Graves denuncias de prácticas antisindicales afronta en El Salvador la firma atunera española Calvo, que, paradójicamente, supeditó su inversión en el país a la aprobación de las normas laborales exigidas por la Unión Europea para otorgar preferencias arancelarias.
Berta Menjívar, despedida en febrero, y José Joaquín Reyes, quien sufrió igual medida el 15 de marzo, denunciaron que Grupo Calvo tomó esa decisión contra ellos porque fundaron en su planta atunera local una seccional del Sindicato General de Trabajadores de la Industria Pesquera y Actividades Conexas.
"Sí, me despidieron por ser fundadora del sindicato", aseguró a IPS Menjívar, de 22 años. "Hasta este día estará trabajando con nosotros", le dijeron cuando se presentó en su lugar de tareas el 9 de febrero, cinco días después de haberse constituido el sindicato.
El Grupo Calvo, especializado en captura, producción y venta de conservas de pescado, tiene plantas procesadoras en su país de origen y también en Italia y Venezuela, además de la ubicada en El Salvador, que es considerada la mayor de todas.
Antonio Huezo Avelar, director de la división Calvo Conservas, ubicada en la oriental provincia de La Unión, admitió ante IPS el despido de Menjívar, pero indicó que fue por "infringir normas del reglamento interno de manera repetitiva".
[related_articles]
También aseguró que las "faltas de la trabajadora" estaban explicadas en dos cartas de amonestación previas y que, al momento de anunciarle el despido, desconocía que ella era una de las fundadoras de la seccional del sindicato.
Según el artículo 214 del Código Laboral, todo miembro constituyente de un sindicato está protegido por un fuero especial por 60 días y, por lo tanto, no puede ser desplazado de su cargo laboral.
En tanto, Menjívar sostuvo que las cartas que menciona Avelar le fueron entregadas en un mismo día y que en una de ellas su firma había sido falsificada.
"Mi única falta fue retrasarme tres minutos luego de un almuerzo", aduce la sindicalista, quien además dice haber trabajado para Calvo durante dos años, cobrando 7,17 dólares diarios, incluyendo jornadas nocturnas de hasta 12 horas sin recibir el pago adicional que establece la ley en estos casos.
Por su parte, Reyes, secretario de Relaciones de la seccional, también aseguró que lo despidieron, después de cuatro años de trabajar en los buques de pesca, por estar afiliado al sindicato, aunque la empresa le manifestó que la decisión se debía a que ya era "improductivo".
Este trabajador, según una copia de su contrato que pudo leer IPS, cobraba 10 centavos de dólar por tonelada descargada de buques bajo un contrato a término de cuatro o cinco días como máximo. También estos empleados eran obligados para poder trabajar a firmar un convenio por el cual la firma no se responsabilizaba de posibles accidentes laborales.
El año pasado, el Grupo Calvo cabildeó fuertemente para que El Salvador ratificara los convenios 87, 98, 135 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referidos a la libertad sindical y a la negociación colectiva, requisito de la Unión Europea (UE) para que este país siguiera dentro del Sistema General de Preferencias Plus (SGP-Plus).
Ese sistema, al que accedió El Salvador en julio de 2005, permite el ingreso de sus productos sin pagar arancel a la UE. Ese tributo para las naciones que no gozan del beneficio es de 20,5 por ciento.
La empresa transnacional española, en el marco de esas presiones, despidió a 600 empleados y amenazó con cerrar todas sus plantas, aduciendo que perdía competitividad si el país centroamericano no ratificaba los convenios y mantenía así las preferencias arancelarias.
Esas presiones fueron férreamente resistidas por sectores conservadores y empresarios, muchos de ellos ligados al propio gobierno de Antonio Saca y a su derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), quienes rechazaban los acuerdos de la OIT por considerarlos un "chantaje de la UE".
Finalmente, las presiones de la UE y de la firma Calvo lograron que el presidente Saca enviara los convenios al parlamento, que aprobó por unanimidad en la madrugada del 24 de agosto un paquete de reformas para despejar el camino a su ratificación.
La ratificación de estos convenios de la OIT también saldó una deuda del país de casi medio siglo con sus trabajadores.
Las modificaciones aprobadas por el parlamento a la ley de Servicio Civil, por ejemplo, abrieron paso a que los trabajadores vinculados a las fuerzas de seguridad, la carrera judicial y otras "áreas sensibles" tuvieran derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical (convenios 87 y 98).
Además, con la ratificación de los convenios 135 y 151 se garantizó la protección para los dirigentes sindicales y se fijaron parámetros en las relaciones de trabajo en la administración pública. Los acuerdos entraron en vigor este año.
Para Gilberto García, vicepresidente del Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL), la campaña del Grupo Calvo a favor de las leyes de trabajo "tenía motivaciones comerciales más que laborales". Las acciones de la empresa española son incongruentes con su discurso, dijo a IPS.
"Es escandaloso que ahora Calvo no pueda cumplir esos preceptos después de haber presionado en favor de la ratificación de los convenios de la OIT", aseveró García, y advirtió que el gobierno tampoco hace cumplir las leyes laborales.
"Los despidos sucedieron después de que los trabajadores ya estaban protegidos por el fuero sindical, y la empresa sabe eso. Actúan conociendo que están violando la ley", sostuvo el asesor sindical.
El Grupo Calvo, que está presente en este país centroamericano desde 2003 y tiene una inversión de más de 100 millones de dólares, tiene al menos 1.400 mujeres empleadas en el área de empaque, quienes reciben un salario promedio de siete dólares por día..
Por su parte, Avelar insistió en que desconoce quiénes forman el sindicato. "Nosotros no hemos recibido hasta la fecha comunicación oficial de nadie" sobre la creación de la seccional. Sin embargo, durante la entrevista con IPS afirmó saber de por lo menos cinco trabajadores que conformaban la asociación laboral.
El representante patronal también indicó que el Gripo Calvo respeta los derechos de sus trabajadores, ya que está establecido en la Constitución, aunque opinó que pertenecer a un sindicato no confiere potestades para "infringir los reglamentos de la compañía".
En una copia del acta de inspección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), fechado el 24 de febrero, consta que Esmeralda Uceda, supervisora inmediata de Menjívar, reconoció que ésta era una de las mejores trabajadoras de la planta, aunque luego agrega que "por un tiempo se tornó rebelde".
La inspección del Mintrab también establece que, luego de entrevistar individualmente a varias trabajadoras, "no se realiza ningún tipo de comentarios intimidatorios ni antisindicales", y que la empresa brinda un buen trato hacia todos los empleados.
Sin embargo, el acta señala que Calvo ha infringido el artículo 47 de la Constitución y 142 del Código de Trabajo "por haber despedido de hecho a Berta Menjívar", y le manda reintegrarla y pagarle los salarios perdidos hasta la fecha, pues está amparada por el fuero sindical.
Javier Rivas, de la Dirección General de Inspección de Trabajo del Mintrab, reconoce que, si bien Calvo ha infringido la ley y que las resoluciones del ministerio deberían ser obligatorias, los vacíos en la normativa permiten que las empresas no cumplan con lo que dictan los inspectores laborales, vulnerando los derechos de los trabajadores.
"Como sindicato no estamos en contra de las fuentes de trabajo", puntualizó el despedido sindicalista Reyes, pero entiende que la empresa Calvo ha emprendido una campaña de intimidación contra el sindicalismo, que incluye despidos injustificados, así como denigración e insultos contra los trabajadores.
El Sindicato General de Trabajadores de la Industria Pesquera y Actividades Conexas está a la espera de la resolución del ministerio sobre el caso Reyes, la cual estará basada en la inspección realizada el 30 de marzo.
Mientras que los trabajadores siguen presentando denuncias en busca de que las autoridades salvadoreñas cumplan con las normas laborales, el Grupo Calvo continúa aprovechando los beneficios arancelarios de la UE.
