Cuatro preguntas para entender la masacre de los jesuitas en El Salvador

Con retratos y farolillos encendidos, los participantes recuerdan en una procesión anual a los seis sacerdotes jesuitas, a Julia Elba Ramos y a su hija Celina, asesinados por soldados del batallón Atlacatl el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana, en San Salvador. Imagen: Óscar Rivera.

SAN SALVADOR – Han pasado ya 37 años desde que un comando del ejército salvadoreño asesinó, la madrugada del 16 de noviembre de 1989, a seis sacerdotes jesuitas, a su empleada doméstica y a la hija de ella, de 16 años, en El Salvador, en medio de una cruenta guerra civil.

A los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, los ejecutaron en el jardín de la residencia de los sacerdotes, en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en San Salvador.

Al jesuita salvadoreño Joaquín López y López lo mataron dentro de la residencia. En una habitación contigua asesinaron también a las salvadoreñas Julia Elba Ramos y su hija Celina Ramos, de 16 años.

Antes de retirarse, los soldados dejaron un letrero que atribuía la matanza a guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que habían lanzado una ofensiva a gran escala, nombrada “hasta el tope”, es decir, luchar hasta el final.

La guerra en El Salvador (1980-1992) dejó unos 75 000 muertos y 8000 desaparecidos.

La llamada Masacre de la UCA, que conmocionó al país y al mundo, avanza desde entonces lento y a tropezones por los pasillos de la justicia, empantanada por la impunidad.

Pero hace seis años se lograron los primeros frutos: la condena en España, en 2020, del coronel Inocente Orlando Montano, uno de los oficiales de la cúpula militar salvadoreña que estuvo detrás del crimen de los seis religiosos y las dos mujeres.

“Logramos la condena (de Montano), pero históricamente, moralmente y políticamente la condena era para todos los militares implicados”, aseguró Benjamín Cuéllar, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y parte de la querella en el caso contra Montano.

La noche del 15 de noviembre, en medio de la ofensiva guerrillera, el coronel René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto, ordenó al coronel Guillermo Alfredo Benavides, director de la Escuela Militar, montar el operativo para matar a Ellacuría y los demás jesuitas “sin dejar testigos”.

De la Escuela Militar salió el comando con ese fin, el día 16. Eran unidades élite del batallón Atlacatl, entrenado en los Estados Unidos. 

El jardín de rosas donde se rinde tributo a los jesuitas masacrados por el ejército, junto con una mujer y su hija, el 16 de noviembre de 1989, en la sede de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador. Imagen: UCA

¿Qué papel desempeñaban los jesuitas de la UCA  durante la guerra?

Los jesuitas de la UCA entendían la defensa de la justicia social como parte de su vocación religiosa, lo que les acarreó furibundos ataques verbales desde la extrema derecha.

Para su rector, Ignacio Ellacuría, filósofo y referente de la teología de la liberación, la universidad tenía una responsabilidad con los salvadoreños que vivían en la pobreza, que eran la mayoría.

Esa visión humanista orientó el trabajo de sus compañeros sacerdotes como docentes e investigadores.

En 1983, en plena guerra, el sociólogo Segundo Montes investigó qué pensaba la población civil sobre un conflicto cuyo rumbo se decidía en gran medida por las armas.

Entre las personas consultadas encontró un fuerte temor a la represión y una preferencia por el diálogo, según escribió en un artículo académico de la época.

Años después, Ignacio Martín-Baró, sicólogo social, documentó el alcance de esa preferencia. En su ponencia “Los medios de comunicación masiva y la opinión pública”, de 1989, señaló que, en las encuestas que examinó, por cada persona partidaria de una salida militar había al menos cuatro que preferían el diálogo.

Ellacuría, por su parte, promovió desde comienzos de los años 80 una negociación entre el gobierno y la guerrilla del FMLN. También propuso un papel para la población civil.

En algunos de sus artículos planteó que los sectores sociales podían organizarse para presionar a las partes a fin de poner fin a la guerra y reclamar que cualquier acuerdo atendiera las necesidades de la mayoría. A esa iniciativa civil la llamó “tercera fuerza”.

¿Por qué sectores oligárquicos y militares los identificaban con la guerrilla?

Para sectores de la élite económica salvadoreña, la denuncia de la desigualdad y los reclamos de justicia social eran señales de comunismo.

Esa derecha conservadora contaba con el respaldo de la Fuerza Armada para preservar el orden social del que dependían sus privilegios.

Benjamín Cuéllar, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, explicó a IPS en enero de 2025 que, durante la guerra civil, entre quienes financiaban a los militares estaban los “dueños de la finca”, en alusión al poder económico del país.

Esa afinidad entre las élites económicas y militares se hizo cada vez más visible, en el contexto de guerra. En julio de 1989, la agrupación Cruzada Pro Paz y Trabajo, de extrema derecha, pidió en una carta abierta al presidente Alfredo Cristiani la captura y el juicio sumario de los jesuitas Ignacio Ellacuría y Segundo Montes, entre otros.

Los responsabilizaba de asesinatos y actos de destrucción cometidos, según la agrupación, en nombre de la teología de la liberación.

En el caso de Ellacuría pesaba, además, su capacidad de interlocución con el democristiano Cristiani y con los dirigentes del FMLN.

En ese contexto, al rector que abogaba por el diálogo lo señalaban como el «cerebro» de la guerrilla.

¿Qué llevó a los militares a ordenar la masacre en noviembre de 1989?

El 11 de noviembre de 1989, el FMLN lanzó la mayor ofensiva rebelde de la guerra civil salvadoreña. Sus combatientes tomaron posiciones en varios sectores de San Salvador y sus alrededores y, durante unas tres semanas, atacaron cuarteles y otros objetivos gubernamentales.

La magnitud de la operación, que abarcó otras ciudades del país, sorprendió al alto mando. Al día siguiente, el gobierno decretó el estado de sitio e impuso un toque de queda nocturno.

Hace 37 años, San Salvador y sus alrededores se encontraban paralizados, debido a los intensos combates.

Mientras se combatía en la capital, una cadena nacional encabezada por Radio Cuscatlán, emisora de la Fuerza Armada, difundía llamadas de la audiencia en las que se acusaba de guerrillero al rector de la UCA, Ignacio Ellacuría, y se pedía su muerte, así como la del resto de jesuitas.

Para los mandos militares opuestos a la negociación, matar al rector suponía cerrar una vía de diálogo con la guerrilla y proteger sus puestos ante una posible depuración del ejército.

Así reconstruyó el móvil del crimen la Audiencia Nacional de España en el juicio contra Montano, entonces viceministro de Seguridad Pública. Es el único militar enjuiciado y condenado hasta ahora por el crimen.

Montano había estado viviendo tranquilamente en Boston, Estados Unidos, pero en 2017 fue extraditado a España. En 2020, fue condenado a 133 años de cárcel, por el asesinato de los cinco sacerdotes de nacionalidad española: Ellacuría, Montes, Martín-Baró, López y Moreno.

Una pareja de esposos busca el nombre de su hijo en el muro del Monumento a la Memoria y la Verdad, en San Salvador. Él sostiene un retrato del joven mientras ella recorre con la vista los nombres grabados. El monumento recuerda a unas 25 000 víctimas civiles de la guerra civil salvadoreña, que dejó alrededor de 75 000 muertos entre 1980 y 1992. Imagen: Edgardo Ayala/IPS

¿En qué fase judicial se encuentra el caso y qué responsabilidad se atribuye a Cristiani?

La justicia salvadoreña reabrió el caso en 2022 y en noviembre de 2024 envió a juicio al expresidente Cristiani, al exdiputado Rodolfo Parker y a nueve militares retirados. Cristiani y Parker siguen prófugos, con órdenes de captura internacional ratificadas en abril de 2025.

La Compañía de Jesús ha desestimado la idea de que Cristiani dio luz verde al múltiple crimen, porque él conocía personalmente y respetaba a Ellacuría como interlocutor a favor de la paz.

Sin embargo, en abril de 2000, Cristiani fue incluido en el caso por encubrimiento y comisión por omisión, es decir, no hizo nada para detener la matanza de la UCA y lo encubrió. Al final del proceso se sabrá si avaló el operativo.

El 14 de octubre de 2026, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador volvió a aplazar el inicio del juicio y lo fijó para el 5 de abril de 2027.

Dos de los acusados faltaron a la audiencia de octubre: Rafael Humberto Larios López, ministro de Defensa en 1989, y Juan Rafael Bustillo Toledo, entonces jefe de la Fuerza Aérea. Sus abogados alegaron motivos de salud y el tribunal pidió al Instituto de Medicina Legal que verificara si su condición justificaba la ausencia.

Parker, entonces asesor jurídico del Estado Mayor, afronta cargos de fraude procesal y encubrimiento. La Comisión de la Verdad concluyó que alteró declaraciones para ocultar referencias a órdenes superiores durante la investigación militar.

Además del coronel Montano, también están acusados Juan Orlando Zepeda, viceministro de Seguridad Pública; Nelson Iván López López, a cargo del Centro de Operaciones Conjuntas la noche de la matanza, y Joaquín Arnoldo Cerna Flores, jefe de operaciones.

Los otros tres son Carlos Camilo Hernández Barahona, subdirector interino de la Escuela Militar, Óscar Alberto León Linares, comandante del batallón Atlacatl, y Manuel Antonio Rivas Mejía, jefe de la unidad a la que Cristiani encomendó investigar los asesinatos.

La masacre de la UCA debilitó el respaldo del legislativo Congreso estadounidense al ejército salvadoreño y aumentó la presión sobre el gobierno de Cristiani para negociar con el FMLN.

En 1990, ese Congreso dispuso retener la mitad de la ayuda militar prevista para el año fiscal de 1991 y contempló suspenderla por completo si el gobierno salvadoreño no investigaba a fondo los asesinatos.

Ese giro en Washington coincidió con el ocaso de la Guerra Fría, simbolizado por la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, una semana antes del crimen. En ese nuevo escenario internacional, el gobierno y la guerrilla avanzaron, con la mediación de las Naciones Unidas, hacia los acuerdos de paz que firmaron el 16 de enero de 1992.

Benito Márquez posa ante el memorial de El Mozote, en el departamento de Morazán, en el oriente de El Salvador. En las placas figuran los nombres de sus hermanos Facundo y Segundo, dos de los cerca de mil civiles que el ejército salvadoreño asesinó en ese caserío y en comunidades vecinas en diciembre de 1981. Imagen: Edgardo Ayala / IPS

¿Qué otras masacres cometió el ejército durante la guerra?

Ocho años antes del asesinato de los jesuitas, en diciembre de 1981, soldados del mismo batallón, el Atlacatl, participaron en una operación militar que dejó cerca de un millar de civiles asesinados en el caserío de El Mozote y varias comunidades vecinas del departamento de Morazán, en el este de El Salvador.

La justicia salvadoreña archivó el caso en 1993 al amparo de la Ley de Amnistía. La causa penal se reabrió en septiembre de 2016, después de que la Sala de lo Constitucional anulara la amnistía. En noviembre de 2025, el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera ordenó que el caso pasara a juicio.

La defensa apeló en diciembre y, en julio de 2026, la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Oriente, con sede en San Miguel, aún no había resuelto el recurso.

El 14 de mayo de 1980, familias campesinas que huían de un operativo militar en el norteño departamento de Chalatenango intentaron cruzar el río Sumpul para refugiarse en Honduras.

La cifra exacta sigue sin conocerse, pero se estima entre 300 y 600 personas asesinadas. Cuatro décadas después, la justicia salvadoreña aún recogía testimonios. En septiembre de 2022, cuatro testigos presenciales declararon ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango a petición de la Fiscalía.

La prensa salvadoreña ha publicado que unas 124 masacres se cometieron en El Salvador, durante la guerra civil.

ED: EG

 

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