TIJUANA, México – El río Tijuana es invisible para la población de la ciudad del mismo nombre en el norte de México, pues está entubado desde inicios de los años 70. Esta intangibilidad lleva a que los habitantes lo ignoren y rehúyan su importancia ambiental para la zona y la contaminación que ha sufrido históricamente.
“Usamos el río como desagüe, solo nos preocupamos por lo que pasa al extremo de la llave”, lamentó ante IPS Adrián Valdés, coordinador de Vinculación del Instituto de Estudios para la Sustentabilidad de la privada Cetys Universidad de esta ciudad fronteriza con Estados Unidos.
En un recorrido por la zona, IPS constató el estado del torrente y los retos que enfrenta su gestión, enmarcada en las complejas relaciones hídricas entre Estados Unidos y México y enrarecidas por el constante asedio del presidente ultraconservador Donald Trump en todos los temas bilaterales.
Ambas naciones comparten los ríos Colorado, Bravo (Grande, en el país vecino) y Tijuana, a lo largo de unos 3000 kilómetros de frontera compartida, y gestionados bajo el Tratado de Aguas Internacionales de 1944 y sus posteriores enmiendas, conocidas como minutas.
El caudal, de 195 kilómetros de largo y que nace en la montaña La Rumorosa –parte de la Sierra de Juárez, en el mexicano estado de Baja California– y fluye hacia el oeste, hasta desaguar en el océano Pacífico. Su cuenca cubre 4532 kilómetros cuadrados (km2), y de los cuales 73% se ubica en Baja California y 27 % en el limítrofe estado estadounidense de California, donde se sitúa el estuario, de 25 km2.
La Presa Abelardo L. Rodríguez abarca 56 % de la cuenca, el río Tecate, 34 %, y el Tijuana, 10 %.
“Usamos el río como desagüe, solo nos preocupamos por lo que pasa al extremo de la llave”: Adrián Valdés.
La ciudad, a unos 2750 kilómetros al noroeste de Ciudad de México y con la frontera de más cruces del mundo, ha respondido históricamente a las necesidades del mercado vecino.
A partir de 1994, cuando cobró vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México, sustituido en 2020 por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la ciudad se convirtió en la fuente de textiles, electrodomésticos, aparatos eléctricos y autopartes, procedentes de las maquilas, las fábricas para exportación.
Pero estas plantas, pródigas también en abusos laborales, generan residuos peligrosos, como alcoholes, benceno, ácidos, plásticos, metales y gases contaminantes.
Los primeros han terminado usualmente en el río, que también acoge las descargas residenciales y de asentamientos informales, que se prodigan en Tijuana, con vertidos que dañan el ecosistema y la salud humana.
En medio de un generalizado mal funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales en México, millones de litros de esas aguas sin tratar, productos químicos industriales peligrosos y basura se vierten cada año en el Tijuana antes de cruzar la frontera con Estados Unidos, afectando así al estuario del río y al océano Pacífico
Esta contaminación, alimentada por años de abandono y falta de financiación binacional, ha provocado una catástrofe ambiental, de justicia social y de salud pública.
Imagen: Nooa
Cuando el río apesta…
El río arrastra “muchas Tijuanas”, la de las fábricas, que aportan tantos beneficios como perjuicios; la de las barriadas, el otro imán de los obreros de las maquilas; y de las casas que proliferan como la arena de la playa tijuanense, en una ciudad de más de dos millones de habitantes y cuyos ladrillos han sido los migrantes extranjeros e internos que llegan a la ciudad en búsqueda de oportunidades laborales.
“Es un problema complejo, grande, que hay que ponernos todos a resolverlo. Hay que seguir la pista al agua que sale de las compuertas”, dijo a IPS Hernando Durán, director del proyecto Tijuana Verde de la no gubernamental Tijuana Innovadora.
Actualmente, por ser temporada seca, el río apenas es un hilo café, de olor penetrante, rodeado de paredes grises de concreto. En pocos minutos, el visitante puede sentir mareos, náusea y escozor en la garganta y los ojos.
En otras zonas del canal, las descargas de algunas de la cincuentena de compuertas que tiene el río a ambos lados del borde forman charcos. En algunas áreas, la materia orgánica ha originado la aparición de humedales que ayudan a filtrar el agua.
Un complejo sistema de presas, plantas de tratamiento y tubos colectores de los residuos residenciales ha sido insuficiente para impedir que la polución invada al río.
En época lluviosa, de noviembre a abril, la precipitación pluvial y los vertimientos suben el nivel y si el flujo rebasa la capacidad de la planta de bombeo de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (PB-CILA) de 1500 litros por segundo (l/s) diarios, el exceso desagua en el río y termina del lado estadounidense, sobre las playas de Imperial Beach y Coronado.
Estas suelen cerrar por el nivel de suciedad.
Toda el agua residual que no es interceptada o bombeada fuera de la cuenca fluye por gravedad hacia el estuario en el lado estadounidense, lo que provoca que el colapso de la infraestructura en México anule el tratamiento hídrico del lado estadounidense, donde la Planta de Tratamiento Internacional procesa 1100 l/s diarios.
En abril de 2025, el gobierno mexicano reactivó la operación de la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos, una de las principales instalaciones con capacidad de 800 l/s diarios para evitar que agua contaminada llegue al Pacífico, y luego de cinco años fuera de funcionamiento.
“Es un problema complejo, grande, que hay que ponernos todos a resolverlo. Hay que seguir la pista al agua que sale de las compuertas”: Hernando Durán.
Gabriela Muñoz, académica del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del público El Colegio de la Frontera Norte, cuestionó los niveles de tratamiento de agua y su reúso en la ciudad.
Explicó que el desorganizado crecimiento urbano ha hecho que hoteles, edificios residenciales y otras instalaciones viertan sus aguas al río, y previamente “a veces la tratan, a veces no”.
“No hay control sobre las plantas particulares. Es inconcebible que una ciudad de esta magnitud tenga esa cantidad de descargas ilegales. No han resuelto el problema, porque no han hablado con quienes lo sufren. No estaría mal que hablaran con nosotros”, planteó a IPS.
Baja California posee 42 plantas de tratamiento municipales, 15 de ellas en Tijuana, y de las que 11 operan por debajo de su capacidad. Dos desaguan en el río.
“Pasa demasiada agua contaminada. Hay escurrimientos industriales que castigan a la zona baja”, denunció a IPS Rosario Norzagaray, gerente de Residuos Marinos de la no gubernamental Wildcoast Costa Salvaje.
El tratado de 1944 prohíbe la entrada de aguas residuales sin tratar o desechos industriales al río Tijuana. En el borde hay cuatro cruces de agua hacia el otro lado de la frontera.
Gobernanza fallida
Desde hace al menos una década, Estados Unidos y México han tratado de mejorar el manejo de las aguas transfronterizas, con poco éxito.
Ambos gobiernos negociaron la Minuta 320 en 2015 y que abarcó captación y aprovechamiento de lluvia; sedimentos y residuos sólidos; calidad del agua; descargas de aguas residuales y participación de la sociedad, pero sin determinar montos para obras, un punto fundamental.
En 2022, acordaron la Minuta 328, que enlistó 17 proyectos de infraestructura hídrica y de saneamiento fronterizo mediante una inversión bilateral de 474 millones de dólares.
Pero el acta no eliminó las descargas transfronterizas ni cumplió íntegramente los calendarios previstos, particularmente del lado mexicano, en especial el desembolso mexicano de 93 millones de dólares.
Para encarrilar el rumbo, ambos gobiernos rubricaron un Memorando de Entendimiento en julio de 2025, un esquema correctivo para enderezar los rezagos. Sus innovaciones incluyen la obligación expresa de completar el financiamiento pendiente, reducción de plazos, monitoreo mejorado, planeación de operación y mantenimiento, así como comunicación pública sistemática.
El nuevo instrumento muestra un cumplimiento inicial en términos procedimentales, con resultados aún en consolidación.
Para convertir en obligaciones formales dentro del marco del Tratado de Aguas, suscribieron la Minuta 333 en diciembre y cuya efectividad final dependerá de su ejecución entre 2026 y 2028.
Primer paso: la exhibición
A diferencia de muchas ciudades mexicanas, Tijuana posee un movimiento ambiental activo e incansable. Ante la situación persistente de envenenamiento del agua, el suelo y el aire, y agotados con la negligencia gubernamental, preparan medidas para enfatizar en la polución urbana e involucrar a la sociedad para que las administraciones públicas actúen.
En cuestión de semanas, el equipo de Tijuana Verde y estudiantes universitarios tomarán muestras en 10 puntos a lo largo del río para medir ocho parámetros de calidad y cantidad del agua, gracias al financiamiento otorgado por el Premio Suizo de Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible 2026, actividad que repetirán en el transcurso del semestre.
Con esa información, construirán un semáforo con cuatro colores que alerte del estado puntual de la corriente. Además, plantean la integración de un observatorio integrado por representantes gubernamentales, académicos y de la sociedad civil de ambos países.
Con esos datos alimentarán el Índice del Río Tijuana, un conjunto de cinco áreas prioritarias.
No están solos. El equipo académico de Muñoz, la investigadora del Colef, se prepara para localizar descargas ilegales al río y medir su caudal, en una investigación que estaría lista en diciembre.
El movimiento ambientalista ha anotado algunas victorias, como la Declaratoria de Usos y Destinos para Parque de Conservación de Ecosistemas Riparios Frágiles en el Arroyo Alamar, un área de tres kilómetros de los 10,5 que recorre el cauce antes de unirse al río Tijuana, publicada el 5 de junio y después de años de lucha.
Afectado por la acumulación de basuras y descargas clandestinas, la medida busca la protección del bosque ripario (ribereño) y la biodiversidad del arroyo; mantener el flujo natural del agua; favorecer la recarga del acuífero y garantizar servicios ambientales esenciales para la ciudad.
Al mismo tiempo, prohíbe las descargas contaminantes, el lanzamiento de basura o escombro, la deforestación y la urbanización o asentamientos irregulares.
Tijuana depende principalmente del líquido que le envía la también ciudad fronteriza de Mexicali, situada hacia el este, procedente del río Colorado, sin recurrir al reciclaje hídrico que podría aliviar la presión de la demanda.
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Los ambientalistas entrevistados por IPS llamaron a aplicar soluciones urgentes.
“Tenemos que hacer algo ya, urge sanear el agua, es necesaria la biorremediación” de los sitios, planteó Norzagaray
Para Durán, la clave radica en la voluntad política de los funcionarios y planeación a largo plazo. “La ruta está trazada en las minutas. Tenemos que monitorear, presionar a los gobiernos. Por más obras que hagan, los escurrimientos van a seguir”, subrayó.
La investigadora Muñoz propuso el fomento al tratamiento de agua, una rareza en Tijuana. “Hay herramientas legales, financieras, técnicas, para hacerlo. En verano, no hay agua, y en invierno, nos inundamos”, destacó.
ED: EG
