SAN SALVADOR. El caso de un asesinato cometido en la guerra civil salvadoreña, abierto por una Justicia politizada y controlada por el presidente Nayib Bukele, atestigua lo difícil que sigue siendo para El Salvador sanar las heridas de un conflicto que finalizó hace 31 años.
El caso ha generado un debate en torno a la validez en abrir un proceso judicial sobre un asesinato atribuido a ocho miembros de la antigua guerrilla salvadoreña, algunos de ellos convertidos ahora en activistas ambientales, en un contexto en el que la justicia puede ser trastocada por intereses políticos.
Esa manipulación, por lo demás, ha sido la constante en este país centroamericano que vivió una guerra entre 1980 y 1992, y que no logra superar el ciclo de dolor que dejó el conflicto, con más 75 000 muertos y alrededor de 8000 desaparecidos.
“La familia de esa señora tiene mi solidaridad, y tiene que seguir luchando hasta que ese crimen se resuelva y se sancione a los culpables, quienes quiera que hayan sido, ambientalistas o no”: Juan José Dalton.
Ahora esa manipulación la estaría realizando Bukele, el presidente neopopulista en el poder desde 2019, calificado de autoritario y dado a la revancha política contra opositores y a saltarse los derechos humanos y el debido proceso.
“Hay un retroceso en el tema de derechos humanos, hay desconfianza en la Fiscalía, en las autoridades del país”, y no está asegurado el debido proceso, dijo a IPS Miguel Montenegro, director de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES).
Ambientalistas antiminería presos
El 11 de enero, la Fiscalía General de la República, bajo control del mandatario, expidió una orden de captura contra ocho exguerrilleros que habrían participado en el crimen de María Inés Alvarenga, cometido en agosto de 1989.
El hecho sucedió en Santa Marta, un pequeño asentamiento rural del municipio de Victoria, en el departamento de Cabañas, en el centro de El Salvador.
De los ocho acusados, al menos dos son directivos de una organización que por años ha estado al frente de la lucha contra la minería en El Salvador: la Asociación de Desarrollo Económico y Social (Ades).
“En realidad este caso no tiene mucho que ver con la guerra civil, se da porque el gobierno tiene intenciones de reintroducir la minería metálica en el país”, dijo a IPS el activista Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (Acafremin).
Esa industria extractiva quedó prohibida en El Salvador por una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, en abril de 2017, que respondió a una amplia demanda social contra la minería.
La Fiscalía ha dicho que a Alvarenga la habría asesinado una escuadra de guerrilleros del entonces Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), convertido en partido político en 1992, año en que un acuerdo de paz puso fin a la guerra en El Salvador, y que ha gobernado el país entre 2009 y 2019.
Según el reporte, los rebeldes la acusaron de espiar para el ejército, y por ello la llevaron al campamento, en esa zona de Cabañas, la torturaron y la asesinaron, lo que constituiría un crimen de guerra.
Aquellos guerrilleros son quienes, 34 años después, están siendo acusados por la Fiscalía. El 19 de enero, una jueza les decretó detención provisional, mientras sigue el proceso, lo que aplica para los seis detenidos hasta ahora, mientras otros dos están prófugos y serán juzgados en ausencia.
Entre los acusados se encuentra Eduardo Sancho, conocido en la guerra con el seudónimo de Fermán Cienfuegos, el máximo comandante de la Resistencia Nacional (RN), una de las cinco organizaciones que conformaron el FMLN.
Sancho, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz, celebrados en México, en 1992, no ha sido capturado porque estaría fuera del país, mientras se desconoce el paradero del otro prófugo: Saúl Agustín Rivas Ortega.
Los detenidos son Teodoro Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas Ortega, Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas y Fidel Dolores Recinos Alas, conocido como Raúl Hércules o “Raulón”, comandante de la RN y jefe militar de la zona.
Manipulación política bukeliana
Organizaciones sociales alegan que todo se debe a una maniobra política del gobierno de Bukele, el cual, ahogado por problemas financieros, pretendería ahora recurrir de nuevo a la minería, como tabla de salvación, utilizando para ello un crimen de guerra.
“Para nosotros (el gobierno) está generando las condiciones para reactivar la minería”, y por eso las detenciones, sostuvo Cabezas, de Acafremin.
Bukele llegó a la presidencia tras arrasar en las elecciones de febrero de 2019 y, dos años más tarde, otros comicios le dieron a su partido, Nuevas Ideas, la mayoría en la Asamblea: 56 diputados, de 84.
Con ese poder, el presidente movió sus hilos para que esa Asamblea destituyera, el 1 de mayo de 2021, a cinco jueces del tribunal constitucional del país, y colocó a cinco aliados suyos. Lo mismo hizo con el fiscal general.
Así, el gobierno fácilmente podría pasar una nueva ley que dé luz verde a la minería.
Esa industria comenzó a gran escala con los permisos de exploración otorgados en 2002 a Pacific Rim, la transnacional canadiense adquirida en 2013 por la corporación australiana-canadiense OceanaGold.
Pero fue parada en seco por la prohibición de 2017.
Los ambientalistas de Ades en Santa Marta serían, según la hipótesis de las organizaciones, una piedra en el camino en esos planes.
Según Cabezas, uno de los indicios más fuertes de que el gobierno tiene planes para que regrese la minería es la adherencia de El Salvador, en mayo del 2021, al Foro Intergubernamental de Minería, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, en inglés), en que participan unos 60 países.
Esa es una instancia que tiene como su gran financiador a Canadá y que en principio aboga por una industria minera “sostenible”, pero que según el activista es únicamente una “fachada” para abrir el camino a los consorcios extractivos mundiales.
No obstante, al anunciar la inclusión de El Salvador, el IGF habló únicamente de minería “no metálica”.
La campaña en favor de los procesados fue apoyada por 150 organizaciones, de 90 países, por medio de una carta pública.
Muchas masacres que investigar
El Estado salvadoreño ha hecho muy poco, desde el fin de la guerra, por aclarar la verdad y hacer justicia en decenas de masacres cometidas por el ejército y, también, los crímenes y ejecuciones de la guerrilla.
Y cuando se ha hecho algo, los casos no avanzan.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó en enero de 2022 que el Ministerio Público investiga alrededor de 213 casos de crímenes y violaciones a derechos humanos ocurridos en la guerra civil.
De esos, 21 están siendo judicializados, como la masacre de El Mozote, de diciembre de 1981, un caso reabierto en septiembre de 2016.
Se calcula que unos 1000 campesinos fueron acribillados a sangre fría por el ejército, en El Mozote y otras aldeas en el norte del departamento de Morazán.
Entre septiembre y octubre de 2020, al juez Jorge Guzmán, entonces a cargo del caso de El Mozote, no se le permitió entrar a varias guarniciones militares para indagar sobre documentos en torno al operativo que acabó con aquellos campesinos.
Se entendió que la negativa vino por orden de Bukele, pese a que el mandatario había afirmado en 2019 que sí lo permitiría.
Todo eso lleva a pensar a los opositores de Bukele a que la apertura del caso de Alvarenga pude ser una manipulación política.
Y aun así, hay una familia que pide justicia
Sin embargo, aunque sí haya una manipulación en el caso, eso no quita otra verdad ineludible: que el crimen sí se cometió y hay una familia que está exigiendo justicia.
Es decir, manipular políticamente el caso no significa que el crimen no sucedió y que no requiera justicia y reparación.
Para el periodista Juan José Dalton, el caso se parece al de su padre, el reconocido poeta Roque Dalton, asesinado en mayo de 1975 por sus propios compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), otra de las cinco organizaciones del FMLN.
Lo acusaron de ser espía de la CIA.
El cuerpo del escritor no ha sido encontrado, como tampoco el Alvarenga.
“Yo no sé si todos los capturados están involucrados, o ninguno, no se sabe de momento, pero en la investigación saldrá”, dijo a IPS Dalton, refiriéndose al caso de Alvarenga.
Agregó: “La familia de esa señora tiene mi solidaridad, y tiene que seguir luchando hasta que ese crimen se resuelva y se sancione a los culpables, quienes quiera que hayan sido, ambientalistas o no”.
Dalton integra la asociación Víctimas Demandantes (Vidas), que lucha por el esclarecimiento de violaciones a derechos humanos durante la guerra, tanto los cometidos por el ejército como por la guerrilla.
Señaló que se deben investigar todos los casos de crímenes de guerra en El Salvador, y si los fiscales no lo hacen, “es una falta que hay que reclamarle a la Fiscalía”, en lugar de querer soslayar el caso de Alvarenga.
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En tanto, Miguel Montenegro, de la CDHES, señaló que la justicia no debe ser selectiva, pero que si una familia interpone una denuncia, se debe investigar.
“La justicia debe caer sobre los responsables (en el caso de Alvarenga), sean quienes sean”, dijo.
Y es que el FMLN también cometió asesinatos horrendos, como la matanza de unos 1000 de sus mismos compañeros guerrilleros, acusados también de ser infiltrados del ejército.
Los asesinatos fueron ordenados por el comandante conocido como Mayo Sibrián, apodado el “Carnicero de la Paracentral”, en alusión al frente de guerra donde operó, la zona central del país, entre 1986 y 1989.
ED: EG
