RÍO DE JANEIRO – El juicio al expresidente Jair Bolsonaro y otros siete supuestos cabecillas de los intentos de golpe de Estado a fines de 2022 y comienzos de 2023 podrá definir el futuro político de Brasil, al poner fin a la fase militar de participación en la gobernanza de la extrema derecha.
Tres generales que alcanzaron el máximo rango en el Ejército y un almirante que comandaba la Marina están entre los encausados en el proceso judicial iniciado este martes 25 de marzo en el Supremo Tribunal Federal (STF), además de un teniente-coronel y el propio Bolsonaro, que es un capitán retirado del Ejército.
Los dos únicos civiles entre los ocho que están en el banquillo en un juicio que se espera que quede sentenciado al final de 2025 son comisarios de la Policía Federal que ejercieron altas funciones en el gobierno de Bolsonaro (2019-2022).
Anderson Torres fue ministro de Justicia y el actual diputado nacional Alexandre Ramagem comandó la Agencia Brasileña de Inteligencia.
La intervención militar predominó siempre en la historia de Brasil como fórmula de ascenso de la extrema derecha al poder y otros grandes giros políticos. Empezó con el golpe militar que instauró la República, poniendo fin a la monarquía en 1889, y culminó con la dictadura militar de 1964 a 1985.
Esa matriz militar distinguió, hasta ahora, la ultraderecha brasileña de sus similares en otros países, incluso la de Estados Unidos, y representa la inspiración del llamado bolsonarismo, sinónimo del extremismo derechista en Brasil.
Ascenso de Bolsonaro
Bolsonaro ganó la presidencia del país en 2018 en buena parte por presentarse como un líder militar, volcado en el rescate del honor militar y en la defensa de la dictadura como forma de frenar el comunismo.
Cursó la academia de formación de oficiales del Ejército de 1973 a 1977 y ascendió a capitán, rango en que dejó la carrera en 1988, tildado de “mal soldado” por indisciplina y acusado de planear atentados con bombas contra cuarteles, para reclamar mejores sueldos.
Luego fue electo como diputado siete veces consecutivas. Nunca destacó en la actividad legislativa, en que era considerado del “bajo clero”, pero sí lo hizo en defensa de los militares y su dictadura, incluso de torturadores acusados de asesinar decenas de opositores en los primeros años de la década de los 70.
Su discurso, calificado de “repugnante” por los demócratas, de odio a la izquierda, especialmente contra el Partido de los Trabajadores (PT) responsabilizado por dos grandes escándalos de corrupción y la recesión económica de 2015-2016, lo convirtieron en la principal alternativa a los gobiernos progresistas que tuvo Brasil desde la redemocratización en 1985.
A ello contribuyó también su identificación con las fuerzas armadas, que disfrutaban de la confianza popular, pese a los desmanes de la dictadura, en contraste con los países vecinos, como Argentina y Chile, en que los generales fueron execrados y algunos casos encarcelados por la Justicia.
Alzado a la presidencia en 2018 como un fenómeno electoral, gracias también a la comunicación digital, por su uso intensivo de las redes sociales, le aconteció lo que es natural para los gobernantes ultraderechistas, el fracaso en contraponer sus creencias negacionistas de la ciencia con los avances civilizatorios de la posguerra mundial, además de la propia democracia.
La mortal gestión de la pandemia de covid-19, del medioambiente y de los derechos de las minorías, de las mujeres y los negros avivó el rechazo y la derrota en el intento de reelección en 2022, pese al torrente de medidas demagógicas que adoptó en vísperas de los comicios. Le pasó lo mismo a Donald Trump en Estados Unidos en 2020.
Militares en retirada
A las fuerzas armadas, la participación de miles de sus oficiales en el gobierno de Bolsonaro les costó una pérdida de confianza entre la población, comprobada en varias encuestas nacionales e internacionales, y la consecuente retirada de la política.
El general Walter Braga Netto, exjefe del Estado Mayor del Ejército, exministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022, está preso en un cuartel de Río de Janeiro desde el 14 de diciembre de 2024, por intentar obstruir las investigaciones de su caso, en lo que refleja la nueva situación de los militares.
Es la primera vez que un general es detenido por orden de la justicia civil. Otros generales fueron encarcelados en el pasado, pero en procesos castrenses, dentro de sus propios cuarteles.
Los militares en Brasil cuentan con el privilegio de una propia justicia, para juzgar los delitos calificados como militares. En general son absueltos y, como máximo, forzados al retiro, como le pasó a Bolsonaro en 1988.
Braga Netto, acusado de liderar y organizar las acciones golpistas, es un símbolo de la injerencia de los militares en la política brasileña y su consecuente degradación.
Por eso los actuales comandantes de las tres ramas armadas parecen convencidos y activos en alejar los militares de la política, como forma de evitar divisiones internas y asegurar eficacia en la misión de asegurar la soberanía nacional.
Dos intentos
El intento de golpe, desde este 25 de marzo bajo juicio, tuvo dos etapas, según las investigaciones de la Policía Federal. En diciembre de 2022, Bolsonaro, derrotado en las elecciones de octubre, habría buscado el respaldo de los jefes militares para permanecer en el poder.
Los comandantes del Ejército, la fuerza principal, y de la Fuerza Aérea, rechazaron la aventura, pero el entonces jefe de la Marina, el almirante Almir Garnier, aceptó y por eso es uno de los ocho primeros en ser juzgados por la supremo tribunal.
Las acciones golpistas en esa fase incluyeron planes para asesinar al entonces presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, quien tomaría posesión el 1 de enero, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Este magistrado es relator también de otros procesos que tienen la extrema derecha como objetivo, como el de la difusión de noticias falsas.
Frustrado el golpe tradicional en diciembre, se intentó, también sin éxito, provocar una intervención militar el 8 de enero de 2023, con la movilización de miles de activistas que invadieron y destrozaron las sedes del legislativo Congreso Nacional, de la Presidencia de la República y del Supremo Tribunal Federal, en Brasilia.
Esos activistas estuvieron acampados delante de cuarteles en varias ciudades brasileñas, desde la derrota electoral de Bolsonaro, reclamando “la intervención militar” para mantener el excapitán en el poder.
Bolsonaro se encontraba oportunamente fuera de Brasil, en la ciudad estadounidense de Orlando, desde el 30 de diciembre, lo que dificulta jurídicamente su vinculación con la violencia del 8 de enero, pero la acusación es de que coordinaba la operación desde lejos
Los ocho primeros acusados de los intentos golpistas, considerado el núcleo dirigente o “crucial” en el lenguaje de la fiscalía, componen uno de los cinco grupos en que la Procuraduría General de la República dividió los 34 enjuiciados, 24 de los cuales son militares.
Esa división se basa en las distintas funciones ejercidas en la conspiración: organización criminal, coordinación de las fuerzas policiales, difusión de desinformación, acciones tácticas para presionar los comandantes militares y neutralización de las autoridades.
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Esos grupos enfrentarán juicios separados a partir de ahora. Pero el Supremo Tribunal Federal ya condenó a 503 participantes de la invasión de las sedes de los Tres Poderes a períodos de uno a 17 años de prisión. De ellos, 60 están fugados.
Otros 542 acusados reconocieron sus culpas y firmaron acuerdos de no persecución penal, para limitar sus penas a multas, indemnizaciones al Estado por el patrimonio destruido, obligación de frecuentar un curso sobre democracia y ausencia de las redes sociales por periodos determinados.
El encarcelamiento, demasiado prolongado según muchos juristas, se debe a la acumulación de penas por cinco delitos: abolición violenta del Estado democrático, golpe de estado, organización criminal, daños patrimoniales y deterioro de bienes protegidos por su valor histórico.
ED: EG
