no hay nuevas promesas sobre el tema.
Observadores consideran que no hay posibilidades de aprobar una ley al menos hasta que pasen las elecciones de julio de 2009, cuando se renovará parte del Congreso legislativo de México. El gobernante Partido Acción Nacional (PAN) relevó el martes de su cargo de coordinador parlamentario a Santiago Creel, en un hecho que observadores vincularon a presiones de las dominantes Televisa y TV Azteca, aunque también a la necesidad de mejorar el perfil del gobierno en esos medios.
El senador Creel, quien fue ministro del Interior del gobierno del también panista Vicente Fox (2000-2006) y que se había pronunciado contra el poder de las televisoras y criticado sus actuaciones, era ignorado casi por completo por esas emisoras, al igual que sucede con otros legisladores y analistas que se han animado a cuestionarlas.
Hay "intereses muy grandes y los políticos son rehenes de ellos", dijo a IPS Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Este grupo integra junto a otras 75 organizaciones sociales el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios, que fue creado en febrero.
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Calleja sostuvo que los legisladores no tienen voluntad ni interés en definir una nueva normativa. Indicó que el Frente Nacional hace un marcaje personal a los legisladores para presionar sobre el tema, pero reconoció que eso es insuficiente.
"No hay presión social y sin eso los legisladores no se animan a tocar intereses que son muy grandes", señaló.
Poco más de siete de cada 10 televidentes mexicanos sintonizan canales de Televisa, mientras dos de ellos ven a las señales del emporio TV Azteca. En radiodifusión, la oferta se concentra en unos 13 grupos empresariales en este país de más de 104 millones de habitantes.
En los últimos años, Televisa y TV Azteca gestionaron ante gobierno y legisladores apoyos para impedir que se sumen otros competidores a los canales locales de televisión de señal abierta.
Además, en muchas ocasiones usan sus espacios radioeléctricos, que son concesiones del Estado, para arremeter contra quienes cuestionan su poder.
En junio del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de México dio un duro golpe a las otrora intocables Televisa y TV Azteca, al declarar inconstitucionales varios preceptos de una ley sobre radio y televisión aprobada bajo su presión en 2006.
Sin otorgar derecho a réplica, esas firmas que acaparan la mayoría de publicidad y sintonía, denostaron las decisiones de los magistrados y atacaron a quienes promovieron la demanda de inconstitucionalidad de la ley.
Los jueces concluyeron que son ilegales las partes centrales de esa norma que permitía a los consorcios que ya manejan estaciones de radio y televisión ofrecer canales digitales por abonados e incursionar en servicios de telecomunicaciones sin pasar por una licitación y sin pagar nada adicional al Estado.
Además, anularon la disposición que indicaba que la entrega de nuevas concesiones se debía hacer por subasta y que ganara quien más dinero ofreciera. También señalaron que es contraria a la Constitución el otorgamiento de permisos por 20 años y que éstos se puedan renovar de forma automática.
Tales normas favorecen la formación de monopolios y la concentración de medios de comunicación en manos de los concesionarios actuales, definió la Corte Suprema de Justicia.
Tras ese fallo, los legisladores prometieron dictar una ley sustitutiva. Además, animados por la resolución, en septiembre y octubre de 2007 aprobaron cambios en las leyes electorales para acotar la publicidad de los partidos políticos y candidatos en las cadenas de televisión y radio.
Ahora es el Instituto Federal Electoral el que canaliza en esos medios toda la propaganda de los partidos, así como los pagos a los que puso limitaciones.
En los comicios presidenciales de julio de 2006, que ganó Felipe Calderón, cerca de 80 por ciento de los más de 324 millones de dólares que los partidos políticos gastaron, y que los contribuyentes aportaron, fue a parar a los dueños de los medios electrónicos por ser los principales difusores de la propaganda electoral.
Tras aprobar las nuevas normativas electorales, los legisladores se abocaron a otros temas y dejaron a un lado su promesa de dictar una nueva ley de radio y televisión.
Se vienen las elecciones legislativas de 2009 y "es muy difícil" que los políticos y el gobierno se atrevan a impulsar nuevas regulaciones para las empresas de televisión, opinó Calleja.
La politóloga Denise Dresser, del Instituto Tecnológico Autónomo de México y también integrante del Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios, declaró que los medios electrónicos de este país "se han convertido en poderes fácticos por encima de las instituciones y con capacidad para doblegar a la clase política".
Dresser sostiene que esos medios distorsionan el comportamiento de las instituciones, cercenan la libertad de expresión y determinar en gran parte el curso de las políticas públicas.
Esta analista exhortó a no perder de vista que el espectro radioeléctrico es un bien público, propiedad de todos los ciudadanos y no de los concesionarios.
