El guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR) de México se adjudicó este martes la responsabilidad de varias explosiones en gasoductos de la empresa estatal Pemex y amenazó con acciones similares mientras no aparezcan dos de sus miembros, desaparecidos a fines de mayo en el sureño estado de Oaxaca.
"La orden de iniciar la campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y de este gobierno ilegítimo ha sido puesta en marcha", señaló un comunicado del EPR, grupo de corte marxista-leninista que hizo su aparición en 1996 con acciones de propaganda y enfrentamientos menores contra destacamentos policiales y militares.
El gobierno del conservador Felipe Calderón condenó los ataques, cometidos el jueves 5 y este martes contra gasoductos de Pemex (Petróleos Mexicanos). Los aparentes atentados, en los estados de Jalisco, en el oeste, y Querétaro, en el centro del país, produjeron incendios y obligaron a la evacuación de habitantes.
"Esta conducta criminal pretende debilitar las instituciones democráticas, el patrimonio de los mexicanos y la seguridad de sus familias", señaló un comunicado de la Secretaría de Gobernación (ministerio del interior).
Se están "tomando todas las medidas necesarias para incrementar la seguridad de las instalaciones estratégicas del país, así como para asegurar que los responsables de estos reprobables actos enfrenten la justicia", añadió.
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Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, dijo a IPS que su organización "reprueba las acciones armadas y los atentados, vengan de donde vengan, pero ya habíamos advertido que la impunidad con la que actúan ciertas autoridades abre la puerta a este tipo de hechos".
La reacción del gobierno de Calderón, "que ni siquiera menciona el tema de los dos desaparecidos", amenaza con abrir la puerta a nuevas detenciones arbitrarias, "lo que sólo hará escalar la violencia", advirtió el presidente de la Liga, una de las pocas organizaciones que han denunciado desde junio la desaparición de los dos miembros del EPR.
Según el gobierno, "los mexicanos repudiamos el uso de la violencia, que a todos daña y a nadie beneficia. Las demandas políticas deben ser resueltas por los cauces institucionales y en pleno apego a la legalidad".
El EPR, uno de los 12 o más grupos que se proclaman guerrilleros en México, pero que no realizan actos de envergadura, advirtió que las "acciones de hostigamiento no pararán hasta que el gobierno de Felipe Calderón y el de Ulises Ruiz (gobernador de Oaxaca) presenten con vida a nuestros compañeros Edmundo Reyes y Raymundo Rivera o Gabriel Alberto Cruz, detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca".
Las denuncias sobre la desaparición de Reyes y del apellidado Rivera o Cruz no habían tenido eco en las autoridades de Oaxaca ni en el gobierno de Calderón.
Ruiz es el polémico gobernador cuya gestión, plagada de denuncias de corrupción y autoritarismo, dio pie a un alzamiento popular de varios meses el año pasado en Oaxaca, que dejó decenas de muertos.
Para el activista Ramírez, la "ruptura del Estado de derecho empieza cuando desaparecen personas y el Estado no hace nada".
Este organización, filial nacional de la Federación Internacional de Derechos Humanos, sospecha que en la desaparición de los dos miembros del EPR y de Gabino Cruz, un simpatizante de la guerrilla zapatista del sureño estado de Chiapas el 13 de junio, están involucrados órganos de seguridad del Estado.
El EPR indicó que todas sus tropas están en sus puestos y dispuestas a combatir y finalizó su comunicado con las consignas "¡Por la presentación inmediata de nuestros compañeros!" y por "¡Nuestros camaradas proletarios!, ¡Por la revolución socialista!, ¡Vencer o morir!, ¡Con la guerra popular!, ¡El EPR triunfará!".
El presidente de la Liga reclamó al gobierno de Calderón y al de Oaxaca que hicieran lo necesario para aclarar la situación de los desaparecidos y otorgarles el pleno goce del debido proceso.
En México hay al menos una docena de grupos insurgentes, además del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas. Apenas un año atrás, el gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006) afirmaba que no representaban ningún peligro, si bien algunos advertían que mantenían actividad en las sombras.
Según Marcelo Riofrío, quien ha estudiado las guerrillas, estos grupos insurgentes pueden resultar peligrosos. "No se trata de invenciones, hablamos de gente armada que maneja un discurso de izquierda radical y que está en una fase activa, pero de organización y preparación", dijo este analista.
Un estudio del no gubernamental Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados señala que representantes de todos los grupos armados se reunieron en 1993 en el central estado de Puebla para definir una estrategia de lucha conjunta.
En esa cita surgieron discrepancias que llevaron a los zapatistas a decidir su solitaria irrupción en la escena política el primer día de 1994.
Uno de los grupos que expresó sus diferencias con los zapatistas habría sido el EPR, cuya aparición data de 1996. Mientras los primeros pasaron con los años a ser una fuerza política de corte pacífico, el EPR se mantuvo en la clandestinidad con esporádicas acciones armadas o de propaganda.
El EPR se enfrascó en 2000 en medio de una lucha interna tras la cual se escindió el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y otros pequeños grupos, todos con un discurso enfocado contra el "capitalismo y el imperialismo" y a favor de la "lucha popular".
La cantidad de insurgentes, varios de ellos detenidos en los últimos años, no se conoce con exactitud, aunque se sabe que la mayoría son campesinos de zonas pobres de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en el sur del país.
