SANTIAGO – En América Latina y el Caribe el número de personas que padecen hambre aumentó en 13,2 millones entre 2019 y 2021, hasta llegar a 56,5 millones, debido a la pobreza extrema y a la inflación en alimentos, mostró este martes 6 un informe de tres agencias de las Naciones Unidas.
La variación de los precios de los alimentos “tiene un impacto negativo e inevitable en los medios de vida, principalmente de la población rural, y en el acceso a una dieta saludable”, expuso Mario Lubetkin, representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El índice anualizado de precios de los alimentos a nivel regional alcanzó 11,7 % en septiembre de 2022, frente a 7,1 % en el caso de la inflación general, según la FAO, que elaboró el estudio junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Junto con la inflación, en la inseguridad alimentaria y el hambre pesa el tamaño de la pobreza, que la Cepal estima para este año en 81,8 millones de personas en la región, de las cuales 55,7 millones viven en áreas urbanas y 26,1 millones en zonas rurales.
Para el conjunto de la región, con datos de 16 países, en 2022 la incidencia de la pobreza extrema sería de 21,9 % en las zonas rurales –no siempre el alza en los precios de los alimentos beneficia a los agricultores, en particular no siempre a la agricultura familiar-, mientras que en las zonas urbanas sería de 11 %.
En 2021, la inseguridad alimentaria moderada o grave afectó a 267,7 millones de personas en la región (62,5 millones más que en 2019), es decir, a 40,6 % de la población, cifra mucho más alta que el promedio mundial (29,3 %).
En cuanto a la inseguridad alimentaria grave (no se consumen alimentos durante un día o más varias veces en un año), su prevalencia en la región en 2021 fue de 14,2 %, casi el doble del valor registrado en 2014, que fue de 7,5 %, y el mayor incremento, de 2,9 puntos, se registró entre 2019 y 2020, en el contexto de la pandemia.
América del Sur es la subregión en que se han producido los mayores aumentos de la inseguridad alimentaria dentro de la región, indicó el informe titulado “Hacia una seguridad alimentaria y nutricional sostenible en América Latina y el Caribe en respuesta a la crisis alimentaria mundial”.
El documento de las tres agencias de la ONU llama a fortalecer la producción agrícola y los sistemas de protección social, y extender su alcance en el área rural, para responder al triple desafío de combatir la inseguridad alimentaria, el aumento de la pobreza extrema, y apoyar la producción de alimentos en la región.
Ello tras advertir que la guerra en Ucrania y las crisis sucesivas a nivel internacional, tanto económicas como de salud, comprometen el acceso de América Latina y el Caribe a los alimentos y a insumos claves para la agricultura regional.
Se indica que el conflicto bélico en Ucrania ha afectado directamente el comercio internacional de petróleo crudo, gas natural, cereales, fertilizantes y metales, y los precios más altos de la energía y los alimentos son parte de los factores que han llevado a una revisión del crecimiento global a la baja en 2022.
Se prevé que la economía mundial crezca 3,1 % este año, 1,3 puntos porcentuales menos que lo pronosticado antes del estallido de la guerra, mientras que la región de América Latina y el Caribe se expandirá 3,2 % este año, pero se desacelerará notoriamente hasta 1,4 % en 2023, según la Cepal.
“A pesar de contar con un importante superávit comercial agropecuario, América Latina y el Caribe está expuesta a los problemas de producción y comercialización y a las alzas de precios derivados de la guerra en Ucrania”, indicó José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.
Subrayó que “las alzas de los precios internacionales de los alimentos e insumos afectan tanto a los países exportadores como a los importadores netos. Además, la región importa más de 80 % de los fertilizantes utilizados en la agricultura”.
En cuanto a recomendaciones, el estudio indica que se debe reforzar el papel activo que los sistemas de protección social, incluyendo a los programas nacionales de alimentación escolar, desempeñaron durante la fase más crítica de la pandemia.
Lola Castro, directora regional del PMA, destacó que en el escenario regional “la pobreza multidimensional está cada vez más vinculada a la inseguridad alimentaria y nutricional, y diferentes crisis se suman a inequidades estructurales profundas”.
Por ello, “los sistemas de protección social, incluyendo a la alimentación escolar, juegan un papel fundamental en mitigar la vulnerabilidad de las personas antes, durante y después de las crisis”, agregó.
El documento, divulgado en esta capital, también recomienda garantizar el acceso de los pequeños productores a los fertilizantes y biofertilizantes, como una medida necesaria y válida si se focaliza en los agricultores que más lo necesitan y se condiciona a la sostenibilidad de la actividad agropecuaria.
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