Para el vicepresidente colombiano Francisco Santos, debe atribuirse a la inminencia de las elecciones presidenciales en su país, la presentación esta semana del informe anual 2005 de Amnistía Internacional (AI) sobre los derechos humanos en 150 países.
Esos informes "no salen por coincidencia en el momento en que salen. (En eso) las coincidencias no existen. Algunos sectores comienzan a generar informes para impactar a la opinión pública colombiana", dijo Santos, retransmitido por el programa Hora 20 de la colombiana Radio Caracol.
En el informe, divulgado en un acto central el martes en Londres, AI indica que unos cien civiles habrían sido ejecutados extrajudicialmente en este país andino durante 2005 por fuerzas de seguridad y luego presentados "con la calificación falsa de 'guerrilleros muertos en combate'".
Santos, cuyo despacho está a cargo de los derechos humanos, aspira a ser reelegido este domingo junto con su compañero de fórmula, el presidente derechista Álvaro Uribe. Las encuestas indican que la dupla arrasaría en la primera vuelta con cerca de 55 por ciento de los votos.
AI registró además la persistencia de asesinatos de civiles por parte de paramilitares ultraderechistas, que desde el inicio del gobierno de Uribe están en proceso de desmovilización tras decretar, en diciembre de 2002, un cese de hostilidades.
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Desde entonces y hasta diciembre pasado, más de 2.750 homicidios y desapariciones forzadas fueron achacadas a estos grupos, cuyos nexos con las fuerzas de seguridad son nuevamente mencionados por AI y han sido documentados por la Organización de las Naciones Unidas y por la no gubernamental Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
Según AI, "en algunas partes del país disminuyó el número de homicidios y secuestros" en 2005, pero fueron "muy elevados" los abusos graves contra los derechos humanos cometidos "por todas las partes implicadas en el conflicto" colombiano, surgido a mediados del siglo XX y que hoy enfrenta a fuerzas estatales y grupos paramilitares contra guerrillas izquierdistas originadas en 1964.
Según Amnistía, las guerrillas izquierdistas "continuaron cometiendo infracciones graves y repetidas del derecho internacional humanitario, como la toma de rehenes y el homicidio de civiles", incluyendo "ataques desproporcionados e indiscriminados que ocasionaron la muerte de numerosos civiles" por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Los secuestros disminuyeron en 53 por ciento con respecto al año anterior, registró AI. Pero 2006 muestra un auge inusitado de violaciones y amenazas a quienes las denuncian.
La Escuela Nacional Sindical (ENS) registra que entre enero y el 20 de abril de este año el asesinato de sindicalistas aumentó en 27,7 por ciento respecto del mismo periodo de 2005.
Además, "hay 58 casos concretos de hostigamientos y distintos tipos de agresiones contra personas que trabajamos en derechos humanos" en los cinco meses de este año, según Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
El martes, el embajador austríaco Hans Peter Glanzer, cuyo país ejerce la presidencia de la Unión Europea (UE), y Adrianus Koetsenruijter, embajador jefe de la Delegación de la Comisión Europea para Colombia y Ecuador, citaron una rueda de prensa en la que aparecieron acompañados de varios de los más destacados defensores de derechos humanos colombianos.
"Estamos para apoyar a estas personas que han sido confrontadas con amenazas a su integridad, a su vida, amenazas llegadas incluso a sus familias y que no son aceptables", advirtió Koetsenruijter.
"Ellos tienen que informar sobre las violaciones a los derechos humanos. Es su rol, su responsabilidad. Tienen que también buscar compensación a las víctimasà, con apoyo jurídico, psicológico, médico y de otro tipo", además de que "tienen que enfrentarse a la cultura de impunidad, si ella existe", explicó.
La crítica de estos activistas debe ser vista como "constructiva" porque contribuye a desarrollar "una legislación apropiada para el establecimiento de estrategias nacionales sobre los derechos humanos", dijo el diplomático.
La UE reaccionaba ante mensajes intimidatorios enviados en las últimas semanas a direcciones electrónicas de organismos humanitarios, sindicales, académicos y a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que convocó la semana pasada a una movilización rural contra el tratado de libre comercio que Uribe negocia con Estados Unidos.
"La gran mayoría (de estas amenazas) viene de grupos paramilitares o de nuevos grupos paramilitares que se han organizado, al menos aparecen nuevos nombres de estos grupos" como remitentes, dijo Glanzer a una pregunta de IPS.
Cuando el gobierno comenzó a negociar con los paramilitares, se partía de la base de que éstos no superaban los 4.000 efectivos. Pero la cifra comenzó a inflarse hasta completar unos 31.000 supuestos combatientes que ahora reciben auxilio estatal por haberse desmovilizado, aunque entregaron solamente unas 17.000 armas.
La UE apoya política y económicamente la reinserción paramilitar.
El candidato presidencial y ex ministro de Justicia Enrique Parejo, que no registra intención de voto en las encuestas, estima que los paramilitares "pueden jugar un papel muy importante" en los comicios.
Éstos "han guardado las armas y están listos a contraatacar si ven comprometida la reelección de Uribe", dijo a IPS Parejo, sobreviviente en los años 80 de un atentado en el que recibió siete disparos.
En numerosos mensajes, quienes amenazan se identifican como "Nueva generación", pero en un texto enviado el sábado se presentan como "Grupo Colombia libre de comunistas".
Los textos amenazantes hacen referencia indirecta a ataques verbales proferidos por el presidente Uribe contra el programa del postulante del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Carlos Gaviria, centrado en mitigar la gran desigualdad social de este país.
"No estamos dispuestos a seguir permitiendo que una partida de disfrazados como lo son todos ustedes continúen consumiendo a nuestro país en el lodo del comunismo y menos bajo la influencia de las actuales versiones socialistas del chavismo, castrismo, evomoralismo, lulismo o cualquiera otra en la que pretendan disfrazarse", afirma uno de los textos de quienes se proclaman herederos de grupos paramilitares.
Uribe, quien había calificado como "auxiliadores de los terroristas" a los defensores de derechos humanos, dijo en abril que "el comunismo disfrazado" busca "repartir la pobreza".
Según las encuestas, el ex magistrado Gaviria ocupa el segundo lugar en la intención de voto, con cerca de 25 por ciento de simpatías, pero con tendencia al ascenso. En los comicios parlamentarios de marzo, el PDA logró 10 por ciento de sufragios, mientras el uribismo se alzó con 70 por ciento de los escaños en ambas cámaras.
Activistas creen que la verba del mandatario azuza por lo menos a sectores de la ultraderecha que lo apoyan.
"Reiteramos nuestro llamado al gobierno nacional y al presidente de la república para que (expida) una directiva presidencial que reconozca la labor legítima de las organizaciones de derechos humanos, como lo hicieron los anteriores gobiernos", dijo en la rueda de prensa Gloria Flórez, de la organización humanitaria Minga.
Hay "algunos (paramilitares) que se retiran definitivamente de esta lucha y otros que se movilizan de otra manera", comentó Koetsenruijter, e incluso las amenazas pueden provenir "no solamente de grupos sino también de individuosà, porque ven un peligro en la actividad de ciertos defensores de derechos humanos".
"Quedaron armas, quedaron hombres, quedaron estructuras, sobre todo las más sofisticadas. Fue una desmovilización parcial y una entrega parcial de armas", dijo a IPS el analista León Valencia, director de la no gubernamental Nuevo Arco Iris.
"Esa es una realidad, pero también lo es que se desmovilizaron 33 estructuras" paramilitares y que en sus zonas de influencia "disminuyeron homicidios y masacres. Yo lo llamo el 'exicraso', ni éxito ni fracaso, aunque el gobierno sólo muestra el éxito", agregó.
Para Valencia, la campaña electoral polarizó el campo político entre uribistas y antiuribistas, y los primeros están nerviosos debido al ascenso de la izquierda en las encuestas.
En ese escenario, el gran damnificado es el opositor Partido Liberal, históricamente mayoritario pero ahora detrás del PDA y con tendencia a la baja.
"No me quiero imaginar el ambiente si llegara a resultar que hay segunda vuelta, no me imagino la tensión", agregó Valencia.
La amenaza citada circuló dos días después de que la Corte Constitucional fallara el jueves sobre la Ley de Justicia y Paz, diseñada para la desmovilización paramilitar.
El fallo determinó que para acogerse a los beneficios de la norma —que prevé una reclusión máxima de ocho años para los paramilitares desmovilizados que hubieran cometido crímenes— éstos deberían confesar todos sus delitos, de lo contrario se les aplicarán penas de de hasta tres y cuatro decenios de prisión.
Además, sostuvo el dictamen inapelable de la Corte, los desmovilizados deben reparar a las víctimas despojadas por la violencia tanto con sus bienes lícitos como ilícitos, dado que estos grupos operan en el narcotráfico.
Este fallo abre la puerta a incluir los principios de verdad y reparación en los esfuerzos de pacificación, reclamados por las víctimas y por defensores de derechos humanos.
