El asesinato de un joven que estuvo secuestrado seis días desató en Argentina una movilización social de tal magnitud que dirigentes políticos y medios de comunicación intentan capitalizarla, con base en la polarización entre dos criterios para combatir el delito tradicionalmente enfrentados.
Axel Blumberg, de 23 años, fue secuestrado el 17 de marzo y asesinado el 23 de ese mes, de un disparo en la nuca, luego de que se frustrara el pago de un rescate por presunta negligencia policial. De inmediato el caso se convirtió en un emblema relacionado con la ola de inseguridad que no cesa desde mediados de los años 90.
Desesperado por la muerte de su único hijo, Juan Carlos Blumberg convocó a un acto sin banderas partidarias frente al Congreso Nacional, en demanda de leyes más severas para el combate contra los delitos. Ese acto convocó el 1 de este mes a más de 150.000 personas, una multitud que hoy ningún partido político moviliza.
Al mismo tiempo, grupos sociales y políticos alegan que el énfasis en la represión es poco efectivo e incluso peligroso, y enfatizan la importancia de combatir la corrupción policial y las causas sociales de la delincuencia.
La Red Solidaria, organización no gubernamental (ONG) que convocó en los últimos años a dos jornadas por la paz y contra la inseguridad, se solidarizó con el dolor de Blumberg, pero desea permanecer en segundo plano ante la emergencia de una pelea ideológica que amenaza con fragmentar a la sociedad, dijo a IPS Juan Carr, director de ese grupo.
Siempre es bueno que la gente se exprese, pero queremos ver hacia dónde se dirige esta movilización, porque que a veces la sociedad se moviliza por una muerte y por otras no, y eso es terrible. Nosotros condenamos todas las muertes y acompañamos el dolor de todos, aclaró.
En la provincia de Buenos Aires los secuestros eran hechos aislados en los 90, pero en los últimos años comenzaron a aumentar hasta llegar a más de 20 por mes. Según cálculos de la justicia federal, en el país hubo 190 secuestros extorsivos en 2001, el año pasado fueron por lo menos 390.
En algunos de esos casos se consiguió probar la participación de policías, directa o por incumplimiento cómplice de tareas de vigilancia.
Además, el jefe de la policía bonaerense fue procesado en octubre por enriquecimiento ilícito.
Tras la movilización, la llamada Cruzada Axel siguió con la recolección de firmas que respaldan un petitorio de siete puntos presentado por Blumberg al Congreso. En apenas una semana se reunieron 350.000 apoyos.
Comercios de la capital y de localidades cercanas en la provincia de Buenos Aires ofrecen planillas para firmar la solicitud.
Nos turnamos para ir una hora por día a la estación (de tren) a conseguir firmas, dijo a IPS Nora Rebollo, una mujer de clase media alta de la localidad de Martínez, en la provincia de Buenos Aires, donde vivía el joven.
Rebollo admitió que no participa nunca en marchas o actos políticos, y que ni siquiera lee los diarios.
No obstante, sabe que el delito está en aumento en la provincia de Buenos Aires y que en los barrios de clase media y media alta adquiere una de sus facetas más temidas: el secuestro extorsivo, que algunas veces termina en la muerte del rehén. Por eso se sumó a la Cruzada y exige mayores penas para los delincuentes.
Entre los que apoyan el petitorio, casi nadie lee los siete puntos. Firmo porque quiero que las cosas cambien, o porque no se puede vivir así dicen algunos de los que estamparon su rúbrica a pedido de Rebollo.
Algunos reclaman la pena de muerte para los secuestradores, que no figura entre las demandas de Blumberg al Congreso.
La movilización de sectores que no participan habitualmente del debate político partidario fue capitalizada por agrupaciones de derecha o centroderecha, interesadas en un tema que podría afectar la buena imagen del centroizquierdista gobierno nacional, y también por medios de comunicación y periodistas que piden mano dura contra la delincuencia.
Algunos columnistas propusieron incluso convocar a los militares a combatir el delito, una idea muy controvertida en un país que soportó una feroz represión de las Fuerzas Armadas durante la dictadura de 1976-1983.
Dirigentes partidarios muy desprestigiados desde la profunda crisis económica, social y política de fines de 2001 han recuperado espacios en los medios de comunicación a partir del caso Blumberg.
Un caso paradigmático es el del ex gobernador de Buenos Aires y actual diputado Carlos Ruckauf, del gobernante Partido Justicialista, que hizo campaña en 1999 con la promesa de meter bala a los delincuentes en la provincia, renunció a su gobierno en medio de la grave crisis de 2001 y ahora exige medidas contra la inseguridad.
Del otro lado, también con apoyo de una parte importante de la población, hay partidos de centroizquierda e izquierda, organismos humanitarios y medios periodísticos progresistas que rechazan el aumento de penas, y se oponen a incrementar el presupuesto y los poderes de la policía hasta que se combata a fondo la delincuencia dentro de esa fuerza de seguridad.
Lo que hace falta contra la inseguridad no son leyes sino voluntad política, afirman.
Un referente de este grupo es el juez Raúl Zaffaroni, de la Corte Suprema de Justicia y afiliado a posturas garantistas (que destacan la protección de los derechos individuales), quien sostuvo que dar más poder a la policía sería una catástrofe y advirtió que el nazismo fue una muestra de que no siempre hay que hacer caso de lo que dice la mayoría.
La diputada Laura Musa, del partido centroizquierdista Afirmación para una República Igualitaria, consideró que son un placebo (un presunto medicamento sin sustancia activa) los proyectos de ley para incrementar las penas a quienes porten armas o las usen para el robo, ya que el principal problema es la complicidad de policías con delincuentes y líderes políticos.
Con menos cautela, Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo (grupo humanitario de familiares de víctimas de la dictadura), dijo que la derecha fascista alentó la marcha (por Blumberg), excitada por la posibilidad de atacar al gobierno y lograr simpatía popular, y que los participantes son los conservadores que cebaron a la policía de la mano dura.
Los que asumen estas posturas son rechazados frontalmente por quienes consideran que la reticencia a firmar el petitorio o a aprobar normas más severas se debe a orientaciones garantistas, que abogan por los derechos humanos de los delincuentes y no defienden los de todo ciudadano.
En este contexto, los legisladores se apresuraron a votar algunos proyectos de ley defendidos por Blumberg en su petitorio.
El padre del joven asesinado se hizo presente el martes en una reunión de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, e integrantes derechistas de ese organismo expresaron apoyo a su reclamo de más hechos que palabras.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, destituyó la semana pasada a su ministro de Seguridad, Raúl Rivara, a raíz de la muerte de Blumberg, pero designó este miércoles a un reemplazante que es visto como representante del bando garantista.
El nuevo ministro es León Arslanián, jurista, ex integrante de la Cámara Federal que juzgó a los comandantes de la última dictadura y ministro de Justicia en el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), que ocupó el mismo cargo en 1998-1999.
La gestión de Arslanián en la provincia fue polémica, porque buscó una profunda reforma policial que descentralizara las jurisdicciones e instalara mayores controles civiles sobre las fuerzas de seguridad. La presión política de los que exigían mano dura contra el delito bloqueó ese impulso y forzó su renuncia.
El nuevo ministro sostuvo este miércoles que el aumento de penas es inconducente, porque no está probado que el delincuente se amilane frente a un aumento de la punibilidad, (y) en cambio sí se contramotiva cuando hay eficacia de los aparatos policiales en la prevención, represión e investigación de los delitos.
Blumberg, asesorado por dirigentes políticos e integrantes del Poder Judicial que se oponen a las posturas de Arslanián, dijo que el nombramiento del ministro es una locura.
Yo me interioricé con gente seria que es experta en este tema, y dicen que Arslanián fracasó y que hizo mucho daño, remarcó.
Desde el otro bando, el sacerdote y filósofo Hugo Mujica consideró que Blumberg es un señor dolido pero que no debe prestarse al espectáculo que pretenden generar los medios periodísticos, transformando el afán de justicia en reclamo de venganza. (
