Con el respaldo de periodistas, abogados y otros expertos, una organización no gubernamental argentina presentó este martes una propuesta para regular la asignación de anuncios oficiales y evitar así la arbitrariedad de gobiernos que premian a medios de comunicación adictos y castigan al resto.
Apenas vio la luz el documento titulado "Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial", elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), ya es también texto de consulta en países de vecinos como Chile y Uruguay, donde existe igual preocupación por esta práctica, señaló Roberto Saba, director ejecutivo de la entidad.
"No pretendemos presentar un proyecto de ley, sino proveer los presupuestos mínimos para comenzar la discusión", dijo Saba a IPS. "La expectativa no está sólo en el Congreso Nacional (legislativo), pues estas decisiones también deberían tomarse a nivel de las provincias y de los municipios", remarcó.
Por su parte, Norma Morandini, periodista y diputada nacional por el Frente Nuevo, declaró a IPS que la comisión parlamentaria de libertad de expresión que ella integra prácticamente nunca se reunió. Pero consideró que, a medida de que se amplifique el debate en la sociedad civil, el gobierno se verá obligado a recoger el desafío.
"La práctica se ve favorecida por marcos legales inadecuados o confusos, que no establecen reglas claras. Esta insuficiencia promueve la discrecionalidad, atenta contra la transparencia y facilita la corrupción", señala el documento. Por eso, pide una ley para la producción, distribución y control de la publicidad oficial.
La propuesta de ADC establece que la publicidad de los actos de las autoridades debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y los ciudadanos. "No debe promover intereses de ningún partido político ni del gobierno, ni estar al servicio de destacar sus logros de gestión", indica el texto.
La distribución de esos avisos entre los medios debe tener criterios definidos y controlables, de manera de reducir al máximo la discrecionalidad de un gobierno, evitar favoritismos e impedir la corrupción, añade. También recomienda que el manejo de los fondos no dependa de funcionarios de confianza política sino de los técnicos.
Finalmente, ADC sugiere mecanismos de transparencia para que los ciudadanos conozcan el destino de los gastos en publicidad y controles internos y externos sobre el uso de los fondos. Además, deja abierto el debate acerca de los criterios que deben establecerse para la pauta oficial, el punto más sensible de la discusión.
Desde 2005, ADC viene advirtiendo sobre nuevas amenazas a la libertad de expresión. Ya no se trata del desembozado cierre de medios de comunicación o de ataques contra periodistas, sino de mecanismos sofisticados como el uso discriminatorio del presupuesto de publicidad de los actos de gobierno.
El manejo arbitrario de esos fondos causa malestar en los medios grandes, pero en las provincias o comunas el aporte o el retiro de la publicidad oficial representan la vida o la muerte de las pequeñas empresas de comunicación.
Para mostrar esa realidad, ADC realizó el año pasado una investigación en cuatro provincias titulada "Una censura sutil".
En base a entrevistas con periodistas y dueños de firmas periodísticas, la entidad recogió casos de uso indebido de publicidad oficial en la central provincia de Córdoba y en las australes de Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego. En uno de esos distritos, una denuncia llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que puede sentar jurisprudencia sobre el tema.
El Diario de Río Negro acusó en 2003 al gobernador de la vecina provincia de Neuquén, Jorge Sobich, de retirarle por completo la publicidad oficial luego de que se publicó que ese gobierno había intentado sobornar a un diputado para que vote una terna de jueces propuesta por el Poder Ejecutivo.
Para dictar sentencia, el tribunal pidió intervención al Procurador General de la Nación, que recomendó hace pocas semanas atrás rechazar el recurso presentado por el periódico. Sin embargo, los fundamentos del dictamen de la procuraduría son favorables a la necesidad de incorporar una regulación al modo de otorgar la publicidad estatal.
"Resulta insoslayable contar con un marco jurídico normativo que establezca los parámetros objetivos para verificar si existe ilegitimidad o irrazonabilidad en la conducta o la omisión estatal", dijo el procurador Esteban Righi, quien pidió a los legisladores "reglas claras" sobre el particular.
Ante este vacío legal, ADC presentó los principios básicos de una normativa. Entre los fundamentos, la entidad recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, y la Declaración de Chapultepec (adoptada por la Conferencia Americana sobre Libertad de Expresión celebrada en 1994 en la capital mexicana) alertan sobre el riesgo del uso abusivo de la pauta.
Durante la presentación, el periodista Alfredo Leuco, quien se desempeña en televisión, radio y medios gráficos, sostuvo que desde el advenimiento de la democracia en 1983 "nunca como ahora" se había advertido el uso abusivo de la publicidad oficial, que llega a límites "escandalosos", denunció.
Leuco mencionó el caso del semanario "Noticias", de la editorial Perfil, que dejó de recibir publicidad oficial. Según el periodista, la justificación que dio el jefe de Gabinete ministerial, Alberto Fernández, para explicar la decisión fue que el semanario "es una revista extorsiva". Esa apreciación opinable determinó el retiro en este caso.
"El uso de la pauta oficial como premio o castigo es una práctica descarada del gobierno de (Néstor) Kirchner", protestó Leuco, y añadió otro elemento "novedoso" de práctica que limita la libertad de expresión. "La presión a empresas privadas para que no auspicien programas de periodistas críticos", denunció.
