SAN SALVADOR – Marcos regulatorios más permisibles y el avance de empresas transnacionales de biotecnología abren aún más las puertas a la entrada de los llamados “organismos transgénicos” en países de América Central, y los gobiernos parecieran no tener interés en aplicar el principio de precaución, que evite riesgos para la salud.
Los organismos transgénicos son seres vivos, como plantas, granos y microorganismos, cuyo material genético ha sido modificado mediante ingeniería genética para incorporar rasgos que no poseen de manera natural.
En la agricultura, esa tecnología se utiliza para desarrollar cultivos con características específicas, como resistencia a plagas o a determinados herbicidas, aunque activistas y organizaciones sociales advierten de posibles efectos sobre la salud, el ambiente y la biodiversidad.
“Al final, todo va a parar a nuestras mesas, a nuestros cuerpos”, dijo a IPS el activista David Paredes, coordinador de Red Nacional Por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag).
“Al final, todo va a parar a nuestras mesas, a nuestros cuerpos”: David Paredes.
En América Central, una región de siete naciones y 53 millones de habitantes, la llegada de transgénicos se remonta a principios de la década de los 2000, sobre todo en Honduras, considerado el pionero al abrir el camino a los organismos genéticamente modificados (OGM).
Esa nación aprobó el cultivo de maíz transgénico tolerante a herbicidas en 2002, cuando se dio luz verde a la siembra de siete variedades de maíz transgénico y permitió el cultivo de arroz, según un informe de 2024 de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina.
Los OGM ocupaban ese año 55 000 hectáreas de maíz Bt, resistente a ciertos insectos, y tolerante al glifosato.
Atoles transgénicos en las escuelas de Guatemala
Paredes explicó que la Redsag rastrea el destino de 800 000 toneladas métricas de maíz que ingresaron en 2025 y que fueron autorizadas por el gobierno con exoneraciones arancelarias, para distribuirlas entre los campesinos como ayuda alimentaria.
Se tiene la sospecha de que lo entregado a los campesinos tenga esas características. “Le estamos siguiendo la pista de cerca a ese maíz”, recalcó Paredes en una entrevista desde Ciudad de Guatemala.
Además, la organización investiga la distribución de atoles importados de Estados Unidos en unas 450 escuelas del país, por parte del Programa Mundial de Alimentos (PMA), dado que se elaboraron con soya que pudo haber sido modificada genéticamente.
El atole, de la lengua náhuatl atolli, es una bebida caliente de tradición prehispánica, con base en el maíz, que se considera muy nutritiva y se consume tanto en México como en los países centroamericanos.
Paredes afirmó que actualmente se trabaja con líderes indígenas en los territorios en la recolección de muestras, las que serán enviadas a laboratorios en México para determinar si contienen OGM.
Mientras que en El Salvador, la Mesa por la Soberanía Alimentaria también investiga, desde mayo, un caso que, de confirmarse, demostraría que un maíz transgénico se cruzó ya con un cultivo de maíz criollo, como se les llama a las variedades nativas del país. Ese sería el primer caso detectado de cruce.
Eso representaría un grave impacto en la agricultura de los campesinos, pues sus variedades criollas, que tienen la capacidad de seguirse reproduciendo a medida que las semillas se van sembrando en los ciclos agrícolas, quedarían anuladas al contaminarse con las transgénicas.
“El polen lo lleva el viento, las abejas, los insectos, animales, etcétera, y cuando hay una parcela de maíz transgénico, la otra de la par (vecina), sea híbrido, sea un maíz nativo, puede llegar a ser contaminado”, declaró a IPS el agroecólogo Carlos Cotto, investigador de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.
Las semillas híbridas son variedades “mejoradas” en los laboratorios, pero sin modificar su genética.
El campesino propietario de la parcela de maíz donde se investiga la presencia de transgénicos, decidió destruir voluntariamente su cultivo, ante el riesgo de contaminación, y reemplazar la semilla por otra.
Se espera poder realizar pruebas de laboratorio para confirmar el cruce.
Cotto señaló que grandes corporaciones comercializan semillas en El Salvador, como la marca Dekalb, de la transnacional bioquímica alemana Bayer. Este producto es descrito por la propia empresa como híbrido fortalecido con biotecnología, lo que podría indicar la incorporación de procesos transgénicos.
Añadió que estos materiales suelen comercializarse junto con paquetes tecnológicos que requieren un uso intensivo de agroquímicos.
El agroecólogo salvadoreño sostuvo que uno de los principales obstáculos para dimensionar la presencia de OGM en El Salvador es la falta de información pública.
Desde la llegada al poder del presidente Nayib Bukele, en 2019, el gobierno mantiene un bloqueo constante a la entrega o publicación de información de interés nacional.
Cotto dijo que, aunque existe un reglamento derivado de la Ley de Medio Ambiente que establece procedimientos para controlar su ingreso, no hay datos disponibles que permitan conocer qué productos han entrado al país ni si las instancias encargadas de aplicar esos controles están funcionando.
Explicó que la norma no prohíbe el ingreso de transgénicos, sino que lo regula mediante un procedimiento vinculado al sistema de evaluación de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Recordó que la prohibición expresa de introducir semillas transgénicas desapareció en 2008 cuando fue derogado el artículo 30 de la Ley de Semillas.
Normas permisivas
En los últimos años, Guatemala, Honduras y El Salvador han avanzado hacia la armonización de sus normas sobre organismos vivos modificados mediante el Reglamento Técnico de Bioseguridad para Organismos Vivos Modificados para Uso Agropecuario.
Ese instrumento se creó en 2018 en el marco del Consejo de Ministros de Integración Económica, del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica).
El instrumento no prohíbe los transgénicos, sino que establece los procedimientos para autorizar su investigación, producción, comercialización y movimiento entre los países. Pero, para las organizaciones sociales, esa es la justificación para abrir aún más las puertas al ingreso de OGM.
“Se dice ahí en el reglamento que se deben hacer todas las evaluaciones pertinentes por si hubiera algún riesgo, pero eso no existe, está ahí apuntado, pero no se hace”, manifestó el guatemalteco Paredes.
Ese marco regulatorio, junto con reformas recientes orientadas a simplificar trámites administrativos, ha flexibilizado los controles sobre los organismos genéticamente modificados y facilitado su ingreso y circulación en la región, aunque las autoridades lo presentan como parte de un proceso para reducir la burocracia y agilizar el comercio.
“Ese reglamento da camino libre a los transgénicos”, señala el informe de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina.
Según el reporte, oficialmente en Guatemala no se cultivan transgénicos. En 2014 a través de un Decreto Presidencial se ha frenado la adopción de transgénicos para la agricultura y la producción de alimentos, aunque sí se permite los ensayos de campo.
En Honduras, se aprobó en mayo de 2023 el reglamento general de semillas, amparado en la Ley General de Sanidad Agropecuaria con el aval del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa).
Esa normativa prohíbe la utilización de semillas no certificadas, lo que ha sido rechazado por las organizaciones sociales.
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Organizaciones campesinas y ambientales sostienen que este tipo de regulaciones favorece un modelo agrícola basado en semillas certificadas, cuyo mercado está dominado por grandes empresas semilleras.
A su juicio, al restringir el uso e intercambio de semillas criollas o nativas conservadas por los agricultores, aumenta la dependencia de variedades comerciales y de los paquetes tecnológicos asociados a ellas.
El reporte agregó que en Costa Rica se está desarrollando una variedad de banano editado con genoma resistente a enfermedades de la mancha negra de la hoja (sigatoka) y la Fusarium.
A diferencia de los transgénicos tradicionales, que incorporan material genético de otro organismo para obtener una característica determinada, la edición genética modifica directamente los genes del propio organismo mediante herramientas de laboratorio capaces de «editar» fragmentos específicos de ADN, como un editor de un video o película, que corta, mueve y agrega trozos de imágenes.
“Están cortando ADN, están quitándole pedazos a las plantas de una vez y lo están editando según ellos porque no está bien, y eso ya es jugar con algunos elementos que desde nuestros pueblos son intocables, eso no nos corresponde a nosotros los humanos, sino eso ya es una cuestión del universo mismo”, manifestó Paredes.
Al igual que en Honduras, Guatemala y El Salvador, el gobierno costarricense publicó cambios en sus regulaciones sobre biotecnología agrícola. Trata a los organismos genéticamente editados como “equivalentes” a los productos convencionales.
Incluye además procedimientos simplificados para las solicitudes de transgénicos resultantes de transformaciones vegetales individuales o complejas.
Hasta ahora, Costa Rica ha permitido la producción de semillas de algodón y de soja transgénica, solo para la exportación, así como el cultivo de piña rosa transgénica. Nunca se admitió el maíz transgénico por la resistencia de la sociedad civil en contra de su aprobación, detalló el informe.
Mientras que Panamá importó de Estados Unidos, en 2024, un total de $871.8 millones en productos agrícolas a Panamá, de los cuales $226.8 millones correspondieron a maíz, granos secos de destilería con solubles (DDGS), soya y harina de soya para alimentación animal.
El reporte detalló que Panamá importa maíz, soya y harina de soya genéticamente modificados de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Paraguay, destinados a la alimentación animal.
Sin embargo, el gobierno panameño no exige la notificación de estas importaciones como productos transgénicos.
Panamá implementó un cambio en la política sobre plantas, semillas y animales genéticamente modificado, en 2023, mediante la Ley 352 del 18 de enero de 2023, que establece la Política Agroalimentaria del Estado y dicta otras disposiciones, para adoptar nuevas tecnologías para la producción agrícola, incluyendo productos genéticamente modificados.
“No, hay nada de legislación que diga que no se pueda, que está prohibida la entrada de transgénicos en Guatemala, no tenemos esa legislación”, recalcó Paredes.
ED: EG
