A 15 años de su nacimiento, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), con más de un millón de afiliados, no consigue quebrar el monopolio de representación de los intereses de los asalariados que ostenta la tradicional Confederación General del Trabajo (CGT).
A pesar de las periódicas exhortaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que Argentina cumpla con las normas que garantizan la libertad sindical, el gobierno de Néstor Kirchner sigue la senda de sus antecesores y dilata el otorgamiento de la personería legal a la CTA.
Los afiliados de la CGT, históricamente identificada con el gobernante Partido Justicialista (PJ), gozan de los derechos y garantías que la legislación argentina otorga a una confederación de trabajadores con personería sindical. Por ejemplo, el fuero sindical de los delegados de base y el poder de discutir con empresarios y Estado los convenios colectivos para fijar salarios y condiciones laborales.
En cambio, los que eligen sumarse a la CTA están impedidos de ejercer esos derechos en plenitud debido a la vigencia de una ley que consagra la existencia de sindicatos únicos por rama de actividad y de una central de trabajadores también única.
El secretario general adjunto de la CTA, Pedro Wasiejko, dijo a IPS que el gobierno "ya no tiene argumentos en contra" del reconocimiento de la CTA y que "debería resolverlo a la brevedad".
Pero admitió que hay presiones de sectores de la CGT, "no de todos", aclaró, y de empresas que creen que el reconocimiento de la central sindical puede perjudicar sus intereses.
Mientras las cúpulas de la CGT, que años atrás debieron sobrellevar el mote de "burocracia sindical", tienden a alinearse con el oficialismo, incluso en épocas de dictaduras militares en el caso de algunos de sus dirigentes, la CTA sigue un curso paralelo y, a veces, de colisión con el poder de turno.
La CGT sólo representa a trabajadores en actividad, a quienes se les descuenta automáticamente de sus sueldos el aporte sindical. La CTA, en su competencia con la central rival, abrió sus puertas a desocupados, jubilados y a cualquier persona dispuesta a sumarse a ella, quienes deben contribuir de forma voluntaria y en relación con sus ingresos.
Asimismo, es difícil imaginar a un dirigente importante de la CGT que no responda al Partido Justicialista. Actualmente, el secretario general de esta central, Hugo Moyano, del sindicato de camioneros, es un interlocutor privilegiado de Kirchner.
La CTA, aunque tiene dirigentes de origen justicialista (peronista), muestra una mayor dosis de pluralismo. Sus líderes postulan "la autonomía frente al gobierno y los partidos políticos". También cuenta con sindicalistas y activistas de izquierda y movimientos de base de ideologías diversas.
Víctor De Gennaro, fundador y ex secretario general de la CTA, hoy secretario de Relaciones Institucionales porque renunció a la reelección, es peronista. También lo es su sucesor, Hugo Yasky, de la confederación de educadores. Al igual que Pablo Micheli, líder de uno de los dos sindicatos de empleados estatales, conocido por la sigla ATE.
La CTA nació en 1992 al calor de masivos reclamos de trabajadores contra el modelo neoliberal que se instaló durante la gestión de Carlos Menem (1989-1999). La privatización de empresas públicas, el endeudamiento externo y la política de ajuste fiscal provocaron un quiebre en el movimiento sindical.
En rechazo a la dirigencia tradicional que se abrazó a Menem, un grupo de sindicalistas creó la nueva central que, a diferencia de la CGT, permitía la afiliación directa de trabajadores ocupados y desempleados, jubilados, contratados o personas con empleos precarios.
Esa aceptación resultó fundamental en la década del 90, cuando Menem fue reelecto a la sombra del récord histórico de desempleo a ese momento, floreció el subempleo y surgieron movimientos de desocupados. Frente a esa realidad, la CGT siguió al frente sólo de los trabajadores con empleo, que cumplían con su aporte mensual a los sindicatos.
Por otra parte, una de las banderas de la CTA es la elección directa de delegados y la total autonomía respecto de grupos económicos, gobiernos o partidos políticos. Estas reivindicaciones la colocaban prácticamente en la acera de enfrente de la privilegiada CGT. La nueva central ganó reconocimiento en el escenario político, social y sindical. Actualmente tiene más de un millón de afiliados entre empleados estatales, maestros, personal de sanidad, judiciales, periodistas, aeronáuticos y trabajadores de la energía, entre otros sindicatos y organizaciones sociales.
En cambio, la dirigencia de la CGT, reiteradamente denunciada por enriquecimiento ilícito, corrupción y desprestigiada por su connivencia con gobiernos y empresas privadas, perdió autoridad aunque no influencia. De hecho su resistencia traba hasta ahora el reconocimiento a la CTA.
Al asumir Kirchner en 2003 parecía que la CTA iba a ser uno de los interlocutores privilegiados del nuevo gobierno, por la común oposición al modelo neoliberal de los años 90.
Pero cerca de finalizar el período presidencial la joven central no logra aún su cometido de ser reconocida. De hecho, el presidente se abrazó a la CGT, sobre todo en vistas a las elecciones del 28 de octubre, en las que su esposa, Cristina Fernández, aspira a sucederlo.
Argentina ratificó en 1960 el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical y su contenido quedó incorporado a la Constitución con la reforma de 1994, junto a otros tratados internacionales, que tienen preponderancia sobre las leyes nacionales. Ese convenio exige al Estado garantizar la libertad de afiliación sindical.
A pedido de la CTA, desde hace dos años la OIT señala periódicamente el incumplimiento y exhorta al gobierno a garantizar la existencia legal de agrupaciones sindicales creadas por los trabajadores, aun cuando ya existan otras reconocidas como centrales o confederaciones.
Pero en Argentina sigue vigente la ley de asociaciones sindicales que es contraria a esos compromisos. La norma, que la CGT defiende a ultranza, otorga personería exclusivamente a la entidad más representativa, en base a su número de afiliados.
Los miembros de sindicatos controlados por la CGT, con poco más de tres millones de afiliados, están protegidos frente a despidos o modificaciones de las condiciones de trabajo, mientras que los que optan por otras representaciones quedan expuestos a la arbitrariedad patronal.
"Mi despido estuvo directamente relacionado con la falta de personería sindical de la CTA", contó a IPS Guillermo Carrera, a quien la empresa automotriz Ford echó en noviembre de 2006, con 13 años de antigüedad como trabajador en la planta. "Si yo era delegado de una agrupación con personería no me podían despedir", agregó.
Carrera había denunciado que en Ford Argentina los hombres que trabajaban en el sector de limpieza ganaban tres veces más que las mujeres. La empresa incorporó a unos 150 operarios hombres que tienen un salario básico cercano a los 800 dólares. Pero 80 mujeres cobran por la misma tarea sueldos de 280 dólares por mes.
Defenderlas fue la verdadera causa de su despido, porque su condición de miembro de la central no reconocida lo privó de la inmunidad que resguarda a los delegados sindicales de base, sostiene Carrera.
