LA HABANA – Julia Fis anhela el momento de recibir las llaves de una vivienda confortable, similar a las 18 que ayuda a levantar en la comunidad El Comodoro del periférico barrio de La Güinera, en esta capital cubana.
Fis, quien por ahora reside con uno de sus dos hijos en una casa rústica en Managua, próxima al límite sur de La Habana, integra la brigada constructora que semanas atrás recibió una inyección de materiales para concluir el bloque de biplantas, iniciadas hace dos años, en una de las zonas catalogadas de desfavorecidas en la ciudad, donde viven 2,2 millones de personas.
“Llevo 23 años esperando por un hogar digno. Estoy en un listado para la asignación de una vivienda, pero por uno u otro motivo, mi caso se ha ido postergando, lo cual he informado mediante cartas a instancias superiores (del gobierno central)”, contó Fis a IPS durante un recorrido por el lugar.
Durante las últimas semanas, 62 barrios capitalinos identificados con los problemas sociales más complejos, comenzaron a recibir el respaldo de ministerios e instituciones gubernamentales para solucionar algunas necesidades básicas.
Tales acciones no son nuevas en un país con un sistema político declarado socialista, con programas para el amparo de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, y con protecciones sociales relacionadas con el acceso universal y gratuito a servicios como la educación y salud pública.
“¿Y por qué esto que hicimos ahora no lo hicimos hace años? Porque estábamos en un letargo… en un inmovilismo y tenemos que reconocerlo”: Miguel Díaz-Canel.
Pero las protestas del 11 de julio en unas 40 ciudades y localidades de este país insular caribeño de 11,2 millones de habitantes, evidenciaron algunos de los efectos derivados del aumento de desigualdades sociales, indican analistas.
El gobierno ha atribuido las manifestaciones a una “intensa operación político-comunicacional financiada por el gobierno de los Estados Unidos”, dirigida a “alentar disturbios e inestabilidad en el país”, dentro de un esquema de guerra no convencional.
Politólogos consultados por IPS argumentan que el descontento mostrado por un sector de la ciudadanía exteriorizó el agobio por el desabastecimiento de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad, y la existencia de comercios que venden algunos de dichos productos en divisas extranjeras, pero a los cuales una parte significativa no accede.
La estrategia de reordenamiento económico iniciada el primero de enero, si bien incluyó el aumento de salarios y pensiones y subsidios estatales para personas vulnerables, a su vez provocó un aumento de los precios y una elevada inflación que han reducido el poder adquisitivo de numerosas familias.
A tal panorama se suma el embargo de Washington, vigente desde 1962, fortalecido con más de dos centenares de medidas durante la administración del expresidente Donald Trump (2017- ene 2021), y cuyo impacto extraterritorial complica el acceso a créditos, inversión extranjera directa y préstamos de los principales organismos financieros internacionales.
Brechas
Desde hace tres décadas, la isla padece una crisis estructural de su centralizada economía, con bajos ritmos de crecimiento que impactan de forma negativa en los planes de desarrollo.
Cuba carece de estadísticas actualizadas que expresen cómo han influido tales factores en el Índice de Línea de Pobreza, lo cual dificulta la medición de los fenómenos de vulnerabilidad y marginación, han hecho notar cientistas sociales.
No obstante, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), una herramienta de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ubicaron la tasa en 0,15 por ciento en la población cubana en 2017.
El IPM considera tres dimensiones del bienestar -salud, educación y nivel de vida- cada una con indicadores sobre bienes y servicios tangibles, más allá de la dimensión monetaria de la pobreza.
Estudios sistematizados por la investigadora cubana María del Carmen Zabala en el periodo 2008-2018 destacan las desventajas de algunos territorios, como los ubicados en la región oriental, en zonas rurales y en barrios sin servicios básicos de La Habana.
Para Zabala, los elementos esenciales que configuran la condición de pobreza y vulnerabilidad en el contexto cubano son la insuficiencia de ingresos y otros activos, fundamentalmente la vivienda, tanto por el déficit habitacional como por su deterioro progresivo.
Al término de 2020, Cuba contaba con 3 946 747 viviendas de las cuales 37 por ciento se reportaban en regular y en mal estado técnico, junto con un déficit habitacional de casi 863 000 inmuebles, precisan datos oficiales.
Denisse Hernández, residente en Diez de Octubre, el más poblado de los 15 municipios habaneros, dialogó con IPS sobre la renovación de entidades públicas en su entorno, como un comercio y un mercado de productos agropecuarios.
Pero opinó que “estas acciones no resultan muy significativas frente a la profunda y extensa labor de reconstrucción que necesita, por ejemplo, la calzada de Diez de Octubre donde se ubican casas centenarias muy deterioradas, ni son quizás los sitios donde más urgía una reparación, como la antigua heladería del paradero de La Víbora o las propias calles”.
De todas maneras, valoró Hernández, “siempre es positivo para la comunidad que se remoce algo, aunque aún quede tanto por hacer”.
Contar con la comunidad
Además de la vivienda, la estrategia gubernamental se enfoca en la solución de otros problemas como el suministro de agua potable, la recogida de la basura, asfaltado de viales, reparación de redes sanitarias, así como la creación de espacios para acercar servicios a las zonas más distantes de los núcleos centrales de La Habana.
También propone que jóvenes desvinculados vuelvan a estudiar o dispongan de un empleo.
Entre otros conceptos, el plan exhorta a identificar las necesidades más urgentes de cada lugar, involucrar a las personas en las transformaciones, y respaldar proyectos comunitarios, algunos con larga experiencia en el trabajo con los barrios sin apoyo institucional.
“¿Y por qué esto que hicimos ahora no lo hicimos hace años? Porque estábamos en un letargo… en un inmovilismo y tenemos que reconocerlo”, sostuvo el presidente Miguel Díaz-Canel el 1 de octubre durante una reunión con los presidentes de los gobiernos de los 168 municipios del país, así como los gobernadores y secretarios del Partido Comunista (el único legal interno) de las 15 provincias.
El mandatario, quien recorrió recientemente barriadas capitalinas, ha exhortado al acompañamiento de centros de ciencias sociales en este proceso.
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Equipos multidisciplinarios del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) y el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), con sede en La Habana, han dialogado con ciudadanos, líderes comunitarios, organizaciones sociales y funcionarios en el barrio de La Timba, en el municipio de Plaza de la Revolución.
“Hemos encontrado urgencias relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida, habitabilidad y servicios públicos”, dijo a IPS el investigador social Ovidio D´Angelo, integrante del equipo de trabajo del CIPS.
A su juicio, las principales políticas públicas deben enfocarse en “la atención prioritaria de condiciones materiales y espirituales de estas zonas de vulnerabilidad social; formación de capacidades en líderes barriales y grupos de trabajo comunitario para el impulso de programas y proyectos, con inserción de jóvenes, con perspectiva de género y condición social”.
Asimismo, agregó D´Angelo, urgen “profundos cambios en los estilos de la comunicación social y de diálogo multiactoral sistemático para la toma de decisiones con todos los niveles de gobiernos; además del desarrollo de mecanismos de participación ciudadana vinculante y de control popular, entre otros”.
Los delegados (concejales), electos cada cinco años por las comunidades, resultan una figura clave en la comunicación entre los barrios y las estructuras de gobierno, pero su labor se ve lastrada por la falta de recursos y de poder efectivo para concretar soluciones, reconocen ciudadanos y expertos.
Desde 2019, el país dispone de un programa para la entrega de viviendas o subsidios para su mejora, a madres con tres o más hijos menores de 17 años.
Hasta el momento recibieron atención 5700 de las más de 28 600 identificadas en todo el país, indica la información oficial.
ED: EG
