SANTA MARÍA OSTUMA, El Salvador – Los esfuerzos por establecer políticas sobre cuidados en América Central avanzan lentamente, con rezagos estructurales y sin una red pública de servicios, como centros de cuido para niños y personas mayores, que evite que el peso del trabajo recaiga en su mayor parte en las mujeres.
El financiamiento siempre limitado en las siete naciones centroamericanas impide ampliar esos servicios, de modo que la construcción de un sistema integral de cuidados sigue siendo un objetivo lejano en la región, conformada por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
El istmo está marcado por profundas brechas socioeconómicas, con altos niveles de desigualdad, informalidad laboral y limitaciones fiscales que condicionan la capacidad de los Estados para ampliar sistemas de protección social para una población conjunta de 53 millones.
Detrás de las brechas estructurales en la provisión de cuidados, las dinámicas cotidianas se traducen en arreglos familiares donde la responsabilidad recae de forma desigual en una sola persona, generalmente una mujer cercana al familiar frágil, en el caso de los adultos mayores.
“Tal vez me hubiera gustado tener mis propias cosas, trabajar para tener mi casa, mi familia, pero ya era el destino que me tocaba”: Ana Alvarado.
“Aquí estamos siempre pendientes de mi papá, él es un hombre fuerte, gracias a Dios”, dijo a IPS Ana Alvarado, de 51 años, responsable del cuidado de su padre, Manuel de Jesús Alvarado, de 85 años.
Ana y su padre viven en el cantón El Tránsito, un asentamiento rural del distrito de Santa María Ostuma, en el centro de El Salvador.
Ana relató que ella trabajaba en San Salvador, la capital del país, distante unos 70 kilómetros. Pero hace cinco años asumió el cuidado permanente de su padre, luego de una serie de complicaciones médicas graves que incluyeron múltiples cirugías y una infección que dejó secuelas en el estado de salud de él.
“Casi se nos muere”, contó.
Su padre, sentado a su lado asintió, y comentó: “No todo el tiempo pasa uno con toda la energía de cuando uno es joven, se nota el avance de la edad y los golpes de las enfermedades”.
“Me tocó venirme a mí, porque era la única soltera. Me tocó estar aquí. Mis hermanos aunque quisieran estar aquí no pueden, ellos trabajan en San Salvador y ya tienen su hogar”, dijo Ana entre comprensiva y resignada.
El peso sobre las mujeres
Los cuidados se entienden como el conjunto de actividades necesarias para sostener la vida diaria y el bienestar de las personas, que incluyen desde la atención a niños y personas mayores o enfermas y dependientes hasta el trabajo doméstico asociado a esas tareas.
Según el enfoque de ONU Mujeres, se trata de un trabajo esencial para el funcionamiento de la sociedad y la economía. Comprende tanto el cuidado no remunerado dentro de los hogares como los servicios de cuidado pagados, y que tiende a recaer de forma desproporcionada sobre las mujeres.
Las mujeres del Triángulo Norte de Centroamérica continúan asumiendo la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado, según el informe Estado de situación del sector de cuidados en Guatemala, El Salvador y Honduras, publicado en octubre de 2025.
El reporte establece que en los tres países persisten patrones similares en la organización del cuidado que profundizan las brechas de género.
En los tres las mujeres dedican entre tres y cinco veces más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres, lo que se refleja en una menor participación laboral femenina.
Cerca de 70 % de las mujeres guatemaltecas permanece fuera de los sistemas laborales regulados, al igual que 66,7 % de las salvadoreñas y 64,7 % de las hondureñas. Muchas terminan incorporándose a ocupaciones precarias, caracterizadas por bajos ingresos, ausencia de protección social y escasas oportunidades de capacitación.
“En Guatemala, las mujeres continúan asumiendo la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado, lo que les impide incorporarse al mercado laboral, continuar sus estudios o dedicar tiempo a su propio bienestar”, afirmó a IPS Maritza Velásquez, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila y de la Red Guatemalteca por los Cuidados.
Velásquez actuó como coordinadora del estudio.
La investigación también encontró que la provisión de cuidados en la región sigue descansando principalmente en arreglos familiares informales, debido a la falta de marcos normativos coherentes y mecanismos de financiamiento sostenibles, un modelo que reproduce desigualdades de género a lo largo del ciclo de vida de las mujeres.
“Hemos visto que las mujeres se dedican definitivamente más tiempo de su vida a cuidar a otros que a cuidarse ellas mismas”, acotó Velásquez.
Ante este panorama, el estudio propone destinar al menos el equivalente a 1 % del producto interno bruto (PIB) a un fondo plurianual de cuidados para ampliar la infraestructura social y reducir el déficit de servicios dirigidos a la primera infancia, personas mayores y población dependiente.
Pocos avances reales
El avance de las políticas de cuidados en América Central muestra distintos niveles de desarrollo entre países, con brechas importantes en su institucionalización y alcance.
Mientras Guatemala, Honduras y El Salvador apenas comienzan a construir marcos más sistemáticos para organizar la provisión de cuidados, todavía con iniciativas fragmentadas y limitaciones de financiamiento, Costa Rica se ubica en una etapa más avanzada.
Esa nación aprobó en 2022 la Ley del Sistema Nacional de Cuidados, que dio base legal a su implementación, con una red estatal que articula servicios públicos y privados para personas adultas y en situación de dependencia, a fin de protegerlas y dar apoyo a los cuidadores, remunerados o no, para mejorar la calidad de vida de las dos partes.
En El Salvador, la política de cuidados existe como marco, pero su alcance sigue siendo muy limitado en la práctica.
“Es un instrumento poco conocido y con limitaciones para volverse operativo, pues carece de un presupuesto”, señaló a IPS Carmen Urquilla, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, al referirse a la Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados, aprobada en el 2023.
Esa iniciativa no es una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, sino un instrumento de política pública del Poder Ejecutivo.
Esto significa que no tiene rango legal vinculante, sino que funciona como un marco de orientación para acciones institucionales y programas. Su implementación depende, en la práctica, de la voluntad política y de la asignación de recursos presupuestarios.
La experta salvadoreña explicó que uno de los principales desafíos no está en la definición del problema, sino en la falta de recursos para traducirlo en servicios concretos como centros de atención infantil o espacios de apoyo para personas mayores.
También advirtió que el énfasis del enfoque vigente tiende a centrarse más en quienes reciben cuidados que en la organización del sistema que los sostiene.
En Guatemala, la discusión sobre cuidados se mantiene en una fase inicial y con avances intermitentes.
“El avance es muy incipiente”, afirmó la guatemalteca Velásquez, al señalar que no existe aún una política pública consolidada.
La dirigente señaló que algunos acercamientos institucionales en materia de cuidados fueron impulsados desde la Secretaría Presidencial de la Mujer durante el gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024), pero advirtió que estos procesos han perdido continuidad con el cambio de administración hacia el actual gobierno de Bernardo Arévalo.
La activista agregó que la transición entre ambas gestiones ha implicado la interrupción o ralentización de varias iniciativas previas, lo que ha afectado la posibilidad de darles seguimiento sostenido dentro del aparato estatal.
Según explicó, esa inestabilidad ha dificultado la construcción de un sistema sostenido y con participación formal de las organizaciones sociales.
Velásquez agregó que, aunque se han retomado conversaciones recientes, el proceso sigue sin una hoja de ruta clara y sin mecanismos estables de articulación entre Estado y sociedad civil. En su visión, el país aún se encuentra en una etapa de definición básica de qué tipo de sistema de cuidados se quiere construir.
En Honduras, el debate ha avanzado hacia propuestas más estructuradas, aunque sin aprobación legislativa.
“El país aún no cuenta con una ley aprobada, pero sí con borradores y mesas de trabajo”, explicó a IPS Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras.
La especialista explicó que existe una iniciativa de Ley del Sistema Integral de Cuidados presentada por una diputada de oposición, mientras el gobierno trabaja en una propuesta propia, con la intención de fusionarlas y avanzar hacia una normativa común.
Sin embargo, advirtió que el avance de esta agenda ha estado marcado por vaivenes políticos y cambios de prioridades con la llegada de un nuevo gobierno, lo que ha impedido darle continuidad sostenida a los esfuerzos previos y consolidar un marco legal estable para el sistema de cuidados.
Tras el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026), en enero de este año llegó a la presidencia de Honduras el ultraconservador Nasry Asfura, promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Buenas leyes, pero de momento lejanas
La activista hondureña explicó que la propuesta de sistema integral de cuidados contempla una combinación de transferencias económicas y expansión de servicios públicos, con la creación de bonos para personas cuidadoras y apoyos directos a hogares que realizan estas tareas.
A esto se sumarían centros diurnos para personas mayores, programas de atención domiciliaria y servicios de asistencia para personas con discapacidad, como parte de una red de apoyo que busca reducir la sobrecarga actual en las familias.
La implementación de este esquema, señaló Martínez, requeriría una inversión significativa, estimada en alrededor de 29 millones de dólares en un período de cuatro años, según los estudios preliminares incluidos en la propuesta.
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En ese contexto, señaló que una de las principales referencias para el diseño del sistema es la experiencia de Uruguay.
Ese país cuenta desde 2015 con un Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que reconoce el cuidado como un derecho humano, en lo que fue un modelo pionero en América Latina que se sustenta en la corresponsabilidad y el financiamiento compartido del Estado, las familias, el mercado y la comunidad.
En 2024, Panamá siguió parcialmente ese modelo al establecer un Sistema de Cuidado de Personas, que “garantiza el derecho al cuidado, el pleno bienestar y el desarrollo de las personas, así como a la protección de su autonomía”, brindando apoyo legal a las personas bajo cuidado y sus cuidadores. Pero el sistema enfrenta aún desafíos en su aplicación.
En el caso hondureño, Martínez advirtió que el proceso aún depende de acuerdos políticos y de la definición de recursos sostenidos para su implementación.
Mientras tanto, la cuidadora salvadoreña, Ana Alvarado, señaló que le habría gustado continuar trabajando o desarrollar un proyecto propio, pero terminó reorganizando completamente su vida para atender a su padre.
Contó que ella recibe apoyo financiero de sus hermanos para medicamentos y otros gastos de su padre, ellos se mantienen muy pendientes de él, pero el cuidado cotidiano recae casi por completo en ella.
“Tal vez me hubiera gustado tener mis propias cosas, trabajar para tener mi casa, mi familia, pero ya era el destino que me tocaba”, afirmó Ana.
ED: EG
