SAN SALVADOR – Ya pasaron más de tres décadas desde que se firmaron en El Salvador los llamados Acuerdos de Chapultepec, en 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil, pero el país no logra brindar justicia ni reparación a las víctimas de masacres y otras graves violaciones a los derechos humanos, cometidas en su mayoría por el ejército salvadoreño.
En El Salvador, familiares de campesinos, obreros, estudiantes universitarios y maestros, así como organizaciones sociales, llevan más de 30 años clamando por esa justicia y reparación, pero la impunidad se enraizó en esta nación de 6,3 millones de habitantes.
Sectores conservadores, entre militares, empresarios y políticos, han obstaculizado desde los pasillos del poder, la materialización de aquel clamor.
La guerra en El Salvador (1980-1992) dejó unos 75 000 muertos y 8000 desaparecidos. Muchas personas aún desconocen dónde están los restos de sus familiares asesinados. Uno de los casos más sonados es el del poeta salvadoreño Roque Dalton, acribillado por sus compañeros guerrilleros, en mayo de 1975.
“Hemos estado esperando por justicia por 47 años, y seguimos esperando”, dijo a IPS, en julio de 2022, Juan José Dalton, hijo del poeta.
¿Qué ocurrió con los casos de masacres y otros crímenes de guerra tras el fin del conflicto?
Al final de la guerra civil, en 1992, los casos de masacres y otros crímenes de guerra quedaron prácticamente estancados por más de tres décadas, en un contexto marcado por la impunidad.
Aunque algunas investigaciones se mantuvieron abiertas o fueron impulsadas por las víctimas y organizaciones de derechos humanos, la mayoría no ha avanzado hacia el enjuiciamiento de los responsables.
Entre los casos más emblemáticos figuran la masacre de El Mozote, en la que fueron asesinados cerca de un millar de campesinos en 1981; la masacre del río Sumpul, ocurrida en 1980; el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en 1989; y el ya citado homicidio de Dalton, cuyo proceso también ha enfrentado décadas de estancamiento.
Esa falta de avances estuvo vinculada, en gran medida, a la aprobación de la Ley de Amnistía General de 1993, que impidió durante más de dos décadas el procesamiento de militares y exguerrilleros señalados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
¿Qué cambió con la anulación de la Ley de Amnistía en 2016?
La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General, emitida por la Sala de lo Constitucional en julio de 2016, marcó un punto de inflexión en la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado.
La resolución eliminó el principal impedimento legal que durante más de dos décadas había bloqueado el procesamiento de responsables de crímenes de guerra y otras violaciones a los derechos humanos.
En su resolución, la Corte dijo que son inconstitucionales los artículos 2 y 144 de la ley de amnistía, porque violan el derecho al acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
También sentenció que esos delitos no prescriben y pueden ser perseguidos con independencia de cuándo fueron cometidos.
La decisión de la Corte generó una fuerte crispación en la sociedad salvadoreña. Mientras las víctimas y organizaciones de derechos humanos celebraron el fallo como una oportunidad para acceder a la justicia, sectores políticos y militares advirtieron que reabrir los casos podría reavivar las heridas de la guerra.
Sus detractores sostenían que la medida desencadenaría una oleada de procesos judiciales promovidos por personas y organizaciones en busca de revancha o venganza, y que pondría en riesgo la reconciliación alcanzada tras los Acuerdos de Paz. Pero eso no sucedió.
“Eso lo hemos estado esperando por años, sin ese fallo las personas no encontraban justicia”, dijo en su momento, con la esperanza en el horizonte, la activista Engracia Echeverría, del Centro para la Promoción de la Defensa de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec.
A partir de ese fallo, jueces y fiscales quedaron habilitados para investigar y reabrir procesos relacionados con masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de guerra. También fortaleció las demandas de las víctimas y de organizaciones de derechos humanos que durante años habían reclamado verdad, justicia y reparación.
Sin embargo, la anulación de la amnistía no significó el fin de la impunidad. Aunque algunos casos comenzaron a avanzar en los tribunales, muchos continuaron enfrentando obstáculos jurídicos, institucionales y políticos que limitaron su progreso.
¿Qué casos se han abierto o reabierto desde la anulación de esa ley?
La anulación de la Ley de Amnistía abrió la puerta para que la Fiscalía y los tribunales retomaran investigaciones que habían permanecido paralizadas durante años.
Hasta la información oficial más reciente divulgada por la Fiscalía, en enero de 2022, el Ministerio Público investigaba 213 casos de crímenes y violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la guerra civil, de los cuales 21 habían sido judicializados.
Entre estos figuran las masacres de El Mozote, El Calabozo, El Sumpul y Las Hojas, así como los asesinatos de monseñor Óscar Arnulfo Romero y de seis sacerdotes jesuitas junto con sus dos colaboradoras.
La masacre de El Mozote la perpetró el Ejército entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, en la que fueron asesinadas cerca de 1000 personas, la mayoría mujeres, niños y ancianos.
Los medios locales informaron, en diciembre de 2025, que el caso penal de El Mozote y localidades vecinas ha pasado a la fase de juicio, la última etapa de un largo proceso, con lo que se abre la posibilidad de que las víctimas y sus familiares encuentren finalmente justicia.
“Se ve una luz de esperanza, si un país no progresa por medio de la justicia, no funciona bien, debe haber paz pero con justicia”, afirmó a IPS Ignacio Chicas, de 83 años, sentado en las gradas que llevan a la iglesia de El Mozote, junto a su amigo Gregorio Romero, de 85 años
También destaca la masacre del río Sumpul, ocurrida el 14 de mayo de 1980, cuando alrededor de 600 campesinos murieron mientras intentaban huir de un operativo militar.
Mientras que el asesinato de monseñor Romero, ultimado el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba misa, conmocionó a El Salvador y tuvo una profunda repercusión internacional, pues fue uno de los símbolos de la violencia política que marcó el conflicto armado.
También figura el asesinato de seis sacerdotes jesuitas —cinco de ellos españoles—, junto con la colaboradora doméstica Julia Elba Ramos y su hija Celina Mariceth Ramos, perpetrado por militares el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
El caso tuvo amplia repercusión internacional y fue reabierto por la justicia salvadoreña en 2022.
A ese grupo de procesos se sumó el caso del asesinato de cuatro periodistas neerlandeses, emboscados por el Ejército en Chalatenango en 1982.
En junio de 2025, un tribunal condenó a tres ex altos mandos militares por ese crimen, en la primera sentencia condenatoria por un tribunal salvadoreño por crímenes de guerra tras la anulación de la Ley de Amnistía.
¿Por qué la impunidad sigue prevaleciendo, pese a la reapertura de procesos judiciales?
Aunque la anulación de la Ley de Amnistía permitió reabrir investigaciones, la impunidad sigue predominando en la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos durante la guerra. Los avances judiciales han sido escasos y la mayor parte de los procesos continúa sin una resolución definitiva.
Al juicio condenatorio por los periodistas neerlandeses, se suma la condena del coronel Inocente Orlando Montano, exviceministro de Seguridad Pública, sentenciado en 2020 por la Audiencia Nacional a 133 años y cuatro meses de prisión por el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas españoles.
Sin embargo, esa condena fue dictada por la justicia española, bajo el principio de jurisdicción universal, y no por tribunales salvadoreños.
Un caso similar fue el de los generales retirados Eugenio Vides Casanova y José Guillermo García, ambos ministros de Defensa en la década de los 80. Fueron encontrados culpables en 2002 por un tribunal estadounidense, de torturas cometidas por unidades bajo su mando contra tres salvadoreños. Se los condenó a pagar 54,6 millones de dólares.
La persistencia de la impunidad responde a una combinación de factores acumulados durante más de tres décadas.
Entre esos figuran las dificultades para acceder a pruebas documentales, especialmente archivos militares; el paso del tiempo, que ha provocado la muerte o el envejecimiento de víctimas, testigos y presuntos responsables; y la lentitud con la que avanzan las investigaciones y los procesos judiciales.
Organizaciones de derechos humanos también sostienen que decisiones institucionales adoptadas en los últimos años han incidido en la ralentización de algunos procesos emblemáticos, mientras otros permanecen prácticamente estancados.
Uno de los episodios que mejor ilustran esos obstáculos ocurrió durante la investigación de la masacre de El Mozote.
En septiembre de 2020, el juez Jorge Guzmán intentó inspeccionar archivos militares en varias instalaciones castrenses para buscar documentación sobre el operativo de diciembre de 1981, pero las autoridades le impidieron el ingreso.
El bloqueo ocurrió pese a que, un año antes, el presidente Nayib Bukele había anunciado que su gobierno facilitaría la apertura de los archivos militares relacionados con el conflicto armado.
Como resultado, la reapertura de expedientes tras la anulación de la Ley de Amnistía no se ha traducido, en la mayoría de los casos, en sentencias condenatorias contra los responsables de las atrocidades cometidas durante la guerra civil.
¿Qué consecuencias tiene esa impunidad para las víctimas, la sociedad salvadoreña y el Estado de derecho?
La falta de justicia mantiene abiertas las heridas de miles de víctimas y familiares que, décadas después del conflicto armado, siguen sin conocer toda la verdad sobre lo ocurrido y sin ver a los responsables responder ante los tribunales.
Para muchas de ellas, el acceso a la justicia forma parte de la reparación, junto con el reconocimiento de los hechos y las garantías de no repetición.
La impunidad también ha limitado la capacidad del Estado salvadoreño para cumplir con las obligaciones derivadas de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha ordenado investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, además de reparar integralmente a las víctimas.
Más allá de los casos individuales, especialistas y organizaciones de derechos humanos sostienen que la falta de esclarecimiento judicial debilita el Estado de derecho al transmitir el mensaje de que los crímenes más graves pueden permanecer sin sanción.
También dificulta la construcción de una memoria histórica basada en los hechos y favorece la persistencia de versiones enfrentadas sobre lo ocurrido durante la guerra.
Más de tres décadas después del fin de la guerra, la consolidación de una justicia transicional plena continúa siendo uno de los principales desafíos para El Salvador.
ED: EG
