GINEBRA – Expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos exigieron este martes 1 el fin de los asesinatos ilegales perpetrados por Estados Unidos, después de que se registraron al menos 223 muertes en el mar a causa de los ataques aéreos estadounidenses en el mar Caribe y el océano Pacífico durante el último año.
“Estos asesinatos sistemáticos violan gravemente la obligación fundamental de respetar el derecho a la vida”, afirmaron los expertos en su declaración, al completarse un año desde que Washington inició ese tipo de ataques sobre embarcaciones en el Caribe, el 2 de septiembre de 2025.
Desde entonces, la operación denominada “Lanza del Sur” destrozó y hundió 69 embarcaciones, sobre todo lanchas rápidas, con ataques cinéticos (desde gran altura) o bombardeos, causando hasta la fecha 227 muertes y sin dejar sobrevivientes en la inmensa mayoría de los casos, según organizaciones humanitarias.
“El derecho internacional no permite que los gobiernos asesinen sin más a presuntos delincuentes en el mar, del mismo modo que la policía no puede ejecutar sumariamente a personas en la calle en territorio estadounidense”, afirmaron los expertos al presentar su declaración en esta ciudad suiza.
Estados Unidos lanzó la operación con una poderosa fuerza aeronaval en aguas del Caribe, que incluyó al portaaviones Gerald Ford, luego reemplazado por el Nimitz, pero también desplegó unidades que han actuado en el Pacífico oriental.
En medio de esa operación presentada como ofensiva contra el narcotráfico se lanzó el 3 de enero un ataque relámpago sobre Venezuela, en el que murieron cerca de 80 militares cubanos y venezolanos y concluyó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, encarcelados luego en Nueva York.
Los expertos, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, rechazaron los argumentos legales con los que el gobierno de Estados Unidos justificó ls ataques.
“Los cárteles y las bandas de narcotraficantes no están llevando a cabo ataques armados contra Estados Unidos, por lo que no existe un derecho a la legítima defensa amparado por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”, indicaron los expertos.
Agregaron que “el narcotráfico es un asunto de aplicación de la ley que se rige por el derecho internacional de los derechos humanos en materia de uso de la fuerza. Calificarlo de guerra no lo convierte en tal”.
Según el derecho internacional humanitario, no existe conflicto armado con Estados Unidos, ya que no hay combate militar entre ambas partes.
“Estados Unidos simplemente está asesinando a personas unilateralmente, sin fundamento ni procedimiento legal alguno. Los presuntos narcotraficantes no son combatientes. Estos asesinatos son extrajudiciales e ilegales”, asentó la declaración.
Los expertos expusieron que, según el derecho internacional de los derechos humanos, aplicable en el mar, el uso de la fuerza letal solo está permitido en legítima defensa personal o en defensa de terceros, cuando sea estrictamente necesario y proporcional para prevenir una amenaza inminente a la vida.
“Estados Unidos no ha alegado tal amenaza y ha indicado que podría haber interceptado buques, pero optó por no hacerlo”, indicaron.
El derecho a la vida exige medidas inmediatas para buscar, rescatar y prestar asistencia médica a las personas que se encuentren en peligro a causa de este tipo de operaciones, apunta el texto de los especialistas.
Agrega que el derecho internacional del mar “exige asimismo una respuesta policial, no militar. Tampoco existe fundamento alguno para atacar militarmente buques y tripulaciones en virtud de los tratados de represión de estupefacientes o del derecho internacional antiterrorista”.
“Los ataques también podrían constituir delitos contra la seguridad marítima, lo que otorgaría a otros países jurisdicción para investigar y enjuiciar”, dijeron los expertos.
Según los informes, varias embarcaciones adicionales han desaparecido en circunstancias sospechosas.
Para os expertos de la ONU “todas las presuntas violaciones del derecho a la vida deben investigarse con prontitud, eficacia, exhaustividad, de forma independiente, imparcial y transparente, de conformidad con el derecho internacional”.
Sobre esa base, “todos los responsables, incluidos los mandos militares y civiles, deben rendir cuentas. Las víctimas y sus familias tienen derecho a una reparación, que incluye una indemnización, y a garantías de que tales asesinatos no se repetirán”.
Indicaron finalmente que “otros Estados deben abstenerse de prestar ayuda o asistencia en violaciones del derecho a la vida, negándose a compartir información de inteligencia o a poner recursos militares a disposición de Estados Unidos”.
Firman la declaración Ben Saul, relator especial sobre promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, y Morris Tidball-Binz, relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
También George Katrougalos, experto independiente en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias que preside Gabriella Citroni.
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