La forma como se trata al emisario ha generado guerras, o ha sido muestra de voluntad política y confianza.
La interceptación y encarcelamiento de dos mujeres que portaban pruebas de vida de 17 rehenes en poder de la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) puede cerrar el camino abierto por el presidente venezolano Hugo Chávez para un acuerdo humanitario en este país.
A partir de la detención de las mensajeras, "el propio (comandante guerrillero Manuel) Marulanda dijo que no habrá más pruebas", reveló a IPS el periodista y director del semanario Voz, Carlos Lozano, del Partido Comunista, conocedor del pulso por el canje de 45 rehenes en manos de las FARC por varios centenares de insurgentes presos.
Pero IPS supo que el gobierno de Francia, que ha jugado un papel muy activo a favor del canje y que está en contacto directo con las FARC, espera nuevas pruebas de vida del resto de los retenidos por la guerrilla.
Las dos mujeres, detenidas el 29 de noviembre en la capital colombiana, fueron amenazadas con la extradición por parte de tres funcionarios del estadounidense Buró Federal de Investigaciones (FBI) que acudieron el martes a la cárcel a hablar con ellas, supo en exclusiva IPS.
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Cindy Tumay, de 21 años, y Adriana Vega, de 29, fueron obligadas por la directora de la cárcel bogotana de mujeres El Buen Pastor, Jenny Morantes, a recibir en el despacho de la dirección de la cárcel, en horas de la noche y fuera de todo reglamento, a tres extranjeros que se identificaron con sus correspondientes credenciales como agentes del FBI.
De los tres, sólo uno se comunicaba con ellas en español, y hablaba con sus colegas en inglés, relató a esta agencia el abogado de Vega, Geminiano Méndez.
Los agentes plantearon a las detenidas que estaban interesados en la liberación de sus compatriotas Keith Stansell, Thomas Howes y Marc Gonsalves, los tres estadounidenses que, en febrero de 2003, fueron capturados por las izquierdistas FARC, cuando cumplían labores como contratistas del contrainsurgente Plan Colombia, financiado por Washington.
Primero dijeron que simplemente querían hacer a las mujeres "unas preguntas" acerca de cómo fueron capturadas, a lo que Vega contestó que no respondería ningún interrogatorio sin la presencia de su abogado.
"A partir de ese momento, la decencia se acabó", relató el jurista, en cuyo bufete Vega había trabajado como secretaria en el pasado.
Los agentes dijeron a las detenidas que no se les olvidara que en Estados Unidos ya había dos extraditados de las FARC (de nombres de combate "Simón Trinidad" y "Sonia"), y que, "con la aprobación" del presidente colombiano Álvaro Uribe, ellas podrían verse "en ocho meses" en una cárcel estadounidense.
Según Méndez, los agentes agregaron que bien podían ir despidiéndose de sus amistades, y que "las cárceles allá son muy frías, Sonia ya les contará", dijeron sobre la guerrillera que cumple una pena de 16 años y medio en una prisión en el estado estadounidense de Texas por narcotráfico.
Según los funcionarios del FBI, la de Vega y Tumay "no es una situación cualquiera" y, si decidieran hablar, deben hacerlo saber a la embajada estadounidense a través de su abogado o de la dirección del penal.
El diálogo no duró más de 20 minutos y ocurrió en presencia de la directora de El Buen Pastor, dijo el abogado, quien anunció que interrogará a la funcionaria mediante derecho de petición, sobre "quién autorizó esa visita" y "en virtud de qué disposición legal".
Las detenidas fueron sometidas el 30 de noviembre, día siguiente de su captura, a una denominada audiencia pública, pero que fue de carácter secreto por "razones de seguridad nacional", según informaron las autoridades.
Un hombre que fue detenido junto con las dos mujeres aparentemente servía de guía en Bogotá a Tumay, quien transportó el paquete con las pruebas de vida desde el sureño departamento del Guaviare.
La versión de las detenidas quizá pone fin a fuertes rumores acerca de que las pruebas de vida (vídeos y cartas) de los rehenes estaban desde días antes en poder del gobierno colombiano.
Ambas se declararon inocentes de los cargos de secuestro y rebelión que les imputaron. Su estatus es el de capturadas, y son investigadas por la Fiscalía General de la Nación, con prisión preventiva.
Vega argumentó razones humanitarias para tomar parte en la cadena formada para entregar las pruebas de vida al presidente de Venezuela, que había sido aceptado oficialmente por su par colombiano como mediador para un acuerdo humanitario que concluya con el canje al que aspiran las FARC.
Para Lozano, el incidente con los agentes del FBI es "grave" y "una violación flagrante de nuestra soberanía nacional, que demuestra la fragilidad de nuestro territorio y de nuestra propia dignidad. Creo que estos señores están haciendo aquí lo que se les antoja gracias a que el gobierno nacional les permite hacerlo", señaló.
En su opinión, "lo mismo hicieron con el guerrillero Simón Trinidad. Él aceptó conversar con ellos bajo la condición de que no se grabara ni se anotara, sino como conversación informal, y sin embargo muchas cosas que se hablaron allí fueron utilizadas en el juicio en su contra".
Ricardo Palmera, "Trinidad", fue detenido en Quito en enero de 2004, cuando era negociador por las FARC del acuerdo humanitario y extraditado más tarde a Estados Unidos.
El presidente Chávez decidió tomar parte en las negociaciones por el canje a propuesta de las familias de los rehenes, que le fue presentada oficialmente por la senadora opositora colombiana Piedad Córdoba. El 15 de agosto, ésta fue designada "facilitadora" por el presidente Uribe, quien aceptó que su par sirviera como mediador.
Pero Uribe puso fin abruptamente a la misión de ambos gestores el 21 de noviembre, sin previo aviso a Chávez, como estaba pactado, generando la furia del mandatario venezolano, quien "congeló" las relaciones entre los dos países y llamó a consultas a su embajador en Bogotá.
El 1 de este mes, Chávez dijo en rueda de prensa en Caracas que, efectivamente, al menos una de las mujeres apresadas estaba actuando en misión humanitaria para hacer llegar los documentos de supervivencia de los rehenes.
"Las pruebas de vida venían para Caracas y eran las que mandaría al (presidente francés Nicolas) Sarkozy e iba a hacer públicas como parte del compromiso y parte de la exigencia que, a nombre de los familiares y del gobierno de Colombia y el de Francia, les hice a las FARC", dijo Chávez.
"Sólo que los interceptaron, capturaron al correo", agregó. Chávez llegó con las manos vacías a su cita con Sarkozy el 20 de noviembre. Las pruebas de vida eran exigidas además por un influyente grupo de legisladores estadounidenses del opositor Partido Demócrata.
La incautación de las pruebas no fue avisada a las familias, que se enteraron de su existencia por los medios de comunicación.
A instancias de la gestión de Chávez, el comandante de las FARC Manuel Marulanda había ordenado recoger pruebas de vida de los rehenes civiles, policías y militares y los tres contratistas estadounidenses. Las que se conocieron por cuenta de la detención de sus portadoras fueron tomadas entre el 23 y el 25 de octubre e incluyen vídeos y algunas cartas.
"Las imágenes de los rehenes, las cartas a sus familias han conmocionado al mundo", advirtió Sarkozy el jueves en mensaje televisado a Marulanda, a quien pidió que liberara antes de Navidad y de forma unilateral a la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, también de nacionalidad francesa, quien evidencia en una de las cintas la extrema dureza de su cautiverio de más de cinco años y nueve meses en la intemperie selvática.
Uribe ofreció esta semana beneficios judiciales y dinero a los custodios de los rehenes, a cambio de que los entreguen y deserten de la lucha armada, y presentó un secuestro de delincuencia común, en el que está involucrado un niño de cuatro años, como el primer éxito de esa medida.
Tres días antes de la investidura de la presidenta electa de Argentina, Cristina Fernández, el próximo lunes, oportunidad que varios jefes de Estado aprovecharán para discutir la situación del canje humanitario en Colombia, Uribe anunció este viernes su disposición a deponer una de sus exigencias para el acuerdo.
El mandatario dijo que aceptaría una "zona de encuentro" desmilitarizada con las FARC, bajo la condición de que tuviera unos 150 kilómetros cuadrados, estuviera situada en zona rural y sin ningún puesto militar o de policía que retirar, y preferiblemente sin población civil o con muy pocos habitantes.
La negociación se haría en presencia de observadores internacionales y los negociadores no deberían estar armados, agregó. Pero, poco después, su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, puso una primera limitación: el despeje sólo regiría por 30 días.
Mientras en Colombia se dice que ahora "el balón está en campo de las FARC", la suerte de las mensajeras no parece ser un detalle que se pueda echar al olvido.
