Tras dos meses de huelga de maestros, tensión y represión en la austral provincia argentina de Santa Cruz, renunció el segundo gobernador en 14 meses y hay malestar por las maniobras de sucesión anunciadas desde el gobierno nacional de Néstor Kirchner, quien administró ese distrito durante 12 años.
Carlos Sancho dimitió este jueves a su cargo de gobernador tras la represión policial del miércoles, cuando trabajadores del municipio de Río Gallegos, capital de la provincia situada 2.500 kilómetros al sur de Buenos Aires, se manifestaban en las calles. En la protesta hubo choques que culminaron con 18 civiles heridos.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, declaró que Sancho renunció por el "malestar" del presidente al enterarse de que un manifestante fue herido de bala. La víctima, Ángel Aranda, había declarado que un policía provincial le apuntó al pie y disparó para impedirle acercarse a la protesta. Debieron amputarle tres dedos.
El gobierno provincial atribuyó la herida a una lesión que el propio Aranda se causó con una barreta metálica para fingir una herida de bala, y hasta inició un sumario a la médica que desmintió la versión oficial. "La posición del presidente fue de mucha rabia porque su visión es de respeto de los derechos humanos", dijo el ministro Fernández.
"Ante ese error, el gobernador Sancho entendió que debía tomar una decisión y la tomó", explicó Fernández, y anunció el nombre de su sucesor, el diputado provincial Daniel Peralta, quien había pedido licencia en la legislatura de Santa Cruz para ejercer como interventor en la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales.
Peralta fue rápidamente designado vicepresidente primero de la legislatura provincial, allanando obstáculos sucesorios, y asumirá este viernes la gobernación.
"Es una locura, el presidente pide la renuncia a un gobernador y en una forma totalmente antidemocrática se decide quién lo sucede", dijo a IPS el dirigente sindical Daniel Escobar, de la Asociación de Docentes de Santa Cruz, en conflicto con el gobierno de Sancho desde hace dos meses.
"Es muy probable que el nuevo gobernador traiga una solución a nuestras demandas salariales porque sabemos que desde hace 20 días Peralta estaba poniendo ese tema como condición para asumir, pero el problema político, el autoritarismo va a subsistir", advirtió el sindicalista.
En Santa Cruz —provincia donde nació Kirchner y que él mismo gobernó entre 1991 y 2003, hasta que asumió la Presidencia del país— la crisis se presentó en marzo de 2006 cuando el entonces gobernador Sergio Acevedo, acosado por un conflicto con trabajadores petroleros, presentó su renuncia.
Varios analistas consideraron que la dimisión de Acevedo, que había sido elegido con 70 por ciento de los votos y abandonó el cargo por "razones personales", respondía a sus fricciones con Kirchner, de la misma corriente política y con pretensiones de incidir en las designaciones de sus funcionarios y en las medidas de gobierno.
En reemplazo de Acevedo asumió el vicegobernador Sancho, un dirigente de bajo perfil, sin poder de decisión y manipulado por la administración central, según observadores de distintos sectores sociales. Bajo su administración comenzó a crecer el conflicto de los maestros que reclamaban mejoras salariales.
Los ingresos que perciben los educadores están en relación con el costo de vida de la patagónica Santa Cruz, uno de los más altos del país. Pero también son los trabajadores que tienen la mayor brecha entre el sueldo real y el básico legal del sector. El primero es 11 veces superior al segundo.
En reclamo de aumentar ese básico, equivalente a unos 53 dólares, los educadores comenzaron con una huelga de 48 horas. La protesta se reiteró casi cada semana, con paro de actividades de 72 horas y hasta de una semana y manifestaciones callejeras. El gobierno municipal de Río Gallegos, en manos de la opositora Unión Cívica Radical, apoyó esas demandas.
Medios de comunicación nacionales se hicieron eco del conflicto. Kirchner dijo sentirse "extorsionado" por los maestros, pese a que sus reclamos iban dirigidos al gobernador. El presidente criticaba también al obispo católico de Santa Cruz, Juan Carlos Romanín, y a otros sacerdotes, por respaldar las demandas.
A fines de abril, una embestida de un ex empleado de una empresa de seguridad provincial contra más de una decena de automóviles que terminó con el vuelco del vehículo que manejaba frente a la residencia del presidente en Río Gallegos fue denunciada por el Ministerio del Interior como "un atentado" contra Kirchner, que no estaba allí.
El jefe comunal de Río Gallegos, el opositor Héctor Roquel, sostuvo que la degradación política en esa provincia comenzó con la renuncia de Acevedo, y acusó a Kirchner de tener "una vocación por el poder hegemónico" y de "intentar gobernar la provincia desde Buenos Aires" con los resultados a la vista.
En ese clima, maestros y profesores de Santa Cruz bloquearon el acceso a la legislatura por 10 horas a fines de abril y denunciaron que cientos de uniformados de la Gendarmería Nacional habían sido enviados a custodiar escuelas y edificios públicos de esa provincia.
Una instancia de diálogo entre autoridades provinciales, nacionales y sindicatos abierta esta semana para acordar una solución a la crisis volvió a fracasar ante la protesta de los maestros a los que se sumaron trabajadores de la comuna de Río Gallegos, judiciales, médicos y otros empleados públicos.
"Nos tomaron a los docentes como referentes de una lucha por su dignidad, porque la gente de Santa Cruz no quiere ser manipulada por un gobierno autoritario que pretende gobernar la provincia desde Buenos Aires", dijo Escobar.
"Es cierto que somos oposición, pero todos los opositores a este régimen apoyan nuestra causa porque la consideran justa, y frente a esto el gobierno se manifiesta incapaz de negociar una solución", agregó.
