RÍO DE JANEIRO – La detención del exministro Milton Ribeiro por sospecha de corrupción alumbró el deterioro de la educación en Brasil, pero es solo un síntoma, no el corazón de la crisis fomentada por el actual gobierno de ultraderecha y agravada por la pandemia de covid-19.
Titular del Ministerio de la Educación durante 20 meses, Ribeiro renunció el 28 de marzo, 10 días después de la divulgación por el diario O Estado de São Paulo de un “gabinete paralelo” que manejaría las relaciones de su despacho con alcaldes, cobrando sobornos para liberar fondos.
La Policía Federal y el Ministerio Público (fiscalía) concluyeron, tras tres meses de investigación, que hay indicios suficientes para pedir la prisión del exministro en esas actividades ilegales junto con otros cuatro presuntos involucrados, dos de ellos pastores evangélicos sin vínculos formales con el ministerio.
Un juez acogió el pedido y ordenó la detención preventiva de los cinco el 22 de junio, pero un juez de apelación anuló la decisión el día siguiente, por considerar que fuera del gobierno los sospechosos ya no pueden obstruir la justicia ni destruir pruebas de los posibles delitos.
El caso refleja un problema central: “la supeditación de la política educacional a intereses ultraconservadores y privatistas”, evaluó Denise Carreira, doctora en Educación y coordinadora institucional de Acción Educativa, una organización no gubernamental con base en la sureña ciudad de São Paulo.
La pandemia agravó todo, pero la crisis educativa viene de antes y es parte de la crisis más amplia, económica, social y ambiental, bajo gobiernos que priorizan el ajuste fiscal, en desmedro de políticas sociales, ambientales y de los derechos humanos, sostuvo.
Ataques del gobierno
“En la educación la situación es dramática, por tratarse de la política social más capilar y cotidiana, con impactos variados, más allá de los daños al aprendizaje de los alumnos. La escuela facilita el acceso a otras políticas sociales, como la alimentación escolar, la prevención de la violencia doméstica, la socialización y ayuda a la salud mental”, acotó.
El gobierno de extrema derecha presidido por Jair Bolsonaro ataca la educación en tres frentes, según Carreira.
El primero es la reducción del presupuesto, tanto de la enseñanza básica y media como de la superior.
Los datos oficiales indican que los gastos nacionales en educación, en términos reales, es decir corregidos por la inflación, cayeron 22,1 % de 2016 a 2021, según el monitoreo de consultores de la Cámara de Diputados de abril.
“Una segunda línea de ataque trata de imponer una pauta de costumbres a la enseñanza, basada en un fundamentalismo religioso, que intenta obstaculizar la democracia y temas como género y educación sexual”, destacó la activista a IPS, por teléfono desde São Paulo.
“En la educación la situación es dramática, por tratarse de la política social más capilar y cotidiana, con impactos variados, más allá de los daños al aprendizaje de los alumnos. La escuela facilita el acceso a otras políticas sociales, como la alimentación escolar, la prevención de la violencia doméstica, la socialización y ayuda a la salud mental”: Denise Carreira.
La “escuela sin partidos”, un movimiento impulsado por la extrema derecha de combate a lo que considera el dominio de las escuelas por izquierdistas, “comunistas” según los más radicales, se hizo prioritaria para el gobierno.
Igualmente se priorizaron las escuelas cívico-militares, codirigidas por militares o policías militares, y la enseñanza en el domicilio.
El “tercer eje de ataques” tiene como blanco el Plan Nacional de Educación (PNE), “aprobado en 2014 en un amplio debate nacional, como un instrumento de gestión pública”, apuntó Carreira.
EL PNE fijó 20 metas, entre las cuales universalizar la enseñanza fundamental (primaria, de nueve años), con por lo menos 95 % de los alumnos concluyéndola en la “edad correcta”, los14 años, e igualar la escolaridad entre negros y blancos para 2024.
En 2020 los blancos tenían 12,4 años de escolaridad, 1,3 años más que los negros, según las estadísticas oficiales, en este país de 214 millones de habitantes, de los cuales la mayoría, 56 % son afrodescendientes. Del total de la población, 46,7 % son estudiantes en alguno de los niveles educativos, de acuerdo al censo de 2021.
El actual gobierno no solo ignoró el plan, sino que somete la enseñanza a “intereses de grupos privados” y proyectos autoritarios, según la coordinadora institucional de Acción Educativa.
Religión domina el Ministerio
Los ministros de Educación nombrados por Bolsonaro, desde su toma de posesión el primer día de 2019, son “religiosos o autoritarios”, recordó.
El primero, Ricardo Vélez Rodríguez, evangélico ultraconservador y teólogo colombiano naturalizado brasileño, permaneció solo tres meses en el cargo. Intentó imponer que los alumnos cantasen el himno nacional y fuesen filmados para el control del ministerio.
El segundo, el economista Abraham Weintraub, permaneció 14 meses en puesto, y tuvo que renunciar tras frecuentes peleas con las universidades, que consideraba centros de “alboroto” y a las que sometió a duros recortes presupuestarios.
El tercer ministro nombrado por Bolsonaro, también economista, Carlos Alberto Decotelli ni tan siquiera tomó posesión, porque se descubrieron falsedades en su currículo, un doctorado no concluido y un posdoctorado inexistente.
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Ribeiro fue el cuarto y elegido para el ministerio, debido a su religiosidad evangélica, una confesión cuyas iglesias apoyaron decididamente el ascenso al poder de Bolsonaro.
Pecó por omisión durante la pandemia, sin acciones o orientaciones para las escuelas en duda sobre reanudar las clases presenciales. La pérdida de buena parte del presupuesto provocó renuncias colectivas de dirigentes en varios órganos del ministerio.
El escándalo del “gabinete paralelo” desnudó una gestión desastrosa.
Aparentemente los dos pastores evangélicos asumieron en poder de decisión sobre parte del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE), uno de los más abultados en el gobierno, que financia desde la alimentación y el transporte escolar a investigaciones y la construcción de escuelas y su infraestructura.
Daños electorales
Las investigaciones policiales amenazan arruinar más aún las escasas posibilidades de reelección de Bolsonaro en octubre. Declaraciones del exministro Ribeiro y escuchas telefónicas despertaron sospechas de que el presidente respaldó la denunciada actuación ilegal de los pastores y trata ahora de dificultar la acción policial y judicial en el caso.
La oposición intenta crear una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el asunto en el Senado. Seria políticamente letal para Bolsonaro si se repite la repercusión que tuvo la comisión que escudriñó sobre la mala gestión del Ministerio de la Salud de la pandemia, el año pasado.
El gran pecado del gobierno de Bolsonaro es que interrumpió los avances que venia alcanzando la educación en Brasil desde los años 90, resumió Olavo Nogueira Filho, director ejecutivo de Todos por la Educación, otra organización no gubernamental con sede en São Paulo, que busca mejorar la calidad de la enseñanza básica.
Solo 25 % de los alumnos del quinto año de la primaria presentaban aprendizaje adecuado en 2001, un índice que subió a 60 % en 2019, ejemplificó. La desigualdad siguió siendo inmensa, los ricos de las escuelas privadas alcanzaron 85 %, mientras los más pobres se limitaron a 20 %, matizó.
Nogueira apuntó cuatro factores negativos en la actual gestión. Primero, las escuelas quedaron cerradas por casi dos años a causa de la pandemia, un exceso con “impactos brutales”. La deserción escolar entre los alumnos de cinco a nueve años saltó de 1,41 % en 2019 a 5,51 % en 2020 y 4,25 % en 2021.
“El segundo es el ‘diversionismo (dar relevancia a temas extraeducativos)’, como priorizar el combate al comunismo y buscar enemigos, usar la educación como instrumento de guerra cultural”, añadió a IPS, por teléfono desde São Paulo.
Luego, la truculencia, especialmente del ministro Weintraub, inviabilizó la articulación de un proyecto nacional de educación durante la crisis pandémica. Y por último, la “incapacidad de gestión, sin que el ministerio siquiera lograse ejecutar el presupuesto disponible”, culminando con “la omisión total del ministro Ribeiro” y la corrupción, lamentó Nogueira.
ED: EG
