El Congreso legislativo de México traza un mapa nacional de los asesinatos de mujeres, que sumaron el año pasado 625 víctimas en sólo cuatro de los 31 estados del país, casi el doble de los cometidos desde 1993 en Ciudad Juárez, donde narcotraficantes y redes de pornografía se apuntan como principales sospechosos.
De acuerdo con los primeros datos aportados por las fiscalías a la Cámara de Diputados, en 2004 fueron asesinadas 112 mujeres en la norteña Baja California, fronteriza con Estados Unidos, otras 203 en la sureña Chiapas, limítrofe con Guatemala, 204 más en el sudoccidental Veracruz, con costas sobre el Golfo de México, y 106 en la capital mexicana.
Entre octubre de este año y enero de 2006 estará listo el primer informe sobre los asesinatos de mujeres y las principales causas que los propician, dijo a IPS la diputada Ruth Hernández, del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) e integrante de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios.
Los asesinatos violentos de mujeres no son de ahora, es algo que viene sucediendo y que la misma cultura de la impunidad encubre o minimiza. Tenemos que ver cuál es nuestra realidad en esa materia y corregir las leyes, dijo Hernández.
El diagnóstico no se limitará a revelar las cifras de los últimos cinco años. Incluirá un análisis de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Colegio de México y del Colegio de la Frontera Norte. Y en el trabajo participan con sus experiencias varias organizaciones civiles.
Tal radiografía se pretende como base para rediseñar el combate a este tipo de violencia, que como en muchos casos de la septentrional Ciudad Juárez, revela crímenes de odio hacia la mujer, comentó la diputada del conservador PAN.
En México existe una cultura de violencia e impunidad que se nutre con viejos hábitos de las autoridades, que al clasificar un crimen violento lo hacen sólo como homicidio simple e ignoran el grado de violencia y de odio ejercido contra la víctima, opinó Hernández.
Además, es común que los investigadores carezcan de métodos para evaluar y manejar evidencias, y al emitir sus sentencias los jueces facilitan en ocasiones la impunidad de los homicidas.
Hernández subrayó que se necesita conocer la realidad para que el Congreso reforme leyes y promueva sanciones severas a funcionarios públicos que por negligencia, ignorancia o complicidad fomenten la impunidad en este tipo de crímenes.
La violencia hacia la mujer no es nueva ni exclusiva de México, pero nos corresponde hacer visible nuestro caso para encararlo y aplicar soluciones. Tenemos una cultura de impunidad porque no existe un diagnóstico serio de lo que sucede en todo el país, destacó la legisladora.
Esther Chávez, representante de la organización civil Casa Amiga, que opera en el septentrional estado de Chihuahua, dijo a IPS que resolver los más de 300 asesinatos en Ciudad Juárez es el paradigma para este gobierno y los que vengan. Creemos que en la frontera norte el narcotráfico superó al Estado, por eso los narcos actúan con tanta violencia contra las mujeres.
En tanto las autoridades locales y federales no investiguen correctamente, y sólo encarcelen a inocentes para justificar avances en la lucha contra la delincuencia, Ciudad Juárez seguirá emitiendo el mensaje macabro de que a las mujeres se nos puede usar y tirar a la basura sin que nadie diga nada, añadió Chávez.
Para la activista, el gobierno de Vicente Fox ha mostrado más interés en esclarecer los asesinatos en Ciudad Juárez que su antecesor, Ernesto Zedillo (1994-2000).
Sin embargo, siguen apareciendo en el desierto y en vertederos de basura los cuerpos de mujeres asesinadas, mutiladas y abusadas sexualmente.
Ciudad Juárez es el caso más conocido, pero también tenemos que analizar qué es lo que sucede en el resto del país para que se tomen medidas que garanticen la equidad de género, dijo a IPS la directora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, Marisa Belausteguigoitia.
México tiene 105 millones de habitantes, de los cuales 52 por ciento son mujeres.
La especialista forma parte del grupo multidisciplinario de expertos que colaboran con los legisladores para analizar las causas de los asesinatos, y que además propondrán una metodología de investigación para estos casos.
Belausteguigoitia y Chávez coinciden en ver en los crímenes de Ciudad Juárez el sello del narcotráfico, la trata de blancas, las redes de pornografía y la violencia doméstica, y restan valor a las versiones sobre un supuesto tráfico de órganos.
La investigadora de la UNAM explicó que para conocer las causas de la violencia de género, la Procuraduría (fiscalía) General de la República debe asumir el control de las investigaciones, ya que está involucrado el narcotráfico.
Con base en los primeros informes que recaba la Cámara de Diputados, la violencia hacia las mujeres que termina en asesinato se presenta de modo más persistente en la capital mexicana y en los estados de Baja California, Chiapas y Veracruz, seguidos del meridional Campeche y Chihuahua, México y Morelos (próximos al distrito capitalino), Sinaloa, en el noroeste, y Quintana Roo, en el extremo sudoriental.
