El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, pidió al comandante del ejército, general Mario Montoya, la detención inmediata de tres oficiales y 12 suboficiales de la brigada 17 de esa arma, que operaba en la región bananera del Urabá, en la frontera con Panamá.
Los 15 militares son acusados de participar de una masacre perpetrada en 2005 contra tres niños y ocho adultos de la Comunidad de paz de San José de Apartadó, creada en 1997 por desplazados por la violencia que deseaban instalar un punto neutral en los enfrentamientos armados.
Inicialmente el gobierno de Álvaro Uribe había inculpado de los asesinatos a las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En la carta enviada al general Montoya, la Fiscalía solicita las capturas inmediatas de los subtenientes Alejandro Jaramillo Giraldo, Jorge Humberto Milanés Vega y Édgar García Estupiñán, y de los sargentos segundos Ángel María Padilla Petro, Henry Guasmayán Ortega, Darío José Brango Agamez y Óscar Jaime González.
También se pide la detención inmediata de los cabos Sabaraín Cruz Reina, Ricardo Bastidas Candia, Héctor Londoño Ramírez, Luis Gutiérrez Echeverría, Jesús David Cardona Casas, Yuber Carranza Rodríguez, Ramón Mican Guativa y José Carmona.
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La Comunidad de paz de Apartadó está localizada en medio de una zona muy conflictiva porque allí accionaban tanto la guerrilla izquierdista de las FARC, como los grupos paramilitares de ultraderecha y el ejército colombiano.
Desde 1997, por lo menos 170 miembros de esa comunidad han sido asesinados, pese a que goza de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a que la Corte Constitucional de Colombia pidió protección para sus habitantes en marzo del 2004.
La masacre en cuestión, perpetrada el 21 de febrero del 2005, fue relatada a las autoridades por el ex paramilitar Jorge Luis Salgado, quien acusó a los uniformados y al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de haberla cometido.
Partes del relato de Salgado, publicado por la prensa local, muestra el salvajismo con que fueron ultimadas las víctimas. "Los niños estaban debajo de la cama (…) Propusimos a los comandantes dejarlos en una casa vecina pero dijeron que eran una amenaza, que se volverían guerrilleros en el futuro (…) "Cobra" tomó a la niña del cabello y le pasó el machete por la garganta", dijo Salgado en sus declaraciones a las autoridades.
Los cuerpos mutilados y decapitados fueron abandonados en la selva o en fosas comunes casi sin cubrir.
Todos los asesinados hacían parte de la Comunidad de paz que buscaba consolidar un punto neutral en medio del conflicto armado interno de este país.
Las declaraciones y descripciones de Salgado conmocionaron a la opinión pública colombiana. Es la primera vez que alguien que estuvo en las filas de los verdugos narra la historia de una masacre y como un testigo-autor de primera fila, publicó el diario local El Tiempo.
Resaltó que lo sucedido es inusual, pese a que desde un principio los testimonios indicaban que los responsables por la masacre eran miembros de la Brigada XVII del ejército colombiano y paramilitares al mando de Diego Murillo, apodado 'Don Berna'.
El gobierno había atribuido la masacre originalmente a las FARC, pero ahora la Fiscalía pidió al comandante del ejército la captura de esos 15 efectivos, entre oficiales y suboficiales, que se suman a otras 69 personas solicitadas el año pasado, según el Ministerio Público.
El fiscal Iguarán dijo a través de voceros suyos que pidió esas detenciones porque el procedimiento regular así lo exige y a fin de que los involucrados rindan su versión y luego puedan definir su situación jurídica.
