GINEBRA – Los acuerdos de externalización migratoria de Estados Unidos exponen a los migrantes a un mayor riesgo de violaciones de los derechos humanos, incluida la tortura y la persecución, advirtieron este lunes 28 en una declaración más de 20 expertos de las Naciones Unidas.
“Los daños causados por este esquema del gobierno de Estados Unidos ya no son hipotéticos. Están desencadenando una cascada de violaciones de derechos humanos, incrementando los riesgos de tortura y malos tratos, así como de desapariciones forzadas”, afirma la declaración de los expertos en derechos humanos.
Además, indicaron que esos acuerdos de traslado a otras naciones de migrantes y solicitantes de asilo “están vulnerando el principio consuetudinario de no devolución en países de todo el mundo, que están firmando acuerdos para recibir aviones cargados de migrantes y refugiados expulsados de Estados Unidos”.
Los países que en América Latina y el Caribe pactaron esos acuerdos con Washington son Antigua y Barbuda, Belice, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, y Santa Lucía.
Fuera de la región lo hicieron Burundi, Cabo Verde, Camerún, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Ghana, Kosovo, Liberia, Libia, Moldavia, Palaos, Polonia, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Sierra Leona, Sudán del Sur, Uganda y Uzbekistán.
Washington dispuso un presupuesto de 410 millones de dólares para financiar esos acuerdos con terceros países.
En el marco de estos acuerdos de expulsión, el gobierno de Estados Unidos ya ha enviado al menos a 23 000 nacionales de terceros países a 29 países y territorios, señala la declaración de las personas expertas, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos en esta ciudad suiza.
El esquema se dirige a solicitantes de asilo y migrantes en distintas etapas de sus procesos migratorios.
Debido a su falta de transparencia, estos acuerdos quedan en gran medida fuera de la supervisión democrática y del monitoreo independiente de derechos humanos.
Los expertos advirtieron que, además de los riesgos de devolución, estos acuerdos han abierto la puerta a una variedad de otras violaciones, entre ellas la detención arbitraria e incomunicada, las desapariciones forzadas, el acceso insuficiente a asistencia jurídica, la negación del debido proceso y la separación familiar.
También a la discriminación, la falta de vivienda, la esclavitud, la trata de personas, a graves consecuencias para la salud mental y el bienestar, y a la falta de acceso a servicios de salud y servicios básicos.
“Quienes enfrentan los mayores riesgos son los niños y niñas, las mujeres, las personas con discapacidad, las víctimas de trata, las personas LGBT, los defensores de derechos humanos, las personas apátridas y otras personas en situaciones de extrema vulnerabilidad”, señalaron.
Ello porque esos migrantes “son trasladados a países o territorios con los que no tienen ningún vínculo, lo que puede constituir una experiencia traumática y aislante que agrava los daños ya sufridos y que los llevaron a huir hacia Estados Unidos”.
Otros son enviados a lugares donde “corren el riesgo de sufrir más violencia o discriminación por motivos de género, orientación sexual, identidad de género o actividad en defensa de los derechos humanos”.
“Para los migrantes en situaciones de especial vulnerabilidad, las consecuencias pueden ser mortales”, pues “pueden ser trasladados a Estados que carecen de infraestructura para tramitar solicitudes de asilo, instalaciones de acogida seguras, servicios sanitarios adecuados o alternativas sostenibles de reintegración”.
En muchos casos, estos terceros países están inmersos en conflictos y sus propias poblaciones enfrentan desplazamientos, hambre y pobreza extrema, y carecen de capacidad para proteger los derechos de los migrantes enviados allí “por naciones ricas que buscan eludir sus obligaciones internacionales”, dice el texto.
Agrega que algunos acuerdos contemplan únicamente una recepción temporal seguida de una nueva expulsión a discreción del tercer país”, y algunas naciones pueden recurrir a la devolución o a presionar a los migrantes para que soliciten regresar a su país de origen.
Ello mediante amenazas de detención continuada o de traslado a otro país donde enfrentan un riesgo real de represión.
Los especialistas apuntaron que “no puede presumirse que un retorno sea voluntario cuando la persona no tiene estatus legal, medios de subsistencia, asesoramiento jurídico independiente o una alternativa viable al regreso”.
“Un retorno en esas circunstancias sería coercitivo y podría completar una cadena ilegal de devoluciones derivada del traslado inicial realizado por Estados Unidos”, agregaron.
Sostuvieron que las obligaciones de los Estados respecto de migrantes y solicitantes de asilo no pueden quedar sin efecto mediante acuerdos bilaterales, garantías diplomáticas, arreglos financieros con Estados Unidos o la participación de organizaciones internacionales en acuerdos de externalización.
Expusieron que “un Estado que, a sabiendas, ayude o asista a otro Estado en conductas que vulneren el principio de no devolución u otras obligaciones de derechos humanos puede incurrir también en responsabilidad internacional”.
“Todos los Estados implicados deben suspender de inmediato estos acuerdos, restablecer el acceso a procedimientos de asilo justos y eficaces, y asegurar la protección de los derechos humanos y las garantías del debido proceso”, afirmaron.
Encabezan la declaración de más de 20 expertos las firmas de Gehad Madi, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Pau Pérez Sales, sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y Katarina Schwarz, relatora sobre las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas.
Se incluyeron los grupos de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, y sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas. Todas las personas expertas, del sistema de procedimientos especiales del Consejo, trabajan de forma voluntaria y sin remuneración por parte de las Naciones Unidas.
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