LA HABANA – El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba anunció el jueves 5 en la televisión que uno de los seis detenidos tras el enfrentamiento entre la lancha rápida procedente de Florida, en Estados Unidos, y las tropas guardafronteras cubanas, “falleció el 4 de marzo como consecuencia de las heridas recibidas”.
Con la muerte de Roberto Álvarez Ávila –el nombre de este último fallecido- ascienden a cinco los muertes en el incidente.
“No quisiera ver muertos a cubanos de aquí de Cuba ni de Estados Unidos, pero si son personas que entran armadas en nuestro espacio marítimo, ¿qué esperan que suceda? Aquí lo que hace falta es paz y diálogo, no más armas”, dijo a IPS el taxista Orlando Álvarez, que maneja un triciclo eléctrico en La Habana.
El gobierno cubano reportó el 25 de febrero que, en la mañana de ese mismo día, la embarcación con diez personas a bordo abrió fuego al ser interceptada por los guardafronteras –compuestos por cinco combatientes, cuyo comandante fue herido al acto–, a una milla náutica dentro de las aguas territoriales de la isla, en la costa norte de la central provincia de Villa Clara.
Cuatro tripulantes de la embarcación estadounidense murieron en la escaramuza, mientras que los otros seis resultaron heridos y, luego, hospitalizados.
“No quisiera ver muertos a cubanos de aquí de Cuba ni de Estados Unidos, pero si son personas que entran armadas en nuestro espacio marítimo, ¿qué esperan que suceda? Aquí lo que hace falta es paz y diálogo, no más armas”: Orlando Álvarez.
La Fiscalía General de la República informó el martes 3 que había instruido cargos por delitos de terrorismo contra los detenidos, cuyo marco sancionador va de los diez años de prisión “hasta la privación de libertad perpetua y la pena de muerte”.
La lancha transportaba 14 fusiles de asalto y unas 13 000 balas de distintos calibres, además de artefactos explosivos de construcción artesanal, chalecos antibalas, uniformes de camuflaje, mirillas de visión nocturna, entre otros armamentos.
“Si no actuamos como lo hicimos, los muertos hubiesen sido de la parte cubana”, dijo en televisión el jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras, Ivey Daniel Carballo, quien argumentó que la intención era “realizar actos terroristas, promover un desorden público” y “atacar unidades militares”.
Entre los 10 tripulantes, en su mayoría cubanos residentes en Estados Unidos, se encontraban dos individuos incluidos en la lista nacional de personas buscadas por las autoridades cubanas por su vinculación con actos de terrorismo, actualizada con la resolución 13 de 2025 del Minint.
Uno de ellos, Amijail Sánchez González, tiene un expediente abierto en 2022 por “promover, financiar y ejecutar actos de sabotaje” en un tribunal de justicia y la sede de una institución en La Habana.
El otro, Leordan Cruz Gómez, es investigado desde 2023 por estar involucrado en la introducción en Cuba de armas de fuego y municiones con el propósito de realizar actos terroristas en unidades militares.
El vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío, denunció en conferencia de prensa el 26 de febrero que ambos “gozaban de impunidad dentro del territorio estadounidense”, pese a que dicha lista había sido compartida en 2023 y 2025 con Estados Unidos.
No obstante, la más reciente nota del Minint enunció que, desde un inicio, las autoridades cubanas han mantenido “comunicación oportuna” con las contrapartes estadounidenses.
Asimismo, agregó que el lunes 2 autoridades de Estados Unidos “trasladaron por vía diplomática su disposición a cooperar plenamente en la investigación” y que la cooperación pudiera incluir “intercambio informativo, de evidencias y otras acciones conjuntas”.
Frentes diplomáticos
Las declaraciones de cooperación contrastan con el tono beligerante que recientemente ha retomado el presidente Donald Trump hacia la isla.
Apenas dos días después del incidente marítimo, el 27 de febrero, el mandatario dijo al ante la prensa que su país “podría terminar teniendo una toma de control amistosa de Cuba”, sin ofrecer detalles sobre qué significaría exactamente esa fórmula.
Sin embargo, señaló que podría ser “muy positiva” para los cubanos que viven en Estados Unidos y que el secretario de Estado, Marco Rubio –de origen cubano–, está gestionando el asunto “al más alto nivel”.
El jueves 5, Trump fue más allá tras insistir en un acto en la Casa Blanca que las autoridades de La Habana «quieren llegar a un trato de forma desesperada».
Señaló que es solo una “cuestión de tiempo” el que su administración «se centre en Cuba» y los cubanoamericanos puedan regresar a su país natal, dando a entender que ese sería su próximo objetivo internacional después de la guerra iniciada con Irán el 28 de febrero.
Si bien el presidente estadounidense ha reiterado en varias ocasiones que Cuba está negociando para que Estados Unidos alivie las presiones económicas y el bloqueo petrolero impuesto de facto a la isla desde enero, Cossío, por su parte, lo ha negado y ha reiterado Cuba no negociará bajo presiones y solo lo hará en igualdad de condiciones.
No obstante, las presiones hacia Cuba empezaron a llegar mediante la diplomacia con de países de la región alineados con la agenda de Trump.
El gobierno ecuatoriano declaró el miércoles 4 de marzo «persona non grata», sin ofrecer argumento alguno, a todo el personal diplomático, consular y administrativo de la embajada de Cuba en Quito, al que impuso un plazo de 48 horas para abandonar el territorio ecuatoriano.
De acuerdo a una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, “no parece casual” que esto ocurra “a escasos días” de la cumbre llamada Escudo de las Américas, con la que Trump convocó el sábado 7 a líderes latinoamericanos.
Hasta ahora, la Casa Blanca confirmó una docena de asistentes: junto al anfitrión, estarán el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el ecuatoriano Daniel Noboa.
También acudirán representantes de Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Panamá, Paraguay, Honduras, Guyana, Trinidad y Tobago, así como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien empezará oficialmente en el cargo el 11 de marzo.
Asimismo, no se prevé por ahora la asistencia de países influyentes como México, Colombia, Brasil, Venezuela, Perú, Uruguay, Guatemala y Nicaragua.
La cumbre busca “apoyar el trabajo hecho por Trump para que Estados Unidos y sus socios sean más grandiosos”, según la portavoz Anna Kelly, quien se refirió en su anuncio a la Doctrina “Donroe”, un guiño explícito a la Doctrina Monroe, aquella que en el siglo XIX proclamaba el “dominio” de Washington sobre el hemisferio.
Ecuador no es el único que se ha sumado a las presiones hacia Cuba: Guatemala anunció en febrero que frenará gradualmente su programa de médicos cubanos, tras 27 años de cooperación.
Nicaragua prohibió la entrada a ciudadanos cubanos sin visa, cortando una ruta clave para la migración hacia Estados Unidos. Y este jueves 5 de marzo, el último contingente de 45 médicos cubanos que permanecía en Honduras partió del país centroamericano al no ser renovado el convenio bilateral.
Frente a este cerco, algunas voces se alzan en la región en favor de Cuba, como la del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien el miércoles 4 criticó la persecución a Cuba en la Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe .
México, por su parte, ha realizado dos envíos de ayuda humanitaria a la isla, mientras Canadá, Chile y Rusia también han expresado su interés en brindar apoyo material.
La crisis energética se ahonda
Mientras la tensión diplomática se intensifica, la población cubana enfrenta una cotidianidad cada vez más desafiante producto de la escasez de combustible, con graves afectaciones en el transporte y una subida de los precios de algunos productos alimenticios esenciales, como el aceite de cocina.
El colofón del problema llegó con un corte eléctrico masivo el miércoles 4 que dejó sin luz entre el occidente y el centro del país a unos seis millones de personas –de una población total de 9,7 millones– , por una avería en la central termoeléctrica más importante de Cuba, la Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas, en el oeste.
El apagón provocó además una serie de problemas que no se habían registrado en los cinco cortes generales previos que ha sufrido Cuba en el último año y medio: ya no solo el servicio de telefonía y la conexión a internet, sino que la señal de televisión y radio fallaron temporalmente en muchos lugares.
El director de Electricidad del Ministerio Energía y Minas, Lázaro Guerra, precisó que, más allá de la avería mencionada, la “causa raíz” era el “déficit de combustible” por las medidas de Washington.
El apagón es solo una faceta más de una crisis energética de la que el Estado no ha visto otra solución que implementar medidas de ahorro extremo desde febrero, y fomentar la descentralización en la importación de combustible y el aprovechamiento de fuentes renovables de energía.
Las autoridades cubanas extendieron hasta el 10 de abril el aviso de falta de combustible para aviones en todos los aeropuertos internacionales del país, una alerta que ya se había lanzado el pasado 10 de febrero.
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Ante este panorama, el presidente Miguel Díaz-Canel declaró el lunes 2, en una reunión con el Consejo de Ministros, que el gobierno debe centrarse “inmediatamente” en la implementación de “transformaciones urgentes” en el modelo económico y social, ya que las reservas de petróleo disminuyen.
El mandatario llamó a los municipios a gestionar inversión extranjera directa, asociaciones económicas entre el sector estatal y no estatal, e inversiones con cubanos residentes en el exterior.
Al día siguiente, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto-Ley 114 del Consejo de Estado, que entrará en vigor en abril y permite la creación de sociedades mixtas de responsabilidad limitada entre entidades estatales y actores privados, un reclamo del sector privado que se había postergado por años.
“Siempre estamos corriendo para hacer transformaciones económicas sobre la marcha. Lo mismo se hizo con la creación de las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) en 2021, durante la covid-19. ¿Por qué no se hicieron antes, por qué esperar a una crisis extrema?”, dijo a IPS Niurka González, contadora de un negocio privado en La Habana.
ED: EG
