ANTALYA, Turquía – Mientras avanza la cumbre climátia, la COP31, en Antalya, dos realidades exigen atención. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que el período comprendido entre 2015 y 2025 abarcó los 11 años más cálidos jamás registrados, con una temperatura en 2025 aproximadamente 1,43 °C superior a los niveles preindustriales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que la cantidad de personas de 60 años o más aumentará de 1000 millones en 2020 a 1400 millones en 2030 y 2100 millones en 2050, lo que equivale aproximadamente a una de cada cinco personas.
Estas tendencias están relacionadas y, en conjunto, definen la población a la que deben responder las políticas climáticas. Sin embargo, la representación en las negociaciones sobre el clima apenas ha cambiado.
El proceso climático de las Naciones Unidas reconoce nueve grupos de organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellos los de mujeres y género, jóvenes, pueblos indígenas y agricultores, pero ninguno dedicado a las personas mayores.
Estos grupos coordinan intervenciones, designan oradores y facilitan la participación en los eventos oficiales. No puede darse por sentado que un ministro de edad avanzada presente en la mesa de negociaciones represente a las personas mayores que enfrentan sequías, desplazamientos o tarifas eléctricas inaccesibles.

De los acuerdos a la acción: ¿quién debe actuar?
Existen razones para defender el proceso de las COP. La COP28, celebrada en Dubái, puso en funcionamiento el fondo de pérdidas y daños y acordó una transición para abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos.
La COP29, celebrada en Bakú, estableció el objetivo de movilizar al menos 300 000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo de aquí a 2035, con los países desarrollados a la cabeza, además de impulsar esfuerzos para aumentar el financiamiento procedente de todas las fuentes hasta alcanzar 1,3 billones de dólares anuales.

La COP30, celebrada en la ciudad amazónica brasileña de Belém, instó a triplicar el financiamiento para la adaptación de aquí a 2035, adoptó 59 indicadores de adaptación y acordó establecer un mecanismo de transición justa.
Estas decisiones ofrecen un camino para pasar del diálogo al consenso y, finalmente, a la implementación, aunque las metas no equivalen a desembolsos ni las promesas garantizan protección.
La agenda de la COP31 pone el foco en el financiamiento, la medición de la adaptación, la reducción de emisiones y una transición justa, además de los recursos destinados a pérdidas y daños.
Entre sus prioridades de acción figuran la seguridad alimentaria, las ciudades resilientes, los sistemas de salud, las energías limpias, la juventud y la educación. Todas tienen una dimensión vinculada al envejecimiento.
El desafío consiste en determinar si las instituciones encargadas de implementar estas prioridades reconocen explícitamente a las personas mayores como titulares de derechos y participantes activos, y si ese reconocimiento se refleja en las inversiones.
El reconocimiento tiene consecuencias concretas. Las mujeres cuentan con un Plan de Acción de Género; los pueblos indígenas disponen de espacios institucionales específicos; y los niños y jóvenes tienen un grupo de representación establecido y un representante de la juventud para la acción climática en la presidencia de la COP.
Estos avances se lograron gracias a una labor sostenida de incidencia y siguen siendo insuficientes.
Demuestran, sin embargo, que las instituciones pueden cambiar. El reconocimiento de las personas mayores existe de manera fragmentaria: la Agenda de Adaptación de Sharm el-Sheikh identifica a este grupo entre las poblaciones que necesitan protección frente al calor.
No obstante, figurar en una lista de poblaciones vulnerables constituye una forma limitada de inclusión. El reconocimiento debe traducirse en autoridad, recursos y mecanismos de rendición de cuentas en todas las instituciones climáticas, mucho después de que concluya una cumbre.

Las cifras de mortalidad ya ofrecen una respuesta
Según la OMS, la mortalidad relacionada con el calor entre las personas mayores de 65 años aumentó aproximadamente un 85 % entre los períodos 2000-2004 y 2017-2021. Durante el verano europeo de 2022, se estimaron 61 672 muertes relacionadas con el calor.
El informe Lancet Countdown de 2025, resumido por la OMS, estima que el calor provoca 546 000 muertes anuales en todo el mundo, considerando todas las edades. «Cada fracción de grado de calentamiento cuesta vidas y medios de subsistencia», advirtió Jeremy Farrar, de la OMS.
Los riesgos se acumulan. El calor puede agravar enfermedades cardíacas, pulmonares y renales. El aislamiento, la falta de transporte accesible, las viviendas inadecuadas y las interrupciones del suministro eléctrico o de los servicios de salud pueden convertir la exposición al calor en una catástrofe.
Una alerta temprana que solo se transmite a través de teléfonos inteligentes, o un plan de evacuación que supone que todas las personas pueden caminar, puede excluir precisamente a quienes busca proteger.
Un estudio publicado en Nature Communications en 2024 prevé que, para 2050, más del 23 % de las personas de 69 años o más vivirán en climas donde las temperaturas de los días más calurosos superarán los 37,5 °C, frente al 14 % registrado en 2020. Según el escenario, entre 177 y 246 millones de personas mayores adicionales podrían quedar expuestas a estas condiciones de calor extremo.
El envejecimiento de la población agrava las consecuencias de retrasar las medidas de adaptación. Cada centro de salud sin suministro eléctrico de respaldo, cada asentamiento sin sombra y cada refugio inaccesible se convierte en un problema a largo plazo a medida que cambia la población a la que presta servicios.
¿Edadismo o inercia institucional?
¿Esta exclusión constituye una forma de edadismo? El Informe mundial sobre el edadismo de las Naciones Unidas estimó que una de cada dos personas en el mundo tiene actitudes discriminatorias hacia las personas mayores.
Esto no permite establecer cuáles son las motivaciones de los negociadores climáticos. Sin embargo, resulta poco creíble suponer que las instituciones climáticas estén libres de un prejuicio arraigado en otros ámbitos de la sociedad.
Quizás las instituciones, sobrecargadas de responsabilidades, hayan desarrollado cierto cansancio frente a las demandas de inclusión: otro grupo de representación, otra consulta, otra exigencia sobre recursos financieros escasos.
Pero el envejecimiento de la población no es una nueva cuestión de moda. Se trata de una transformación previsible de las sociedades a las que estas instituciones deben servir.
La división entre «las personas mayores de hoy» y «las futuras víctimas del cambio climático» también es falsa. Alguien que hoy tiene 40 años tendrá 64 en 2050. Una adaptación que no contemple el envejecimiento perjudica tanto a quienes ya son mayores como a quienes envejecerán en condiciones climáticas más adversas.
Quienes siguen trabajando la tierra
Los argumentos a favor de la inclusión van más allá de evitar muertes. Las personas mayores continúan produciendo alimentos y preservando los conocimientos de los que depende la adaptación.
Eurostat determinó que, en 2020, 33,2 % de los responsables de explotaciones agrícolas de la Unión Europea tenía al menos 65 años y gestionaba 16,9 % de la superficie agrícola utilizada.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura de Japón informó que, en 2024, el 71,7 % de sus principales trabajadores agrícolas tenía 65 años o más, con una edad promedio de 69,2 años.
Se trata de categorías estadísticas diferentes, no de una comparación mundial. Sin embargo, ambos resultados ponen de manifiesto lo desacertado que resulta diseñar estrategias de resiliencia agrícola sin incluir a los productores de mayor edad.
En pastizales remotos, bosques y regiones montañosas, la experiencia puede constituir un recurso para la adaptación.
Los trabajos de la Unesco sobre el clima en África identifican a las personas mayores como depositarias de conocimientos detallados, a menudo no documentados, sobre el clima y las prácticas para afrontar sus efectos.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) señala que los intercambios entre los mayores de las comunidades indígenas y los jóvenes pueden fortalecer la capacidad de adaptación, y que los conocimientos locales de los pastores pueden complementar la investigación científica.
Las implicaciones ecológicas son considerables: la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) estima que los pueblos indígenas tradicionalmente poseen, gestionan, utilizan u ocupan al menos una cuarta parte de las tierras del planeta.
Esta cifra corresponde al conjunto de los pueblos indígenas, no exclusivamente a las personas mayores. No obstante, subraya la importancia de apoyar a quienes contribuyen a transmitir los conocimientos ecológicos dentro de estas comunidades.
Excluir a las personas mayores puede debilitar la transmisión de los conocimientos necesarios para preservar los ecosistemas.
Sus saberes deben evaluarse junto con los aportes de la ciencia climática contemporánea, recibir apoyo y ser remunerados, en lugar de considerarse un sustituto gratuito de las inversiones.
El reconocimiento debe cambiar el destino del financiamiento
Los criterios de financiamiento climático deben reconocer a las personas mayores e incluirlas en la toma de decisiones. El Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación deberían exigir que las propuestas evalúen los riesgos relacionados con la edad, consulten a las asociaciones de personas mayores y financien medidas pertinentes.
Los programas nacionales deberían respaldar planes de respuesta al calor que incluyan visitas domiciliarias, acceso a espacios de refrigeración y evacuaciones accesibles, además de servicios resilientes de atención primaria de salud y cuidados. Los proyectos deberían informar sobre los gastos y resultados desglosados por edad, sexo y discapacidad, con distinciones entre los diferentes grupos de personas mayores.
Quienes soliciten recursos del fondo de pérdidas y daños deberían involucrar a las personas mayores en la evaluación de las pérdidas y la selección de las medidas de respuesta, entre ellas viviendas temporales accesibles, recuperación de los medios de subsistencia y acceso continuo a medicamentos y cuidados.
Las evaluaciones también deberían contemplar las pérdidas no económicas, incluidos los conocimientos culturales y los vínculos comunitarios, y no limitarse a los salarios y las propiedades.
Los requisitos de acceso a los recursos y su distribución no deben depender de los antecedentes laborales, los títulos de propiedad de la tierra ni del acceso a herramientas digitales.
La Red de Santiago debería ayudar a los países y las comunidades a evaluar las pérdidas sufridas por las personas mayores y planificar las respuestas.
Los planes nacionales de adaptación y los sistemas de alerta temprana deberían identificar a quienes necesitan información accesible, transporte o asistencia, y liberar recursos financieros cuando se cumplan los umbrales de pronóstico previamente acordados. También es necesario financiar a las asociaciones de personas mayores para que puedan participar en la planificación, realizar tareas de asistencia comunitaria y supervisar los resultados.
Por último, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc), organizadora de las COP climáticas, debería establecer un proceso transparente y con plazos definidos para reconocer formalmente a un grupo de representación de las personas mayores.
Mientras tanto, los gobiernos y los organismos climáticos deberían incluir a representantes de mujeres mayores, personas mayores de comunidades indígenas y personas mayores con discapacidad en las delegaciones nacionales, las consultas sobre adaptación y los procesos de asesoramiento pertinentes, garantizando condiciones de participación accesibles y apoyo para los desplazamientos.
Los programas intergeneracionales deberían remunerar a las personas mayores y a los jóvenes por combinar los conocimientos ecológicos con la ciencia climática.
Nada de esto exige postergar las medidas hasta que se establezca una nueva agenda de negociaciones. Lo que se necesita es que las instituciones reconozcan la realidad demográfica que ya tienen ante sí y orienten sus compromisos existentes para responder a ella.
La realidad es evidente: el mundo se vuelve cada vez más cálido y su población envejece. ¿Cuántas cumbres más deberán celebrarse antes de que las instituciones climáticas permitan que esta realidad determine quién toma las decisiones, qué se financia y qué vidas se protegen?
T: GM / ED: EG


