Apenas cambia el semáforo, Angel Díaz se mueve de prisa entre los autos mostrando un sucio trozo de estopa y ofreciendo limpieza rápida del parabrisas a cambio de una moneda. Su aspecto es patibulario, pero algún conductor acepta el servicio antes de que la luz ordene proseguir la marcha.
Yo trabajé de albañil, de ayudante de plomero (fontanero) y de carpintero, y después tuve un puesto (ventorrillo callejero) de sandalias, pero se me acabó la plata y no pude seguir, narró Díaz a IPS en una esquina de la capital de Venezuela donde cada tarde trata de reunir dinero suficiente para comer él y su mujer.
Su compañera, Matilde, laboraba como empleada doméstica para una familia de clase media, pero la compañía donde trabajaba su patrón redujo personal y entonces también la despidieron. Menos mal que no tenemos hijos.
Para Díaz lo peor que me puede pasar es que me enferme o me atropelle un carro (automóvil), y lo mejor es que el país se compusiera, los políticos dejaran el pleito que tienen y hubiera más trabajo.
La pobreza en que vive Díaz afecta a 40 por ciento de los 25 millones de habitantes y es un rasgo que domina transversalmente el panorama de los derechos humanos del país, según el último informe anual (octubre 2002-septiembre 2003) de la principal organización no gubernamental que estudia el tema, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Junto con la pobreza, subrayada por un deterioro consistente del ingreso y del empleo, la situación de los derechos humanos se agrava por la debilidad del Estado para garantizar y proteger esos derechos, y el modo como los venezolanos vivimos el conflicto político, dijo a IPS Carlos Correa, coordinador general de Provea.
Lo grave no es el conflicto o la confrontación, sino las limitaciones de los actores políticos para administrar institucionalmente los disensos y reducir la violencia en el conflicto, según Correa, para quien ese modo de asumir la lucha política impide construir acuerdos o consensos para enfrentar dramas sociales.
El defensor del Pueblo Germán Mundaraín opina que el caso más grave de violación de los derechos humanos que existe en Venezuela es el de los derechos económicos, sociales y culturales de los venezolanos.
Provea subraya que la tasa oficial de desempleo se ubicó en septiembre en 17,8 por ciento, 1,6 por ciento más que el año anterior en este país que es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo.
Pero en febrero, después de la huelga de 63 días observada por empresarios, sindicalistas y empleados petroleros opositores, traducida en quiebra de empresas, la tasa alcanzó 20,7 por ciento.
El déficit del salario mínimo (156 dólares mensuales) con respecto a la canasta alimentaria básica es de 21 por ciento, según fuentes oficiales, y de 48 por ciento según el opositor sindicato de maestros. Hay uno por ciento más de menores de 15 años mal alimentados, es decir 12,4 por ciento de ese segmento de la población.
Programas del gobierno de Hugo Chávez, como los expendios populares de alimentos, lucen fragmentados en su ejecución y débiles en su impacto, según Provea.
Rafael Alfonso, un opositor de Chávez que dirige la Cámara de la Industria Alimenticia, dijo que el consumo de alimentos procesados cayó 15,4 por ciento en 2003 respecto del año anterior.
En salud, Provea lamenta la insuficiencia del presupuesto (1,8 por ciento del producto bruto interno, muy lejos del cinco por ciento que aconseja la Organización Mundial de la Salud) y ha registrado 90 protestas por ese derecho, pero reconoce las bondades del programa Barrio Adentro, que desarrolla el gobierno con centenares de médicos cubanos.
Los médicos cubanos se internan en barriadas populares de Caracas y otras ciudades, mediante un acuerdo entre los gobiernos de Cuba y Venezuela, bajo protesta de algunos sindicatos médicos venezolanos. Provea aboga porque se solucionen esos conflictos y se garantice la permanencia de ese programa.
En educación, Provea apunta que 1,8 millones de niñas, niños y jóvenes de 3 a 19 años no asisten a centro educativo alguno, aunque estos números son anteriores al lanzamiento en mayo de una serie de programas que pusieron ante un pizarrón a centenares de miles de personas de distintas edades y grados de instrucción.
De los niños excluidos de la educación, 89 por ciento son pobres, según el estudio.
La organización registra que la huelga opositora de hace un año hizo perder a los escolares 38 días hábiles de clase, y reconoce que en el período medido por este informe la matrícula escolar registró un alza histórica, de 5,6 por ciento.
Sobre el derecho a la tierra, Provea saluda la adjudicación gubernamental de 1,1 millones de hectáreas a campesinos, pero en un marco de conflicto, porque la ausencia de un catastro impide precisar qué tierras son privadas y cuáles son estatales.
Cuatro dirigentes agrarios fueron asesinados entre enero y septiembre. Fue apenas una de las expresiones de la violencia política, que en 2002 y 2003 dejó 83 personas muertas y más de 200 heridas, indicó a IPS el coordinador del área de investigación de Provea. Antonio González.
Venezuela ha vivido en los dos últimos años una aguda confrontación entre Chávez y los opositores que buscan desalojarlo del poder antes de que complete su sexenio (2000-2006), aunque la violencia ha mermado desde que en mayo las partes pactaron encontrar una salida electoral a la crisis.
Pero la violencia criminal azota a la población mucho más que la política. En este país de 24 millones de habitantes hubo 9.617 homicidios en 2002, 21 por ciento más que en 2001, y la tendencia es de un nuevo crecimiento este año.
La violencia genera más exclusión, y ésta agrava la pobreza, destacó González.
Un estudio del Centro para la Paz de la caraqueña Universidad Central mostró que en 1975, con 25 por ciento de la población en pobreza, la tasa de homicidios era de 12 por cada 100.000 habitantes, y la de robos de 23 por 100.000.
El año pasado, con 40 por ciento de pobreza, la proporción de homicidios fue de 42 y la de robos de 170 por 100.000 habitantes.
Para superar el deterioro de los derechos humanos, Provea propone un acuerdo político que incluya a toda la diversidad del país, con amplia participación social, y que se asuma la superación de la pobreza como el principal desafío nacional.
La situación del país es una crisis añejada, y el empobrecimiento sostenido es parte de ella. La crisis venezolana no tiene el nombre de una persona, ni se resuelve con la permanencia o salida de un presidente, concluyó González.
