PANAMÁ – Unas 250 000 personas migrantes y refugiadas cruzaron a pie la peligrosa selva de Darién entre Colombia y Panamá en los primeros siete meses de 2023, una cifra que supera la de todo el año pasado, que ya fue un récord, destacaron en una declaración las agencias de las Naciones Unidas para migración y refugiados.
“Los riesgos inimaginables que enfrentan las personas en este paso, plagado de condiciones naturales hostiles y delincuencia organizada, exigen una respuesta unificada y basada en los derechos humanos”, dijo Michele Klein Solomon, directora para América Central en la Organización Internacional para as Migraciones (OIM).
Las autoridades de migración de Panamá informaron que este año, hasta el 31 de julio, 248 901 migrantes habían cruzado la jungla del Darién con rumbo a América del Norte. A lo largo de 2022 ese flujo fue de 240 284 personas.
Más de la mitad (55 %) son venezolanos, y les siguen ciudadanos procedentes de Haití (14 %) y Ecuador (también 14 %), así como personas procedentes de China, Colombia e hijos de padres haitianos nacidos en Chile y Brasil. Otras nacionalidades representadas incluyen individuos de Afganistán, Nepal, Perú y países africanos.
La subdirectora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, María Isabel Saravia, indicó que 21 % de las personas que cruzaron el Darién este año eran niños, niñas y adolescentes.
En un comunicado conjunto, la OIM y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) plantearon “un enfoque integral, regional y colaborativo para abordar los graves riesgos de protección y las urgentes necesidades humanitarias de las personas en movimiento en América Latina y el Caribe”.
Las autoridades panameñas indicaron que, de seguir la tendencia, este año podrían cruzar el peligroso Darién unas 400 000 personas. Se calcula que unas 700 000 lo han hecho desde 2009, sobre todo en los últimos tres años.
El texto de las agencias indica que “la dramática cifra de personas cruzando por el Darién pone de manifiesto la urgente necesidad de ampliar las vías regulares para las personas refugiadas y migrantes, y proteger la vida y los derechos de las personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad”.
Asimismo, se requiere “fortalecer los sistemas de determinación de la condición de refugiado, y encontrar otras alternativas de protección en la región, al tiempo que se promueve la estabilidad en los países de origen, destino y retorno” en América.
Estados Unidos continúa siendo el principal destino objetivo de los migrantes que se desplazan por la región y cruzan el “Tapón del Darién”, así llamado por la ausencia de vías formales para atravesar la selva tropical que alberga.
Acnur y OIM exponen que “múltiples factores interconectados, que van desde el acceso limitado a los derechos fundamentales y los servicios esenciales hasta el impacto de la violencia y la inseguridad, siguen empujando a las personas a situaciones de desplazamiento”.
Klein Solomon observó que “la peligrosa travesía de la selva del Darién no es solo un testimonio de la desesperación y la determinación de quienes buscan una vida mejor, sino un recordatorio sombrío de la urgencia de actualizar nuestros sistemas migratorios”.
“La urgencia de esta situación no permite demoras; es nuestro deber colectivo, y no solo de Panamá, ofrecer soluciones humanas y sostenibles que prevengan futuras tragedias”, agregó la responsable de OIM.
Por su parte, José Samaniego, director de Acnur para el hemisferio americano, subrayó que las agencias “estamos aumentando la asistencia humanitaria y de protección para atender las necesidades urgentes de las personas refugiadas y migrantes”.
Sobre todo “se proporciona apoyo crítico en áreas como alimentación, alojamiento y atención médica, ya que sus derechos y bienestar están en juego”, dijo Samaniego.
Entretanto, autoridades militares y policiales de Colombia y Panamá suscribieron un plan binacional para controlar la migración irregular y la trata de personas en el Darién, según informó el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad del Ministerio de Defensa colombiano, Alberto Lara Lozada.
En abril, Colombia, Panamá y Estados Unidos anunciaron una campaña conjunta para enfrentar las redes de tráfico ilegal de personas que operan en las zonas de frontera entre Colombia y Panamá.
A-E/HM
