TIERRA BLANCA, El Salvador – La política de detenciones de presuntos pandilleros en El Salvador, impulsada por el gobierno de Nayib Bukele, ha violentado el debido proceso a tal extremo, que incluso mantiene detenidas a personas que cuentan ya con una carta de libertad emitida por un juzgado.
Desde que el mandatario lanzó esa política, en marzo de 2022, para desbaratar las temidas pandillas en El Salvador, se han encarcelado a alrededor de 82 000 personas.
Y si bien la mayoría sí son pandilleros, un porcentaje de los detenidos, difícil de cuantificar, no han tenido vínculos con esos grupos criminales, según organizaciones de derechos humanos, locales e internacionales.
Esas organizaciones han denunciado que, en ese afán de desmontar la actividad de las pandillas, se han cometido abusos e ilegalidades policiales, tal como lo ha reiterado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en un informe publicado el 4 de septiembre requirió nuevamente al gobierno la derogación de esa política de seguridad.
En El Salvador hay “abusos en la imposición de la prisión preventiva, la realización de audiencias judiciales masivas, limitación en el ejercicio del derecho de defensa y las garantías judiciales, irrespeto al debido proceso legal, entre otros”, indica el reporte.
Además, la organización de derechos humanos Cristosal señaló en julio en el informe en El Silencio no es Opción, que unas 265 personas han muerto mientras estaban encarceladas en el marco del régimen de excepción, incluyendo cuatro niños y niñas.
No obstante, la mayoría de la población salvadoreña aprueba la lucha antipandillas de Bukele, pues ha logrado desarticular a esos grupos criminales y reducir drásticamente el índice de delitos.
“A pesar de que tengo dos resoluciones judiciales a favor de la libertad de mi hijo, hasta esta fecha yo sigo esperando que lo dejen libre”: Marcela Alvarado.
En lo que pareciera ser el colmo de las arbitrariedades, funcionarios de gobierno mantienen detenidas a personas que cuentan con resoluciones judiciales que les otorgan la libertad, ya sea condicional o plena.
“A pesar de que tengo dos resoluciones judiciales a favor de la libertad de mi hijo, hasta esta fecha yo sigo esperando que lo dejen libre”, dijo a IPS, con un nudo en la garganta, Marcela Alvarado, madre de José Duval Mata, de 27 años, capturado el 18 de abril de 2022.
Para entonces, el gobierno había dado luz verde para que policías y soldados realizaran redadas masivas, en buena parte contra pandilleros ya perfilados y ubicados previamente, pero también detuvieron a personas simplemente porque alguien las denunció anónimamente con una llamada telefónica, por ejemplo, es decir, sin ninguna evidencia.
“Mi hijo no es ningún pandillero, cuando lo detuvieron trabajaba en una cooperativa agrícola, él manejaba el tractor”, detalló la madre, de 52 año.
El 7 de septiembre, Marcela integró el centenar de familiares, la mayoría madres, de personas detenidas en el contexto del régimen de excepción, en la región del Bajo Lempa, quienes se reunieron en la localidad de Tierra Blanca, en el oriental departamento de Usulután, para participar en el Festival de las Artes por la Justicia y los Derechos Humanos.
El encuentro buscó reivindicar su lucha por la liberación de sus parientes encarcelados.
Adiós al Estado de derecho
Los medios locales han reportado al menos una docena de casos en los que detenidos bajo el régimen o estado de excepción, como se conoce a la política de mano dura contra las pandillas, se mantienen encarcelados, a pesar de que cuentan con resoluciones judiciales favorables.
El régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022, es la figura bajo la que Bukele sostiene su política de seguridad que le permite la restricción de varias garantías y la Asamblea Legislativa la prorroga cada 30 días en forma casi unánime, gracias al contundente control que su partido, Nuevas Ideas, tiene del parlamento.
Sin ninguna justificación, simplemente esas autoridades hacen caso omiso de tales resoluciones. Se entiende que hay muchos otros casos similares que, por temor u otras razones, los familiares de los detenidos no han querido hacer públicos.
“Es la subordinación total del Estado de derecho a los intereses de un grupo y sobre todo de una persona, el presidente Nayib Bukele”, señaló a IPS Salvador Ruiz, miembro del Comité de Familiares de Víctimas del Régimen del Bajo Lempa.
El Bajo Lempa es una zona localizada en la jurisdicción (municipio) de Jiquilisco, en el sur del departamento de Usulután, donde el río Lempa desemboca en el océano Pacífico.
En esa región viven unas 5000 familias en una veintena de asentamientos, dedicadas a la agricultura y la pesca de subsistencia. La mayoría son personas que combatieron como guerrilleros en la guerra civil salvadoreña, entre 1980 y 1992, y que al final del conflicto recibieron parcelas de tierra en el área.
“En El Salvador no impera la ley, impera el autoritarismo, esa es una muestra, una prueba, de que quien manda en materia jurídica no son los jueces”, subrayó Ruiz, pues aunque ellos giren órdenes de libertad, los directores de las cárceles no las acatan porque “siguen el guion de Casa Presidencial”, añadió, refiriéndose a la sede de gobierno donde Bukele tiene su oficina.
Bukele es el presidente neopopulista, de 43 años, etiquetado de autoritario por el estilo personal de gobernar y por el control que ejerce sobre el sistema judicial, el parlamento y otras instituciones públicas, gracias a los dos arrolladores triunfos electorales obtenidos consecutivamente en 2019 y en febrero de 2024.
Este último triunfo fue muy cuestionado porque traspasó una norma constitucional que establecía que un presidente no podía serlo nuevamente de forma continua.
En el Bajo Lempa, la policía realizó redadas de jóvenes pescadores y agricultores, al inicio del régimen de excepción, en esa zona del país.
Ruiz señaló que, desde marzo de 2022, unas 230 personas han sido capturadas aquí, acusadas de ser pandilleros. De esas, el comité en mención ha interpuesto 134 recursos de habeas corpus, es decir, una exigencia al Estado para que muestre a los detenidos, recursos que no han sido escuchados por el sistema judicial del país.
El calvario de una madre
Marcela, la madre de José Duval, narró que su hijo fue detenido por policías cuando regresaba en motocicleta de su trabajo, como a las 5:30 PM. Laboraba como tractorista en la cooperativa El Borbonomo, localizada en la jurisdicción de Tecoluca, en el central departamento de San Vicente, vecino a Usulután.
El trabajador agrícola se dirigía al cantón de La Noria, en el Bajo Lempa, donde vivía con su pareja.
Los policías dieron el alto a Duval, quien era acompañado por un amigo, que contó a Marcela los detalles de la detención de su hijo: le revisaron una mochila donde el tractorista llevaba los recipientes vacíos que habían contenido sus alimentos del día.
Los agentes policiales le dijeron a Duval que él era colaborador de pandilleros, que venía de dejarles comida, y se lo llevaron detenido bajo los cargos de “agrupaciones ilícitas”, la fórmula legal con la que el Estado captura a los pandilleros o a las personas acusadas de serlo. Dejaron ir al acompañante.
Desde entonces Marcela ha vivido un calvario, gastando el poquísimo dinero que gana lavando ropa de otras familias para viajar a las delegaciones de la Procuraduría General de la República, para asegurarle a su hijo una abogada provista por el Estado.
También la madre ha debido viajar constantemente a los diferentes juzgados que han llevado el caso de Duval, y a los tres centros penales donde su hijo ha estado encarcelado: primero en La Esperanza, en las afueras de San Salvador, luego en el de Izalco, en el oeste del país y finalmente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Ese último es la megacárcel que Bukele ordenó construir en las cercanías de Tecoluca, en el departamento central de San Vicente, con capacidad para unos 40 000 reos.
Marcela se esforzó por obtener documentos que comprobaran que Duval no era pandillero, como constancias de que trabajaba como tractorista, pruebas de poseer una cuenta bancaria y de escrituras de un terrenito donde él pensaba construir su casa, así como firmas de personas de la comunidad que daban fe de que era una persona de bien, entre otros.
El 21 de septiembre de 2022, en una audiencia realizada en el Juzgado Especializado de Instrucción, de la ciudad de San Miguel, en el este del país, Duval obtuvo la libertad condicional: el proceso podía ser llevado en libertad.
Producto de esa audiencia, en el oficio número 1921, del cual IPS tuvo una copia, la jueza escribió al director del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad Izalco, municipio del departamento de Sonsonate, en el oeste del país, donde Duval había sido enviado: “Atentamente, y por este medio, le solicito poner inmediatamente en libertad al imputado José Duval Mata Alvarado”.
“Me llamó la abogada y me dijo: ‘váyase al penal donde está su hijo, entregue esta carta, porque su hijo ya está libre”, recordó Marcela.
Sin embargo, ese chispazo de felicidad se esfumó pronto.
La Dirección General de Centros Penales, a cargo de Osiris Luna, un oscuro funcionario del gobierno de Bukele, no cumplió lo dictaminado por la jueza.
Otra resolución del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, de la ciudad de Santa Ana, en el oeste del país, emitida el 12 de junio de 2023, falló a favor de Duval, al declararse incompetente para seguir viendo el caso del joven, pues ya existía un proceso previo del mismo delito.
También le pueden interesar:
Bukele inicia segundo mandato con la economía como reto para su popularidad
Bukele arrasa y aumenta temor de más autoritarismo en El Salvador
Es decir, se trataba de un doble juicio por la misma causa penal, algo ilegal y que está taxativamente prohibido por el artículo 11 de la Constitución de la República.
También diversas normas internacionales restringen esos casos de doble juicio, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto de San José.
“Por tanto, la jueza resuelve: póngase en inmediata libertad al imputado José Duval Mata Alvarado, sin restricción alguna”, reza el oficio.
No obstante, 15 meses después de aquella resolución del 21 de septiembre de 2022, Duval sigue detenido, ahora en el Cecot.
“Es duro, muy duro lo que he estado viviendo”, dijo Marcela, la madre. Un pesar que están viviendo muchas otras madres en el país.
ED: EG
