CARACAS – La militarización de la seguridad y la lucha contra el crimen de nuevo prende como reguero de pólvora en América Latina, con el fuego que le arrojan el gobierno de Donald Trump y sus aliados ultraderechistas en la región, acentuando el dominio hemisférico de Washington y con riesgos para la vigencia de sus derechos humanos.
El avance de la extorsión, el narcotráfico y el sicariato, y la sofisticación y extensión de las bandas fueras de sus fronteras, motiva a los gobiernos a recurrir a las Fuerzas Armadas para patrullar calles, asumir la gestión de las cárceles, lanzar operaciones contra reductos y barriadas, o sostener estados de excepción prolongados.
“Es ya una larga historia en América Latina. Ocurre cuando se confunde la seguridad ciudadana con una guerra, y lo que debería ser una excepción termina como normalidad, con grave riesgo para los derechos humanos”, señaló a IPS, desde México, el sociólogo Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz.
Los ejemplos cubren la mayor parte del continente.
México mantiene militares luchando contra el narcotráfico desde 2006 y creó en 2019 la Guardia Nacional, policía militarizada a las órdenes de su Secretaría de Defensa.
En el triángulo norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador) por años se ha empleado a militares en lucha contra las pandillas delictivas. En El Salvador de manera acentuada bajo el estado de excepción que implantó en 2022 el presidente Nayib Bukele, convertido en referente regional de “mano dura” contra el crimen.
En Perú y Colombia la apelación a la fuerza militar contra delincuentes y guerrillas sindicadas de financiarse con el narcotráfico es recurrente por parte de sus gobiernos, y de nuevo lo proclamaron en sus discursos de investidura en julio y agosto de este año los presidentes, Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella.
En Ecuador, en enero de 2024 el entonces recién estrenado mandatario Daniel Noboa declaró por primera vez en la historia del país un conflicto armado interno, con lo cual desplegó militares en las calles y trasladó a las fuerzas armadas las funciones de seguridad ciudadana y control penitenciario.
Y en Brasil, con motivo de la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el gobierno federal desplegó tropas militares para resguardar zonas turísticas, rutas estratégicas y favelas (barriadas populares) y encarar a grupos delictivos bien armados.
Y el gran golpe lo dio Estados Unidos desde hace un año, al desplegar en el Caribe y el Pacífico oriental una poderosa fuerza aeronaval que bombardea y hunde embarcaciones sospechosas de transportar drogas, liquidando sin contemplaciones a sus tripulantes.
Después de atacar Venezuela el 3 de enero y capturar al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa, la administración de Trump declara que está dispuesto a emplear su fuerza militar para frenar el delito en otros territorios y desliza frecuentemente que tiene en la mira a los carteles de México, su vecino al sur, gobernado por la izquierda y, por tanto, no sumado al Escudo conservador.
En forma de escudo
Cabalgando esa ola, y a partir de una cumbre con una docena mandatarios de la región el 7 de marzo en la ciudad estadounidense de Miami, Trump conformó un “Escudo de las Américas”, para unir fuerzas por la seguridad y contra organizaciones delictivas, de tráfico de drogas o de terrorismo.
Bajo esa etiqueta reunió a sus aliados en la región: los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago, la mayoría de ultraderecha y el resto de derecha tradicional.
Guatemala es gobernado por la socialdemocracia pero coopera con el grupo, Cuba y Nicaragua tienen gobiernos indeseables para Estados Unidos, y Trump se ufana de gobernar a Venezuela desde enero, por lo que quedan fuera -junto a islas del Caribe no consideradas-, México, Uruguay y Brasil.
Brasil, con la mitad de la superficie y de la población de América del Sur, dirime la presidencia en una segunda vuelta electoral este 25 de octubre, y el candidato mejor ubicado es Flávio Bolsonaro, el ultraderechista que reivindica el militarismo y quien promete gobernar estrechamente aliado a Trump.
El 22 de septiembre, los gobiernos del Escudo anunciaron su “primera acción conjunta para enfrentar el flagelo del narcoterrorismo”, con medidas administrativas, financieras y logísticas para enfrentar a 24 organizaciones que encuadran en su definición de narcoterroristas.
Ocho de ellas son de México: los carteles de Sinaloa, del Golfo, del Noreste, de Juárez, Jalisco Nueva Generación, la Nueva Familia Michoacana, Carteles Unidos y Los Viagras; y dos de El Salvador, las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18.
En Colombia se etiquetó al Clan del Golfo, y a las guerrillas Ejército de Liberación Nacional y a dos disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias (Farc), el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.
De Venezuela, al Cartel de los Soles -del que en enero se acusó a Maduro como cabecilla- y al Tren de Aragua, ya reputado como organización regional. Y de Ecuador, a las bandas Los Lobos, Los Choneros, Chone Killers y Los Tiguerones.
En Perú, a los restos de la guerrilla Sendero Luminoso. En Haití a la coalición de bandas Viv Ansam y a Gran Grif; y en Brasil al Primeiro Comando da Capital (São Paulo) y al Comando Vermelho (Río de Janeiro), cada uno de los cuales contaría con decenas de miles de integrantes armados.
Para que no queden dudas de la nueva militarización, los gobiernos del Escudo establecerán un órgano de consulta bajo el paraguas del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un pacto de 1947 para la defensa militar hemisférica ante amenazas extracontinentales.
Eficacia y derechos humanos
Combatir la delincuencia con fuerzas militares “suele mostrar una eficacia inmediata, pero la seguridad que impone no es sostenible. Los delincuentes se repliegan, sus organizaciones mutan, se expanden a través de las fronteras”, observó Uzcátegui, de nacionalidad venezolana.
Bram Ebus, criminólogo experto en seguridad en la región amazónica, dijo a IPS desde Brasilia que con el Escudo “los gobiernos están regresando a la vieja receta de la militarización para combatir el crimen, pero no van a curar la enfermedad”.
“Por ejemplo, los designados como grupos terroristas en Brasil son grupos criminales urbanos cuyo combate no es eficaz por fuerzas militares y sí por una policía experimentada como la Policía Federal”, afirmó Ebus, consultor del centro de estudios de conflictos International Crisis Group, basado en Bruselas.
Es un caso diferente a Colombia, con organizaciones delictivas de base rural, “pero donde los grupos armados quizá antes eran más ideológicos y ahora actúan como empresas criminales, más sofisticadas, aunque sin deshacerse de viejos elementos como controlar territorio o publicitar proclamas”, dijo Ebus, nacido en Países Bajos.
Ebus y Uzcátegui coinciden en que a la lucha contra organizaciones criminales aporta más la labor de inteligencia policial y trabajo con las comunidades que el empleo de la fuerza militar.
En un año la poderosa fuerza militar estadounidense hundió en el Caribe y el Pacífico más de 70 embarcaciones y mató a más de 230 ocupantes, pero “no hemos visto informes todavía de que lleguen menos drogas a Estados Unidos”, dijo Ebus.
En su opinión “los traficantes modernizan sus métodos, como usar semisumergibles o contenedores en grandes buques, o usar ahora rutas amazónicas”.
Al lado de la eficacia está el tema de los derechos humanos. Involucrar a los militares en las tareas de seguridad sobre civiles dispara alarmas.
Uzcátegui señala el caso de Venezuela, donde el “Operativo de Liberación del Pueblo”, con unidades de policía y de la Guardia Nacional (fuerza militar) para reprimir la delincuencia causó entre 2015 y 2017 al menos 505 asesinatos, según la fiscalía general. Esa cifra fue un subregistro, aseguran oenegés de derechos humanos.
Más recientemente, en el marco de un estado de excepción en diciembre de 2024, efectivos militares detuvieron, desaparecieron, asesinaron y luego calcinaron los cuerpos de cuatro niños y adolescentes en la ciudad costera de Guayaquil, en Ecuador.
Por ese crimen, un año después un tribunal condenó a 11 militares a 34 años y ocho meses de privación de libertad.
Washington manda
Por otra parte, advierte Ebus, el combate militar al narcotráfico o a la minería ilegal que se extienden por la Amazonia puede ser un pretexto para una mayor intervención estadounidense en esa región.
Considera que el Escudo de las Américas “más que un proyecto estructural es una alianza política de gobiernos de derecha”, que atiende a la búsqueda de Estados Unidos por “mostrar mano dura y alejar a China de la región”.
La Estrategia de Seguridad Nacional que la administración Trump presentó el año pasado y que apunta a “la paz a través de la fuerza”, contempla un mayor uso de la fuerza militar -o la amenaza de emplearla- para el logro de objetivos.
Entre ellos, consolidar y usufructuar la hegemonía estadounidense en el hemisferio, detener el flujo de drogas y de migrantes hacia Estados Unidos, acentuar el acceso y control de recursos, mercados e instalaciones estratégicas, y minimizar y alejar la influencia en la región de potencias rivales como China y Rusia.
Uzcátegui también considera al Escudo “parte del esfuerzo de Trump para desmontar todos los mecanismos multilaterales, de derechos humanos y de tradiciones democráticas posteriores a la Segunda Guerra Mundial”.
“El estilo Donald Trump no responde a la racionalidad política internacional”, dijo Uzcátegui. “La diplomacia de la fuerza que representa se está imponiendo en la región. Vivimos tiempos oscuros”, concluyó.
ED: EG
