SANTIAGO – En América Latina y el Caribe 22,5 por ciento de su población, es decir, al menos 131,3 millones de personas, carece de medios suficientes para acceder a una dieta saludable, mostró un informe divulgado este miércoles 18 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Mario Lubetkin, subdirector general de la FAO, expuso que la región “vive en una permanente contradicción”, pues podría producir alimentos para más de 1300 millones de personas, el doble de su población”, y en cambio “registra altos niveles de hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición”.
Esa situación afecta a 52 % de la población en el área del Caribe, 27,8 % en Mesoamérica y a 18,4 % en América del Sur.
Según el “Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina 2022”, los 131 millones de personas sin poder costear una dieta saludable en 2020 representaron un incremento de ocho millones con respecto a 2019.
La razón de ese incremento ha sido un mayor costo diario promedio de este tipo de dieta en América Latina y el Caribe, comparado con el resto de las regiones del mundo, llegando en el Caribe a un valor de 4,23 dólares, seguido de América del Sur y Mesoamérica con 3,61 y 3,47 dólares, respectivamente.
“Hablamos de la región del mundo con la dieta saludable más costosa”, apunto Rossana Polastri, directora regional del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida), copatrocinante del estudio.
Destacó que ese costo elevado “afecta particularmente a las poblaciones vulnerables -pequeños agricultores, mujeres rurales y poblaciones indígenas y afrodescendientes-, las cuales destinan un mayor porcentaje de ingresos a la compra de alimentos”.
La falta de acceso económico o asequibilidad de una dieta saludable observada en toda la región también está asociada a diferentes indicadores socioeconómicos y nutricionales. El informe presenta una clara relación con variables como el nivel de ingresos de un país, la incidencia de la pobreza y el nivel de desigualdad.
El reporte reveló también que el aumento de precios internacionales de alimentos experimentado desde 2020, especialmente después del inicio del conflicto en Ucrania, y el alza en la inflación alimentaria que se encuentra por sobre la general, han incrementado las dificultades para el acceso a una dieta saludable.
También indicó que entre 2019 y 2021 la cifra de hambre en la región aumentó en 13,2 millones, alcanzando un total 56,5 millones de personas, un incremento liderado por América del Sur, donde 11 millones de personas adicionales padecieron hambre.
“América Latina y el Caribe vive en una permanente contradicción. Una región que podría producir alimentos para más de 1300 millones de personas, el doble de su población, registra altos niveles de hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición”: Mario Lubetkin.
En la región 40,6 % de la población experimentó en 2021 inseguridad alimentaria moderada o grave, en comparación con 29,3 % de la población a nivel mundial. . La inseguridad alimentaria severa también es más frecuente en la región (14,2 %) que en el mundo (11,7%).
Según registros de 2020, la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de cinco años alcanzó a 11,3 % en la región, y 3,9 millones de niños y niñas de hasta esa edad padecen sobrepeso.
El informe incluye recomendaciones y un análisis de políticas para mejorar la disponibilidad y asequibilidad de alimentos nutritivos, a fin de apoyar a las personas más vulnerables y a los hogares de bajos ingresos que gastan una mayor proporción de su presupuesto en alimentos.
“Ninguna política por sí sola puede proporcionar la solución a esta problemática. Es necesario reforzar los mecanismos de coordinación nacionales y regionales para responder al hambre y la malnutrición”, señaló Lubetkin, quien ejerce como representante regional de FAO para América Latina y el Caribe, con sede en Santiago de Chile.
Se requiere “crear incentivos para la diversificación de la producción de alimentos nutritivos dirigidos principalmente a la agricultura familiar y productores y productoras de pequeña escala”, dijo Lubetkin.
Asimismo “medidas para la transparencia de los precios de estos alimentos en los mercados y el comercio, transferencias en efectivo y otras acciones como la mejora de los menús escolares”.
El informe es una publicación conjunta de la FAO, el Fida, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), todas agencias de las Naciones Unidas.
Según el informe, las políticas comerciales y de mercados pueden desempeñar un papel fundamental en la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición, pues una mayor transparencia y eficiencia reduce la incertidumbre y mejora la previsibilidad y estabilidad del comercio agroalimentario inter-regional.
Se describe también cómo han funcionado algunos programas de protección social sensibles a la nutrición y que resultan imprescindibles para apoyar las dietas de la población más vulnerable, particularmente en situaciones de crisis.
Por su parte, Lola Castro, directora regional del PMA, advirtió que “la inseguridad alimentaria seguirá aumentando por la crisis de los precios de los alimentos y de los combustibles causada por el conflicto en Ucrania y las secuelas de la covid-19”.
Llamó a que se practique un apoyo a los gobiernos “a expandir las redes de protección social, porque la pandemia volvió a demostrar que esa protección es útil para mejorar la asequibilidad a una dieta saludable, evitando que crisis como esta golpeen aún más a las poblaciones afectadas”.
Otras políticas, como el etiquetado nutricional, el subsidio de alimentos nutritivos e impuestos sobre los de alta densidad energética y mínimo valor nutricional, si están bien diseñadas podrían ayudar en la asequibilidad de las dietas saludables y prevenir enfermedades relacionadas con el sobrepeso y obesidad.
Para la directora de la OPS, Carissa Etienne, “debemos redoblar los esfuerzos para abordar la malnutrición, promoviendo entornos alimenticios saludables, eliminar las grasas trans de producción industrial, implementar el etiquetado frontal de advertencia y regular la publicidad de alimentos no saludables.
También abogó por “establecer impuestos a las bebidas azucaradas y apoyar las políticas de alimentación saludable y actividad física en las escuelas”.
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