SAN SALVADOR – La apuesta del presidente Nayib Bukele por convertir a El Salvador en un centro mundial de las criptomonedas, específicamente del bitcóin, no produjo la adopción masiva que esperaba. Los salvadoreños no lo hicieron suyo, como él soñaba. Y ha tenido que retroceder, a regañadientes.
Al principio sí se creó cierta expectativa en el país en torno al uso de bitcoines como moneda de curso legal, más por curiosidad que por otra cosa, cuando la Ley Bitcóin se aprobó en junio de 2021 y entró en vigor en septiembre de ese año.
Y la criptomoneda repuntó un poco más en lugares como El Zonte, una comunidad costera en el sur de San Salvador, donde ya se venía usando con anterioridad, como un pequeño laboratorio de criptodivisas, luego de que un extraño y desconocido personaje invirtiera una cantidad de dinero significativa para que las personas usaran bitcoines.
“Sí, aceptamos el bitcóin si los clientes quieren pagar de esa forma, no hay problema con eso”, dijo María del Carmen Aguirre, de 52 años, cuando IPS visitó su pequeña pizzería, en El Zonte, en septiembre de 2022.
Más de cinco años después de la entrada en vigor de la Ley Bitcóin, el uso de la criptomoneda en pagos y remesas sigue siendo marginal.
El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó, dos meses después de la entrada en vigor de la ley, no utilizar el bitcóin como moneda de curso legal y reducir el alcance de la norma, en el marco de sus recomendaciones sobre las finanzas públicas de este pequeño país centroamericano, de unos seis millones de habitantes.
Las restricciones al proyecto bitcóin formarían parte de las negociaciones para un acuerdo financiero que contempla hasta 1400 millones de dólares para El Salvador.
El repliegue de la apuesta estatal con el bitcóin ocurre en un contexto de fuertes necesidades de financiamiento público.
El programa acordado con el FMI contempla desembolsos sujetos al cumplimiento de las metas pactadas con el gobierno salvadoreño, y busca fortalecer las finanzas públicas y las reservas del país. Hasta ahora, el FMI ha desembolsado unos 230 millones.
Bukele, de 45 años, llegó al poder en junio de 2019 y desde entonces gobierna con un marcado estilo autoritario.
¿Qué buscaba Bukele al convertir el bitcóin en moneda de curso legal?
El gobierno presentó la medida como una apuesta por ampliar la inclusión financiera, facilitar los pagos y las remesas, atraer inversión y generar dinamismo económico.
Para ello creó Chivo Wallet, una billetera digital estatal que permitía a los usuarios realizar pagos y transferencias en bitcóin y dólares desde el teléfono celular. Chivo es un localismo usado para referirse a algo bonito o agradable.
El punto de partida era un país donde, según el FMI, solo 30 % de los adultos tenía una cuenta bancaria.
La idea era que el bitcóin y Chivo Wallet permitieran incorporar al sistema financiero a personas que estaban fuera de la banca tradicional, incluidos trabajadores y comerciantes de la economía informal.
El gobierno sostenía que la nueva infraestructura de pagos haría las transacciones más rápidas y facilitaría las remesas, al reducir sus costos de intermediación.
El FMI calculaba entonces que el ahorro potencial para los cerca de tres millones de migrantes salvadoreños en Estados Unidos podría alcanzar unos 54 millones de dólares anuales, si una parte de las remesas pasaba de los canales tradicionales a Chivo y bitcóin.
La apuesta tenía además un objetivo de atracción de capital: las autoridades esperaban convertir a El Salvador en un destino para criptoempresarios, inversión y turismo vinculado con las criptomonedas.
¿Qué resultados produjo esa apuesta y por qué no cumplió las expectativas?
La adopción del bitcóin quedó muy por debajo de las expectativas oficiales.
Una encuesta citada por el FMI encontró que 60 % de las personas que se registraron en la Chivo no realizó ninguna otra transacción después de gastar el equivalente a 30 dólares otorgados a la población por el gobierno, para que se usaran como bitcoines en pago de bienes y servicios.
La mayoría de personas los convirtió en dólares, a través de la misma billetera, y se los gastó con entusiasmo, sin volver a usarla más.
Seis meses después del lanzamiento, solo alrededor de 40 % de las cuentas seguían activas, frente a 88 % de los clientes de instituciones financieras tradicionales.
El uso del bitcóin como medio cotidiano de pago también fue bajo. En las encuestas realizadas durante el momento de mayor adopción, solo 20 % de las empresas aceptaba bitcóin y apenas 4,9 % de las ventas se pagaba con la criptomoneda.
Hoy en día, por pura obstinación, aún se sigue cobrando en bitcóin las consultas y medicamentos a los usuarios del hospital veterinario Chivo Pets, una obra construida por iniciativa de Bukele, inaugurada en febrero de 2022.
Es posible pagar esos servicios en dólares, pero el costo se incrementa sustancialmente.
En las remesas de los migrantes, uno de los principales argumentos del gobierno, el FMI registró que solo 1,2 % se transfería mediante una billetera de criptomonedas.
La experiencia tampoco produjo el salto esperado en el uso de la Chivo como herramienta financiera.
En otra medición citada por el FMI, 97,75 % de las empresas no había realizado siquiera una venta en bitcóin en octubre de 2022.
¿Qué pasó con el proyecto de minar bitcoines utilizando la energía geotérmica?
La apuesta por la minería de bitcoines con energía geotérmica sí llegó a ponerse en marcha, pero a una escala muy pequeña. En 2022, el FMI reportó que la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa tenía un proyecto piloto de minería con una capacidad inicial de un megavatio, que se proyectaba ampliar a 15.
La minería de bitcoines consiste en utilizar computadoras de gran capacidad, que consumen mucha electricidad, para resolver complejos cálculos. Cuando uno de esos ordenadores logra resolver uno de ellos, obtiene como recompensa nuevos bitcoines, como si los hubiera extraído de la tierra; de ahí el término “minería”.
En mayo de 2024, el gobierno afirmó que El Salvador había minado 473,5 bitcoines desde septiembre de 2021, utilizando 1,5 megavatios de energía geotérmica y unos 300 equipos.
Pero una investigación periodística local cuestionó esa atribución, al señalar que los datos utilizados por la Oficina Nacional de Bitcóin correspondían a la producción global de mining pools, las redes de «mineros» localizados en varios países que unen sus equipos y capacidad de cómputo, para minar bitcoines de manera conjunta y repartir las recompensas obtenidas.
Por ello, se adujo, esos datos no demostraban que esos bitcoines hubieran sido minados físicamente en El Salvador.
El FMI confirma la existencia de un pequeño programa estatal, pero tampoco no respalda esa cifra.
La minería también quedó vinculada a una apuesta privada por las energías renovables. Volcano Energy proyecta generar electricidad solar y eólica para abastecer sus operaciones de minería de bitcoines: la primera fase contempla 241 megavatios de capacidad, seguida de una segunda etapa geotérmica.
Volcano Energy es una empresa privada con un vínculo formal con el Estado salvadoreño, y en junio de 2023 estableció que el gobierno tendría una participación preferente equivalente a 23 % de los ingresos. Pero el proyecto no cumplió el calendario anunciado entonces.
La instalación de infraestructura en la finca Santa Adelaida, en el municipio de Izalco, generó denuncias de pobladores por tala de árboles y posibles efectos sobre el agua y los ecosistemas.
“La gente contratada por la empresa para talar llegaron diciendo que botarían unos palos (árboles) para sembrar café y frutales, pero eso era mentira, porque luego revelaron que eran para paneles solares”, afirmó Damián Córdoba cuando IPS visitó la finca, en noviembre de 2024.
Córdoba es oriundo del cantón Chorro Arriba, en el oeste de El Salvador.
En agosto de 2026, organizaciones ambientales volvieron a denunciar posibles afectaciones por el proyecto fotovoltaico.
¿Qué queda hoy de la apuesta por el bitcóin y qué implica su actual repliegue?
La apuesta de Bukele dejó de tener el alcance con que fue lanzada en 2021. En enero de 2025, una reforma a la Ley Bitcóin eliminó la obligación de aceptar la criptomoneda y retiró de la ley sus principales características como moneda de curso legal.
Desde entonces, su aceptación por parte de las empresas es voluntaria. El gobierno también se comprometió con el FMI a limitar su participación en actividades relacionadas con bitcóin y a no realizar nuevas acumulaciones voluntarias de la criptomoneda.
Eso no significa que el Estado haya abandonado sus tenencias. En febrero de 2025, el FMI registró 6081 bitcoines bajo custodia del gobierno, almacenados en una cartera digital fuera de internet, y valorados entonces en unos 600 millones de dólares.
Bajo el acuerdo con el FMI, además, las autoridades salvadoreñas se comprometieron a no acumular nuevos bitcoines mediante compras o minería con recursos públicos.
En septiembre de 2026, el Fondo informó que las acumulaciones posteriores documentadas correspondían a donaciones privadas, no a recursos públicos. El gobierno salvadoreño no ha revelado quiénes son esos donantes privados.
El otro gran cambio está en la Chivo. La billetera, que fue el principal instrumento mediante el cual el Estado intentó impulsar el uso cotidiano del bitcóin, dejó de ser un proyecto bajo control público.
En septiembre de 2026, el FMI informó que la propiedad y el control operativo de Chivo habían sido transferidos a un operador privado, mientras el gobierno conservaba una participación minoritaria y la custodia de los activos de los clientes.
El Fondo describió la participación pública en la billetera como sustancialmente desmantelada.
Así, lo que queda es una situación muy distinta a aquella de euforía planteada por Bukele en 2021.
ED: EG
