LA HABANA – Estados Unidos anunció el martes 29 de septiembre un reforzamiento de sus sanciones contra Cuba, con limitaciones a viajes educativos e interculturales, y restricciones financieras que atacan también al sector privado y no solo a entidades vinculadas al poder militar de la isla.
“Estas medidas buscan arreciar la crisis en el momento más crítico. Buscan una estocada final ante la frustración de la administración del presidente Donald Trump de no haber logrado ningún objetivo antes de las elecciones de noviembre (de medio término)”, dijo a IPS Eric Almeida, presidente de Quota, una consultoría privada que atiende principalmente al sector privado.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, limitó algunas categorías de viajes relacionadas con este país insular caribeño que habían sido permitidas para los ciudadanos estadounidenses durante la administración de Barack Obama (2009-2017).
Los viajes de intercambio cultural, conocidos como viajes “de persona a persona”, y las conferencias y reuniones de negocios requieren autorización desde el 30 de septiembre, día en que entró en vigor la medida.
Además, los viajes educativos precisan hacerse bajo auspicio de una organización aceptada por las leyes estadounidenses y los estudiantes deberán viajar acompañados por esa institución autorizada.
“Las limitaciones de los viajes educativos y académicos es otra prueba de que se atenta contra todo lo relacionado con Cuba, no solo cortando fuentes de ingresos, alimentación, medicina y otros insumos al pueblo cubano, sino también desconectándolo de la posibilidad de intercambiar conocimiento”, dijo Almeida.
“Es una medida contradictoria, pues hasta ahora el discurso (de Estados Unidos) iba de que las sanciones eran contra el gobierno, y ahora aparecen medidas desesperadas que no tienen ningún enfoque estratégico y que convierten el tema Cuba más en una vendetta personal, que en una política de Estado”: Eric Almeida.
Pero la mayor fuerza de este nuevo paquete de sanciones es la ampliación de la Ofac de la prohibición para las transacciones financieras directas e indirectas con entidades cubanas sancionadas por el Departamento de Estado, junto con varias medidas de corte bancario.
También eliminó la autorización de las transacciones conocidas como “U-Turn”, que permitían a los bancos estadounidenses procesar desde 2024 los pagos en dólares relacionados con Cuba, siempre que su origen y destino estuvieran fuera de Estados Unidos y no involucraran a ciudadanos estadounidenses.
Asimismo, derogó un permiso aprobado en mayo de 2024 por la administración de Joe Biden (2021-2025), que permitía a los bancos estadounidenses abrir y mantener cuentas exclusivamente a nombre de un ciudadano cubano que fuera emprendedor independiente del sector privado.
Según publicó en su cuenta de Facebook, Oniel Díaz, presidente de la empresa privada Auge y analista sobre asuntos del sector privado, la medida de Biden “nunca se aplicó a gran escala”, porque muchos bancos evitaron abrir esas cuentas por temor a ser sancionados bajo el “esquema general del bloqueo” económico y financiero que impone Estados Unidos a Cuba desde la década de los años 60.
“Solo un número reducido de empresas privadas cubanas lograron abrir esas cuentas, que usaban para pagar principalmente operaciones en Estados Unidos”, escribió.
Con esa vía cerrada para los emprendedores cubanos -otra más si se tiene en cuenta el muy limitado acceso que tienen al sistema financiero internacional, regido principalmente por entidades bancarias estadounidenses-, esas cuentan deben ahora, salvo una autorización específica, bloquearse y reportarse a la Ofac.
El número de cuentas existentes y el impacto inmediato de las nuevas sanciones puede ser reducido, dijo Díaz, pero “la señal es clara en términos del futuro”, pues la medida genera obstáculos adicionales al paquete de 176 reformas económicas que aplica Cuba desde junio y abrazaría un mercantilismo inédito dentro del sistema socialista cubano.
El mismo martes 29, el canciller Bruno Rodríguez criticó en su cuenta de X las nuevas sanciones, a las que denominó como “otra oleada de medidas de bloqueo contra el pueblo cubano”.
“Con estas nuevas medidas de bloqueo se pretende obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso. Se ataca de forma abierta tanto al sector público como al sector privado, ese que algunos funcionarios estadounidenses dicen que quieren ayudar a su desarrollo”, dijo.
Directamente contra los emprendedores
Para el economista cubano Daniel Torralbas, lo significativo de la reciente medida es que apunta “directamente contra los emprendedores de Cuba”.
“Hasta ahora ya se habían cuidado de argumentar (funcionarios del gobierno estadounidense) que las medidas eran contra el sistema militar de Cuba y contra las empresas estatales cubanas”, dijo a IPS.
La administración Trump ha aplicado desde mayo sanciones sistemáticas a funcionarios, empresas estatales -bancos, empresas mineras y hoteleras- y hasta entidades gubernamentales bajo la acusación de estar vinculadas al conglomerado empresarial del Ejército, conocido internacionalmente como Gaesa, y oficialmente denominado Grupo de Administración Empresarial (GAE).
Aun así, Torralbas aclaró que las otras sanciones anteriores siempre habían tenido un impacto indirecto sobre estas empresas privadas, ya que muchas tienen algún tipo de relación económica o comercial con el sector estatal, o sufren las consecuencias de no poder acceder al sistema financiero internacional, entre otros problemas.
“Es una medida contradictoria, pues hasta ahora el discurso (de Estados Unidos) iba de que las sanciones eran contra el gobierno, y ahora aparecen medidas desesperadas que no tienen ningún enfoque estratégico y que convierten el tema Cuba más en una vendetta personal, que en una política de Estado”, dijo, por su parte, Almeida.
La empresa Quota no se ve afectada directamente por estas sanciones, ya que ni tienen cuentas en Estados Unidos ni hacen operaciones comerciales en ese país, pero su presidente Almeida reconoció que el impacto de estas afectará directamente el comercio bilateral, “o lo poco que queda de él”.
“Estamos hablando de las plataformas online que envían comida y paquetes desde Estados Unidos, agencias de envío de remesas y todo aquel empresario cubano que haya podido legalizar alguna cuenta por la que recibe dinero hacia Estados Unidos”, dijo.
Además, agregó, al limitarse para los cubanos las transacciones internacionales que utilicen instituciones bancarias de Estados Unidos como intermediarias, se afectan los bancos de terceros países, se encarecen los costos de las operaciones y se amenazan aún más las importaciones de bienes esenciales para mantener la sociedad funcionando.
“Hasta el momento se permitían ciertas transacciones de combustible y alimentos que apaciguaban la situación crítica del país para una parte de la población, pero ahora se pone en riesgo esta pequeña brecha, lo que acrecentará la crisis”, afirmó Almeida.
El economista Torralbas coincidió en que estas sanciones impactan en las transacciones en dólares de Cuba con terceros países, que pasaban por instituciones financieras estadounidenses sin estar sujetas a sanciones, pero que ahora se verán “interrumpidas, paralizadas, canceladas”.
“Eso es peligroso, porque el sector privado de por sí ya tiene poco acceso a mercados internacionales y al sistema financiero internacional, pero ha tenido cada vez más importancia en la importación de productos de primera necesidad para Cuba, fundamentalmente de alimentos”, dijo.
Como desde hace varios años, más de la mitad de las compras minoristas ocurrían en comercios privados, pudiera agravarse la escasez de bienes de primera necesidad, elevarse los precios de importación y entonces alimentar una inflación que venía desacelerándose hasta 2026, cuando se disparó por la presión estadounidense, añadió.
El último reducto
Las hoy más de 15 000 empresas privadas en Cuba representan una especie de salvavidas en medio de las sanciones constantes de Estados Unidos a empresas estatales.
Resulta una paradoja para un país que, desde inicios de su revolución en 1959, criticó la propiedad privada e incluso dejó de reconocerla en la Constitución de 1976, donde ni siquiera se menciona la palabra “mercado”.
La vigente Constitución de 2019 reconoció por primera vez esta forma de propiedad —aunque por ley ya se permitían pequeños negocios privados— y desde 2021 se permitieron las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas con un límite de hasta 100 trabajadores.
A partir de las 176 reformas aprobadas en junio por el unicameral parlamento cubano, otras normas jurídicas eliminaron ese tope de trabajadores al sector privado y permitieron, además, que este pudiera administrar o adquirir recursos estatales, e invertir en rubros históricamente monopolizados por el Estado.
Según coinciden los expertos, la presión de Estados Unidos durante 2026 ayudó a que el gobierno acelerara estas transformaciones económicas que estaban engavetadas ante la resistencia de los grupos más conservadores.
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Dos órdenes ejecutivas firmadas el 29 de enero y el 1 de mayo por Trump, bloquearon la entrada de combustibles y amenazaron a inversionistas extranjeros, respectivamente.
De esas medidas se derivó la interrupción de las operaciones de compañías navieras en mayo, -como Hapag-Lloyd y CMA CGM-, la salida de salida de Visa y MasterCard en junio, y la retirada de inversionistas en el turismo, la minería, la energía, así como la reducción de rutas de vuelos internacionales.
Debido a esta paralización de las operaciones navieras, por ejemplo, más de 7000 contenedores de alimentos, medicamentos, sistemas solares y otras mercancías esenciales se encuentran actualmente retenidos en puertos del Caribe, ha denunciado el gobierno cubano en varias ocasiones.
Solo aquellos contenedores procedentes de Estados Unidos habían podido mantener un flujo comercial aparentemente dinámico, al punto de que, según su oficina federal para estadísticas, el US Census Bureau, Cuba había importado en julio mercancías por 149 millones de dólares, el mayor monto mensual registrado desde 1992.
Entre enero y julio, las importaciones sumaron 674 millones de dólares, 84 % de la cantidad total de 2025.
Entre esos cálculos, se encuentran los volúmenes de combustible adquiridos por las empresas privadas cubanas, en crecimiento desde su autorización en febrero por parte de Estados Unidos.
“Estados Unidos utilizó eso para justificar que las medidas (las sanciones) eran contra el gobierno cubano y no contra el sector privado”, acotó Torralbas.
Según otro balance del US Census Bureau, las compras cubanas de combustible estadounidense entre enero y junio fueron de 95,7 millones de dólares, mientras que la suma total entre 2002 y 2025 no alcanza los 1,3 millones.
El crecimiento de ese flujo comercial entre ambas naciones se había vuelto inevitable mientras proveedores y socios comerciales de terceros países salían espantados de la isla por miedo a las sanciones secundarias de Washington.
El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío, en una entrevista con Bloomberg el 25 de septiembre, dijo que son bienvenidas las importaciones procedentes de Estados Unidos por parte del sector privado, aun cuando todavía estén lejos de satisfacer la demanda existente.
Sin embargo, se mostró cauteloso ante una situación de dependencia debido al creciente flujo comercial:
“Es evidente que Estados Unidos busca generar una situación de dependencia. No queremos ser dominados por ningún otro país”, dijo.
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