LONDRES – Durante unos días en mayo, Francesca Albanese pudo respirar un poco más tranquila. El 13 de mayo, un juez federal de Estados Unidos dictaminó que las sanciones que la administración de Donald Trump le había impuesto violaban su derecho a la libertad de expresión. El gobierno se vio obligado a retirar a la relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados de su lista de sanciones. Pero el respiro duró apenas una semana. El 27 de mayo, después de que un tribunal de apelación suspendiera la sentencia, el Departamento del Tesoro restableció las sanciones.
Esas sanciones han sido severas. Debido al papel dominante que desempeñan las instituciones estadounidenses en las transacciones financieras internacionales, Albanese ya no puede utilizar tarjetas de crédito ni de débito. Su apartamento en Washington ha sido embargado, mientras que la Universidad de Georgetown puso fin a su afiliación como investigadora. Su delito es denunciar el genocidio de Israel en Gaza y las políticas de ocupación que lo precedieron.
Ciudadana italiana con formación jurídica, Albanese fue nombrada en 2022 y comenzó su último mandato en 2025. Se ha mostrado constantemente crítica con la ocupación israelí de los territorios palestinos. En 2024, presentó su informe Anatomía de un genocidio ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El informe encontró motivos razonables para concluir que Israel estaba cometiendo actos genocidas en Gaza y pidió un embargo de armas. Su informe de 2025, De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, expuso la complicidad de las grandes empresas en las atrocidades contra los derechos humanos cometidas por Israel.
Las demandas de justicia de Albanese han provocado una feroz reacción por parte de Israel y sus aliados. Israel pidió que fuera destituida de su cargo y le prohibió visitar Israel y Palestina. La administración Trump siguió su ejemplo al pedir su destitución. Cuando impuso sanciones a Albanese el pasado mes de julio, fue la primera vez que estas se aplicaban contra una experta independiente en derechos humanos de la ONU.
Sanciones politizadas
Albanese no es el único objetivo. Los Estados democráticos llevan mucho tiempo aplicando sanciones contra dictadores, terroristas y violadores de los derechos humanos, pero la administración Trump las utiliza cada vez más como arma contra quienes defienden los derechos humanos.
Este mes, Israel recibió una condena internacional generalizada por sus acciones contra la Flotilla Global Sumud, una iniciativa liderada por la sociedad civil para desafiar el bloqueo de Israel a la ayuda destinada a Gaza y llevar suministros humanitarios vitales por mar.
Israel interceptó los barcos en aguas internacionales, secuestró a quienes iban a bordo y los sometió a abusos repugnantes. Cuando el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben-Gvir, publicó un vídeo en el que se burlaba de los activistas secuestrados, Estados democráticos como Canadá, Italia y el Reino Unido deploraron su comportamiento, y Francia y Polonia le prohibieron la entrada en sus países.
Pero el gobierno estadounidense ha hecho lo contrario, imponiendo sanciones a cuatro activistas implicados en la organización de la flotilla. La politización de las sanciones es evidente, dado que una de las primeras medidas de Trump al volver a la presidencia fue levantar las sanciones a los colonos israelíes violentos de Cisjordania.
La Corte Penal Internacional (CPI) también es un objetivo. El año pasado, la administración Trump sancionó a nueve funcionarios de la CPI. Las medidas se produjeron después de que la CPI emitiera órdenes de detención por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, y en represalia por la investigación de la corte sobre posibles crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán.
Trump sancionó a dos funcionarios de la CPI durante su primer mandato (2017-2021) y ha atacado repetidamente a la CPI; el año pasado se informó de que su administración amenazaba con nuevas sanciones para intentar forzar revisiones del tratado fundacional de la corte, el Estatuto de Roma, con el fin de impedir explícitamente que tuviera jurisdicción sobre Estados no miembros como Estados Unidos.
Al inicio de su segundo mandato, en enero de 2025, emitió una orden ejecutiva amenazando con sanciones a cualquiera que participara en las investigaciones de la CPI. Esta orden de amplio alcance permitió las sanciones contra Albanese.
Trump también ha utilizado las sanciones como arma para bloquear la acción climática. El año pasado, la Organización Marítima Internacional estaba a punto de cerrar un acuerdo para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte marítimo. En el último momento, la adopción de las nuevas normas se pospuso cuando Trump amenazó con sanciones a los Estados que apoyaran las restricciones de emisiones.
Efecto intimidatorio
Más allá de sus efectos inmediatos, las sanciones ayudan a los Estados represivos a difamar a los defensores de los derechos humanos tachándolos de criminales y terroristas. Para Albanese, las sanciones forman parte de una campaña más amplia para restringir su derecho a expresarse. Ha recibido amenazas de muerte, que también se han dirigido contra su hija.
Se observa un efecto intimidatorio más amplio sobre la sociedad civil. La preocupación por ser sancionados por violar las sanciones llevó a dos grupos de derechos humanos con sede en Estados Unidos a retirarse de la reunión anual de la CIP el año pasado.
Para la administración Trump, las sanciones forman parte de un ataque más amplio contra los derechos de las personas y las instituciones a exigir justicia por las numerosas violaciones de derechos humanos de Israel. Se han sumado a la violencia contra las protestas en Estados Unidos en solidaridad con Palestina, las deportaciones de activistas y las amenazas de expulsar a los jóvenes de la universidad y retirar la financiación a las instituciones educativas.
El uso indebido de las sanciones también forma parte de un ataque más amplio contra las instituciones y las normas de la gobernanza global.
Al mismo tiempo que la administración Trump está tergiversando las normas internacionales sobre cómo se utilizan las sanciones y a quiénes se aplican, también está eligiendo en qué organizaciones participar y qué normas seguir en función de lo que considera el interés nacional de Estados Unidos, y arremetiendo contra los organismos y procesos internacionales que someten a escrutinio los derechos humanos.
Una sola resolución, ahora suspendida, nunca iba a ser suficiente contra el creciente uso que hace la administración Trump de las sanciones como herramienta para intentar silenciar a la gente.
Los Estados democráticos que condenaron los abusos de Israel contra los activistas de la flotilla deben mostrar la misma determinación cuando el Estado más poderoso del mundo dirige sanciones contra personas cuya única ofensa es insistir en que los derechos humanos se aplican en todas partes, incluso en Gaza.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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